Opinion | 09 Mar Una nueva señal de alarma --de las tantas que se han registrado en los últimos meses fundamentalmente-- sobre desequilibrios en la economía del país la han dado índices de inflación de los dos primeros meses del año, que superan el 4 por ciento y que por lo tanto no solo han consumido buena parte de los incrementos salariales y de pasividades, sino que superan la mitad del valor de referencia inflacionaria del Banco Central para todo el año.
Precisamente voceros del Ministerio de Economía y Finanzas han señalado que sus técnicos están analizando eventuales medidas a adoptar como paliativo para el rebrote inflacionario, sobre todo en lo que refiere a los artículos de consumo básico, apuntando a poner énfasis en que se trata de elementos de orden coyuntural que empujan los precios al alza, y que una vez superado el trance, la inflación se moderará.
El punto es que de un análisis objetivo del escenario surge que en el rebrote inflacionario, que se viene manifestando ya desde hace tiempo pero que se ha agudizado en este verano, intervienen tanto factores coyunturales como estructurales y estos últimos son el piso que hace que resulte muy difícil quedar ni siquiera cerca de los porcentajes de referencia del Banco Central, al punto que ya nadie tome los en cuenta, ni siquiera los sindicatos afines al gobierno como guía para los reclamos salariales.
Básicamente el empuje inflacionario tiene como explicación en principio los excesos hídricos que afectaron cultivos, la suba del dólar, los aumentos de tarifas públicas y el desfasaje entre los incrementos salariales semestrales a comienzos del año pasado y anuales este año, con porcentajes de recuperación que naturalmente incluyen traslado de costos a las empresas y al gasto estatal.
Pero estos aspectos son al fin de cuentas elementos marginales y puntuales que agudizan el alto nivel del piso inflacionario estructural que tiene el Uruguay, y que lejos de comenzar a revertirse con los dos gobiernos del Frente Amplio, se han agudizado, porque se ha priorizado seguir aumentando el gasto público por encima de la mejora en la recaudación, en lugar de racionalizarlo y buscar atenuar el impacto fiscal sobre los sectores reales de la economía, los formadores de precios, y el propio consumidor.
No puede obviarse que más allá de la coyuntura internacional, el componente principal es de origen interno, porque por ejemplo los precios que más suben son los de aquellos bienes y servicios que se producen en el Uruguay y que no salen a venderse al exterior, caso de servicios de salud y educación, alquileres, transporte, sin olvidar que tenemos como siempre los combustibles y la energía eléctrica más cara de la región.
Según cálculos efectuados por los técnicos de la Unidad de Análisis Económico de El Observador, ese conjunto de bienes y servicios sube actualmente a una tasa de 19,8 por ciento, pero ya desde diciembre de 2011 este piso se mantiene en el entorno del 10 por ciento, originado en una demanda sostenida de consumidores pero sobre todo por un incremento incesante de los costos empresariales.
No puede extrañar que ante la alternativa de dejar de tener rentabilidad y hasta números en rojo, ante cada suba salarial los empresarios han debido optar por trasladar estos costos adicionales a los precios, desde que las demás variables tales como las tarifas de servicios públicos y energía o la presión fiscal, sólo tienden a incrementarse, porque el Estado necesita cada vez más recursos para su “proyecto de país”, sin importar cuál sea la situación del sector privado.
Y como todavía no se ha podido llegar a recrear el milagro bíblico de la multiplicación de los panes y de los peces, y como no hay almuerzos gratis, se echa a andar la rueda del reajuste y reacomodamiento de precios que realimentan la inflación, que en los dos primeros meses del año ha llegado al 4,14 por ciento y que anualizada se sitúa en el 9,82 por ciento.
Tampoco debe obviarse que durante largo tiempo el dólar depreciado que ha abaratado los bienes importados, condiciones climáticas favorables y tarifas más o menos contenidas han permitido situar la inflación en el entorno del 8 por ciento, además de “toqueteos” como el premio de UTE en diciembre para reducir el IPC y acuerdos temporales con los supermercados.
Pero estas medidas son pan para hoy y hambre para mañana, y lo que no se cobró antes se cobra doblemente después, por acumulación, como se ha observado en estos meses de enero y febrero.
Cuando el dólar empezó a subir durante el año pasado, hubo además un factor adicional de carácter inflacionario, sumado al déficit fiscal del orden del 2,1 por ciento, que dejó poco margen de maniobra en las cuentas públicas, y este escenario se arrastra hasta hoy con el agravante de que estamos en año electoral, con todo lo que ello significa en cuanto a la disparada del gasto público para mantener cautivo a determinado electorado muy sensible a políticas populistas. Ello indica que ya se ha perdido el tren este año para las respuestas estructurales que necesita el país, fundamentalmente la contención y racionalización del gasto público, además de promover una productividad que los sindicatos no quieren, de modo de abaratar el costo unitario de bienes y servicios, por lo que solo cabe esperar para lo que queda de 2014, medidas paliativas para seguir tirando la pelota para adelante, y esperar que la tormenta pase.