Opinion | 18 Mar Bajo un paro nacional del Sunca, y la amenaza de “escrache” por los sindicatos radicales contra los dirigentes del Frente Amplio que no voten la norma, habrá de ser analizada este martes en el Senado la denominada Ley de Responsabilidad Empresarial, promovida por este sindicato y con el respaldo de sectores radicalizados de la coalición de izquierdas.
En el escenario parlamentario y político se plantea la paradoja, que no deja de ser tragicómica, de que solo una minoría impulsa este proyecto, desde que está en contra toda la oposición y prácticamente la mitad del Frente Amplio a través del Frente Líber Sergni (FLS), que lidera Danilo Astori, pero igualmente los radicales tienen de rehén a la gran mayoría del país con sus proyectos de ley que no solo van a contramano del sentido común, sino que muchas veces son declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El proyecto de ley ya recibió media sanción en Cámara de Diputados, donde como ha sido el común denominador de la izquierda en el poder, operó la mayoría regimentada de “mano de yeso”, y pese a que los diputados del FLS estaban en contra de una serie de aspectos del proyecto, igualmente lo votaron por disciplina partidaria.
Igualmente, subsiste un manto de dudas sobre la suerte del proyecto tal como está redactado. Primero, porque a todas luces es inconstitucional, pero más grave aún, con ella los sindicatos tendrán una herramienta por la cual todos los empresarios estarán en omisión en mayor o menor medida, con el agravante de que ya no se tratará de faltas sino de delitos. Es que la nueva ley pretende sancionar como delito el “peligro objetivo”; no ya el daño o el perjuicio que ocasione determinada omisión, sino lo que, a criterio de un juez, pueda llegar a ser “peligroso”.
En resumen, al penarse el “peligro” que puede significar un enchufe en mal estado, aunque no haya sido advertido, y por supuesto, no haya dolo; no haría falta que algún trabajador reciba una descarga eléctrica, sino que la simple posibilidad de que así sea puede terminar con el responsable en procesado o en prisión, y para lo cual incluso solo se necesitaría animosidad del trabajador hacia el empleador para llevarlo a la Justicia y llegar a ser declarado culpable. Es el arma con que los radicales estaban soñando y se está haciendo realidad en el Parlamento, una ley por la cual la “lucha de clases” invertirá los roles y los empresarios y patrones finalmente serán “todos delincuentes”. No importa el tamaño de la empresa, lo mismo puede ser el dueño de casa donde trabaja una doméstica.
El proyecto en los hechos es impulsado por el Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo y toma la iniciativa del Sunca, que también ha arrastrado a la central sindical Pit Cnt. Es decir que una minoría en cuanto a representatividad popular logró torcer el brazo --de yeso-- de la mayoría parlamentaria.
El FLS, como lo señalara en diálogo con EL TELEGRAFO el integrante del sector Rafael Michelini, dio a conocer un comunicado en el que considera que el proyecto va derecho a ser declarado inconstitucional: “consideramos que con la actual redacción se corren serios riesgos de una corta duración de la ley, lo que afectará directamente la expectativa y la realidad de los trabajadores y del conjunto de la sociedad”.
Sin embargo para la senadora Lucía Topolansky este es un aspecto del que hay que despreocuparse, “porque aprobamos la ley como está” y después si pasa algo “la cambiamos”, sin importar lo que pase en el mientras tanto, y dándole a la redacción de una ley de esta importancia el tratamiento de un ensayo escolar.
Como bien lo reconoció Michelini, la ley debería ser más específica para evitar que su interpretación pueda “hacer pagar a justos por pecadores”. A su juicio, si bien se necesita una herramienta sobre responsabilidad empresarial, corresponde velar para “que no sea cosa que dentro de seis meses esa herramienta no la tengamos porque la Suprema Corte de Justicia dice que no está ajustada a derecho”, y a la vez aclaró que el proyecto debería traducir el espíritu de “ir contra el empresario incumplidor contumaz, que no cumple con las reglas elementales de seguridad”.
Pero en el caso de esta ley, “yo no sé lo que van a hacer los jueces”, dijo con referencia a la penalización de la “culpabilidad objetiva” en que se centra el proyecto actual, donde los promotores han rechazado hasta ahora en la negociación interna del Frente Amplio incluir por lo menos la palabra “deliberadamente” en cuanto a la omisión de las normas de seguridad.
El punto es que los grupos radicales, los que aún promueven la “lucha de clases” de la década de 1960 no piensan igual. Solo pretenden arrastrar con el poncho de “quien es más de izquierda y antioligárquico” a votar engendros de neto cuño fascista, bajo amenazas de “escraches” y denuncias ante la “justicia popular”.
Lamentablemente las mayorías parlamentarias de un partido en el Gobierno incapaz de contradecir la voluntad de sus aliados de todas las horas, o sea el Sunca, el Pit Cnt y algunos más, harán posible una vez más que un engendro como éste finalmente prospere, porque como bien admitió Michelini, su sector tiene muy en claro el “sentido unitario”, y “no vamos a dejar a la bancada en situación de vulnerabilidad”, no importa cuán disparatado consideren lo que están votando.