Opinion | 13 Mar Si bien todavía no se cuenta con cifras concretas, fuentes gubernamentales indicaron que el gobierno implementará en los próximos días un conjunto de medidas que apuntarán a mitigar la suba general de precios, que ha sido determinante para que la inflación de los últimos doce meses llegara casi al 10 por ciento --un 9,82 por ciento de febrero a febrero-- y por lo tanto en el límite de los dos dígitos, que es una barrera sicológica que se ha querido evitar traspasar por las sucesivas administraciones en los últimos años.
El punto es que según lo que ha trascendido, la idea del gobierno es “toquetear” el IPC, es decir el Índice de Precios al Consumo, para que las estadísticas no reflejen en cifras esta agudización de la tendencia, por lo que nuevamente se está prestando atención a la coyuntura y no a buscar respuestas de carácter realmente estructurales para afrontar esta reactivación todavía incipiente de la espiral inflacionaria.
Como es sabido, la inflación es un impuesto disfrazado que afecta en mayor medida a los sectores de ingresos fijos, esto es asalariados y pasivos, que siempre pierden la carrera cuando se dispara la inflación, desde que los reajustes salariales y de pasividades siempre van detrás de la suba de precios, y a la vez debe tenerse presente que la indexación realimenta la escalada de subas.
En este caso concreto, en el Ministerio de Economía y Finanzas se ha señalado que en la coyuntura actual “es muy importante atacar el canal de las expectativas” de inflación y por lo tanto frenar el aumento de las proyecciones de analistas y empresas.
Con este fin, las medidas planteadas por el gobierno, de acuerdo a lo adelantado por el Ec. Mario Bergara, titular de la referida cartera, luego de reunirse con el secretariado ejecutivo del Pit Cnt, comprenden rebajas tributarias en las tarifas de UTE y Antel, reduciendo sólo el cargo fijo, así como rebaja del IVA en frutas y verduras, además de la búsqueda de un acuerdo de precios con los grandes supermercados.
Es decir poco y nada de diferente a lo que ya se ensayara sucesivamente durante diciembre de este año y el año pasado, cuando también se advirtieron rebrotes inflacionarios, para encontrarse con que naturalmente, al atacarse solo los efectos y no las causas, lo que se logra es frenar muy temporalmente, en el mejor de los casos, el crecimiento del IPC. Pero la verdadera inflación, o sea el costo de las cosas, sigue su curso, por lo que sólo se logra maquillar el Índice modificando los valores de algunos productos o servicios que se toman en cuenta al momento de determinar la variable. Igualmente, en el Ministerio de Economía se dijo a El País que “se está estudiando y monitoreando de manera permanente la evolución de los precios. Las medidas se toman y analizan pensando en el horizonte de un período de tiempo más allá del dato del mes de abril”.
Según estimaciones del gobierno, para bajar un punto el IPC se necesitará con estas medidas un “sacrificio” fiscal de unos cien millones de dólares, que son los que se dejarán de recaudar temporalmente, y que naturalmente se cargarán posteriormente a los mismos “nabos de siempre”, lo que indica que la idea es ganar tiempo y desalentar algunas expectativas en lo inmediato.
Pero mal podrán desalentarse expectativas negativas de este tipo, si los operadores, --los “especuladores”, como denuncia el Pit Cnt, central sindical que es también parte del problema por integrar reivindicaciones y costos adicionales con aumentos de salarios indexados por encima de la inflación--, perciben que no se atacan las raíces de la inflación, que tiene que ver en gran medida con los costos crecientes de las empresas para producir y ofrecer servicios, tanto para el mercado interno como para la exportación. Entre los costos figuran la alta presión tributaria y cargas sociales del Estado, los incrementos salariales, las tarifas de servicios públicos y la suba de los precios de insumos de todo tipo, porque además estamos en un país caro, que sobre todo se ha encarecido en dólares para el que encara cualquier emprendimiento de riesgo.
Y de nada vale seguir actuando sobre los síntomas de los desequilibrios de la economía, como en este caso –basta ver como terminó la Argentina siguiendo esa línea--, si no se aplican medidas para reducir el costo del Estado, el que saca recursos de todos los que generan riqueza y consumen poco o mucho, para funcionar, pero sin devolverlos en servicios decorosos ni en obras.
Así, se insiste en medidas transitorias para el IPC, sin tomar en cuenta la inflación coyuntural subyacente, como consecuencia de la inconsistencia entre las políticas macroeconómicas y la realidad, y sobre todo, se sigue tratando de estirar indefinidamente la aplicación de medidas de fondo, --que no van ser simpáticas-- hasta después de la consulta electoral de octubre.
Ocurre que el remedio, a medida que pase más el tiempo, va a resultar cada vez más amargo, y sin dudas que este fardo va a tener que ser cargado por el próximo gobierno, y recaerá pesadamente sobre todos los uruguayos porque se ha querido evitar los costos políticos de hacerlo cuando todavía había tiempo para evitar que las cosas pasaran a mayores.