Opinion | 12 Mar Por cierto que tiempos electorales como el que ya estamos viviendo no son el mejor escenario para que la ponderación, la objetividad y la “despartidización” presidan tanto los actos de gobierno como las declaraciones de dirigentes políticos de todos los partidos, y por lo tanto esta codificación en clave electoral estará signando muchas de las acciones que se desarrollen de aquí a la consulta electoral de octubre y eventualmente también de noviembre, en caso de llegarse a una segunda vuelta.
Es que de una forma o de otra, cada actor busca su ventaja o por lo menos no quedar expuesto públicamente en desventaja ante el adversario, y por lo tanto en este especial período el ciudadano, el futuro elector, debe tratar de discernir entre la sustancia y lo que está contaminado de pasiones político-partidarias, tan afines a nuestra idiosincrasia.
Pero sin dudas, aun teniendo en cuenta estos elementos que ponen de relieve un escenario muy afectado por estos códigos que distorsionan el buen juicio, no dejan de llamar la atención los alcances del reciente anuncio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, acerca de los criterios de distribución de una partida especial de quince millones de dólares entre los departamentos cuya caminería rural fue más afectada por las sucesivas tormentas que se abatieron sobre el país en febrero pasado.
Es así que tres departamentos gobernados por el Frente Amplio recibirán de inmediato el 70 por ciento de estos 15 millones de dólares adicionales que el Poder Ejecutivo destinará para reparar daños causado por las últimas inundaciones en el Interior, de acuerdo a lo anunciado por el titular de la OPP, Gabriel Frugoni, quien se reunió con la Mesa del Congreso de Intendentes para explicar los criterios de distribución de estas partidas que entregará el gobierno a once intendencias afectadas por las lluvias de febrero.
El jerarca expuso que tras el relevamiento de los daños caudados por el temporal el gobierno nacional decidió volcar esos quince millones de dólares para atender las “emergencias”, pero a la vez se efectuaron recorridas por los técnicos para corroborar los datos presentados por las intendencias, teniendo en cuenta que “hay departamentos donde no llovió y han pasado 1.130 kilómetros para hacer”, y que hay otros “como Canelones, donde todos sabemos que llovió, que pasó 780 kilómetros”, a la vez de reconocer que resultó muy difícil separar los daños a la caminería generados por las lluvias de aquellos que se registraban ya desde tiempo atrás.
Hasta aquí responde a una lógica muy atendible el razonamiento del máximo jerarca de la OPP, por cuanto sin dudas esta podía ser una oportunidad para que se pretendiera pasar “gato por libre” en la lucha por contar con más recursos para atender demandas de vialidad rural en cada departamento.
Sin embargo, como ha ocurrido muchas veces en este gobierno, en que se habla de “transparencia” y luego las resoluciones se resuelven a dedo, es evidente que estamos frente a una arbitrariedad que rompe los ojos.
Es así que el 50 por ciento del total de los fondos adicionales se volcarán a Canelones, Maldonado el 12,49 por ciento y Rocha el 7,51 por ciento, lo que representa nada menos que el 70 por ciento del total, y tratándose todas de intendencias frenteamplistas, como si el meteoro se las hubiese ensañado justo con los departamentos alineados con el gobierno. Mientras tanto, en el otro extremo está Florida, “lindero” a Canelones, que al parecer fue ignorado por la tormenta y lo pasó por alto, porque recibió cero peso de la OPP para los reparar daños.
No puede extrañar por lo tanto el malestar de intendentes nacionalistas ante estos criterios de distribución que se parecen mucho al “amiguismo” político tan criticado antes por quienes hoy son oficialismo, sobre todo cuando se acude en salvataje del deficitario gobierno departamental de Canelones, donde las lluvias provocaron daños sí, pero como consecuencia sobre todo de la falta de obras de pluviales, canalizaciones y trabajos viales, inherentes a una tarea municipal canaria y que no realizó en tiempo y forma como corresponde a una buena Administración. Y sin embargo se la atiende muy especialmente con “solidaridad” desde el gobierno nacional del mismo partido, justo cuando se avecinan los tiempos electorales, como ha hecho además la propia Antel al construir por su cuenta y riesgo el costoso Arena para la Intendencia de Montevideo.