MÁS BACHELET ¿ES SUFICIENTE?

Locales | 14 Mar (Por Horacio R. Brum). La luna de miel tiene una fecha precisa de término: 22 de marzo. Once días después de la asunción del mando de una Michelle Bachelet que ha prometido cambiar lo que no cambió en su gobierno anterior, un amplio conjunto de organizaciones sociales, que incluye desde la Sociedad Atea de Chile hasta el Movimiento de Liberación Homosexual, pasando por los ambientalistas y los estudiantes, tratará de realizar una manifestación en el centro de la capital chilena, bajo el nombre de “La Marcha de todas las Marchas”.
En un país donde nadie puede protestar en las calles sin el permiso oficial, esta será la primera prueba para las intenciones declaradas por la retornada presidenta, de ampliar y profundizar la democracia. Chilenos al fin en su respeto por las formas, los organizadores de “La Marcha de todas las Marchas” ya cumplieron con el trámite de solicitar la autorización y comunicar el recorrido. Hasta ahora, la alternativa a no cumplir con ese requisito, por más pacífica que sea la ocupación de las calles, es una represión policial propia de otros tiempos, y las autoridades se reservan siempre el derecho de negar el permiso o cambiar la ruta. Marzo es un mes en el cual muchos ciudadanos comunes y corrientes querrán cobrar a Bachelet las promesas de campaña, en ámbitos como la economía o la educación. Debido a lo que hay que pagar para que los hijos comiencen la escuela o la universidad, el presupuesto de una familia de clase media con cuatro integrantes, que normalmente necesita un ingreso mínimo de 1.000 a 1.500 dólares para no caer en la pobreza, aumenta 40%. Si se trata de los escolares, hay que pagar los uniformes (la ley dice que su uso no es obligatorio, pero hasta las escuelas públicas los exigen), los textos, la matrícula en los establecimientos privados o la “contribución al centro de padres” en los públicos y una canasta escolar de numerosos artículos que piden las instituciones, cuyo variado contenido hizo que este año el Ministerio de Educación emitiera una circular para prohibir que se obligue a los alumnos llevar rollos de papel higiénico. En cuanto a los universitarios, la matrícula de ingreso y la cuota mensual dan el principal golpe a las cuentas familiares. Michelle Bachelet prometió una educación genuinamente gratuita en todos los niveles, pero al parecer no intentará recuperar los cuantiosos recursos que el Estado entrega anualmente a las instituciones privadas, sino darles más, para que, al menos en los colegios, no cobren a los alumnos. Entre subvenciones, becas y créditos para matrículas, las universidades y las escuelas privadas reciben anualmente unos 6.000 millones de dólares del presupuesto nacional; en la educación primaria y secundaria, ese aporte supera en casi 1.000 millones a lo que se entrega a los establecimientos públicos y está sujeto a menores controles. Ya desde el tiempo de su candidatura, las intenciones de la actual jefa del Ejecutivo hicieron sonar las campanas de alarma en el negocio de la enseñanza privada, que reúne como propietarios de escuelas y universidades a figuras de todo el espectro político. El principal operador político de la Democracia Cristiana, uno de los partidos importantes de la coalición que comienza a gobernar, es dueño de una universidad y Mariana Aylwin, exministra de Educación e hija del primer presidente de la democracia, Patricio Aylwin, tiene intereses en una sociedad propietaria de escuelas. Incluso, una de las bajas que se produjeron en el equipo ministerial de Bachelet antes de asumir fue la subsecretaria nominada de Educación, por sus declaraciones en contra de la gratuidad.
La distribución del ingreso es otro tema que pondrá a prueba la capacidad reformista del nuevo gobierno. La prosperidad que el turista desprevenido cree ver en los chilenos se basa en el endeudamiento: según el Ministerio de Desarrollo Social, el 45% de los trabajadores tiene deudas y éstas se llevan hasta la mitad del ingreso mensual del 20% más pobre, cuyo sueldo promedio no supera los 300 dólares. En el otro extremo, cuatro familias, dos de las cuales poseen negocios en la industria forestal y de la celulosa uruguaya, manejan la quinta parte de los recursos económicos del país.
La solución de Michelle Bachelet es una reforma tributaria, con el concepto básico y común en los países desarrollados de que quienes tienen más, paguen más. Sin embargo, ya los sectores empresariales han comenzado a formular advertencias sobre los riesgos de modificar “el modelo” económico y el propio presidente de Democracia Cristiana rechazó las propuestas para cambios de fondo hechas por un grupo de asesores de la presidenta, comparándolas con las “visiones ideológicas totalizantes y excluyentes” que llevaron al golpe de Estado y la dictadura. El presidente del Senado, perteneciente al mismo partido, afirmó que “no podemos ser simplemente un buzón del Ejecutivo”, en referencia al respaldo que, como integrantes de la alianza gobernante, deberían dar a los proyectos de ley enviados desde el palacio de La Moneda. Estos son apenas algunos ejemplos de las situaciones en las que Michelle Bachelet deberá moverse con gran habilidad política, entre las expectativas populares y las maniobras de los interesados en que no se hagan olas que muevan “el modelo”. Como suele decirse en el habla popular chilena cuando alguien recibe presiones de todas partes, su excelencia podría terminar convertida en el jamón del sándwich.