Opinion | 11 Mar La reciente decisión de Argentina de revocar la habilitación al embarcadero de la Isla la Paloma (que se usaba para las barcazas que venían de Paraguay rumbo al puerto de Nueva Palmira) “es preocupante” porque “cualquier cambio en las reglas de un día para otro es malo”, evaluó el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), ingeniero Alberto Díaz, en declaraciones al programa En Perspectiva, de radio El Espectador.
Lamentablemente, esta decisión de las autoridades portuarias --pero naturalmente dependientes en decisiones políticas del gobierno argentino-- introduce un nuevo elemento de distorsión y afectación de las relaciones bilaterales, aunque en este caso las trasciende para también afectar la logística paraguaya en cuanto a la salida de su producción a ultramar.
Es que mientras el Gobierno intentaba avanzar en la solución de varios problemas pendientes en la agenda con Argentina, se conoció esta decisión de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de ese país que agrega nuevas complicaciones a la actividad portuaria nacional.
El embarcadero ubicado en la Isla la Paloma, del lado argentino del río Uruguay, era utilizado hasta ahora por las barcazas que, cargadas con granos procedentes de Paraguay, amarraban allí a la espera del acceso al puerto de Nueva Palmira, pero indudablemente no estamos ante una resolución aislada, sino que se suma a otras tomadas últimamente por Argentina y que impactan negativamente en los intereses portuarios uruguayos.
En este caso pega específicamente en esa terminal fluvial y podría afectar sus ventajas para la recepción de las cargas que bajan a través de la Hidrovía.
Ahora, no debe soslayarse que el contar con este embarcadero del lado argentino durante todos estos años ha sido un factor de vulnerabilidad y de riesgo latente, teniendo en cuenta las peripecias que hemos vivido por decisiones de Buenos Aires que han torpedeado la relación bilateral, y una de las últimas ha sido la prohibición de trasbordo de cargas argentinas en puertos uruguayos, que siguió a la vez a la medida de reducir el número de barcazas en los convoyes que bajan por la Hidrovía Paraguay-Paraná.
Pero, ante hechos consumados, en las últimas horas el Gobierno se abocó al diseño de alternativas que permitan paliar la situación, y ayer precisamente se reunían las autoridades de la Cancillería, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Administración Nacional de Puertos para analizar la nueva medida que perjudica la operativa del puerto de Nueva Palmira.
El titular de ANP, Alberto Díaz, expresó a En Perspectiva que al conocer la decisión argentina “nos comunicamos inmediatamente con el ministro de Transporte, Enrique Pintado, y con el canciller Luis Almagro y nos vamos a reunir para saber más del tema y analizar alternativas”.
Reflexionó Díaz el hecho de “que Argentina quiere manejar la carga paraguaya, no hay dudas”, pero “nosotros también queremos manejarla y los paraguayos quieren que le manejemos su carga. Ya no hay dudas de que se precisa infraestructura, hacer amarraderos de barcazas no es complejo pero hay que tener resuelta la logística para abastecer a las terminales”, sostuvo.
Mientras se resuelven estos aspectos, “en el corto plazo pensamos usar el amarradero de la ANP para ponerlo al servicio de los puertos vecinos; es un ofrecimiento”, explicó Díaz.
Manifestó que en la resolución las autoridades argentinas argumentan su decisión en “los incumplimientos de la empresa y revocan la habilitación por incumplimiento en el plan de inversiones y de seguridad en el amarradero. Ahora nuestro sector privado está hablando con los dueños de los amarraderos y también van a hacer sus descargos”, sentenció.
Pero más allá de que se trate de una maniobra solapada o no, y que se preste a interpretaciones --con muy buena voluntad y hasta ingenuidad-- la dirección inequívoca de estas decisiones es defender a capa y espada la posición argentina en la región, en estos casos a costa de los puertos uruguayos. No se trata de ponernos en víctimas un día sí y otro también, sino en realmente independizarnos en todo lo que sea posible de la infraestructura fluvial de la vecina orilla, dentro de las normas y los acuerdos bilaterales, naturalmente, porque hay demasiados avatares sucesivos como para considerar que se trate de hechos aislados, y si no nos valemos por nosotros mismos, no podemos luego lamentarnos por no haber hecho lo que debimos hacer cuando teníamos la oportunidad.