Opinion | 16 Mar La administración del presidente José Mujica se caracteriza por ser una etapa donde los representantes de distintas áreas opinan de una diversidad de temas de manera más o menos desordenada, convulsionando o retrasando con sus razones el tratamiento de un asunto en los tres niveles más importantes que cuenta un sistema democrático: legislativo, ejecutivo y judicial.
Las decisiones que adopte la Suprema Corte de Justicia serán cuestionadas en la medida que ataque a un referente de determinadas características y como el ejemplo más saliente --aunque hay otros-- se encuentra el traslado de la jueza Mariana Mota.
En el ámbito legislativo, es tal vez donde abundan los ejemplos de alta polémica en torno a iniciativas que finalizan en declaraciones de inconstitucionalidad o que responden a presiones de corporativismos y en definitiva, el ejecutivo trabajará oteando ese inmenso horizonte que le presentan los dos anteriores para tratar de driblear como pueda “la pelota” que le pasen, en una cancha que variará su estado según el clima político.
Como ejemplo de esto se encuentra actualmente la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que se votó en la Cámara de Diputados bajo las movilizaciones del sindicato de la construcción (Sunca).
Los cuestionamientos jurídico-políticos no tardaron en llegar desde todos los sectores. El proyecto que pretende imponer el Partido Comunista y el Partido Por la Victoria del Pueblo ha sido criticado desde la propia izquierda. El senador Rodolfo Nin Novoa, junto al Frente Líber Seregni quieren incorporar el concepto de “omisión deliberada” de las medidas de seguridad para precisar quiénes serán castigados penalmente y que la ley no sea declarada inconstitucional “en 60 días”. De lo contrario, no la votará y dijo que “no entiende” cómo no se puede cambiar “una palabra” del proyecto.
Aunque todos --en la izquierda-- admiten en sus declaraciones públicas la necesidad de aprobar una ley de estas características, por lo bajo reconocen que erosiona el relacionamiento con empresarios en tiempos electorales. Por eso, Vázquez, Astori y Mujica se han mostrado cautelosos en apoyar la iniciativa tal como viene de la Cámara de Diputados.
Bajo otras circunstancias, se aplicaría la disciplina partidaria --ya ocurrió, por ejemplo, con la Ley de Caducidad que motivó renuncias y licencias para que voten los suplentes--, no obstante, ahora se habla de arribar a un “consenso”.
Es que la cintura política se deberá mantener al máximo para no hacer peligrar las alianzas internas que los sectores comenzarán a tejer para, entre otros aspectos, elaborar las listas y definir las posiciones de los referentes sectoriales.
Por eso, no está fácil la cosa. Más allá de los cuestionamientos de la “derecha” a una iniciativa que podría naufragar en la inconstitucionalidad, existen las dudas propias que --en este caso-- son más fuertes que las ajenas.