Paysandú, Sábado 22 de Marzo de 2014
Nacionales | 19 Mar Tras un extenso debate, que se extendió durante nueve horas, la Cámara de Senadores aprobó finalmente la ley de responsabilidad penal empresarial, con 16 votos del Frente Amplio (FA) y 13 votos en contra, de la oposición. Sin embargo, pese a votarla, varios senadores oficialistas manifestaron sus diferencias con el proyecto.
Los 16 senadores aprobaron el proyecto por mayoría, pese a que siete de ellos tenían diferencias con el mismo y pretendían introducir cambios, pero los otros nueve legisladores se opusieron. En tanto, la oposición votó en contra del proyecto, que ya había sido aprobado en Diputados a fines del año pasado, también con los votos únicamente oficialistas. Este proyecto de ley pasará ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación, informó Subrayado.
Tras la aprobación, los sindicalistas de la construcción (Sunca) que estaban en las barras comenzaron a gritar y a aplaudir, siendo desalojados por el presidente del Senado, Danilo Astori. Además, afuera del Palacio Legislativo cientos de trabajadores celebraron la aprobación definitiva del proyecto, luego de acompañar el debate en el Senado con una movilización en la calle y un paro de actividades. Algunos senadores del Frente Líber Seregni (FLS) votaron a favor, por disciplina partidaria, pero argumentaron en contra del proyecto porque querían que el texto aludiera directamente al concepto de “omisión deliberada”.
El senador Rodolfo Nin Novoa fue el primero de los legisladores frenteamplistas en expresar sus “reparos” con el proyecto de ley de responsabilidad penal empresarial. Dijo que “hubiera preferido una redacción diferente” pero anunció que votó la ley porque “todas las bancadas deben tener unidad de acción”.
El legislador explicó que en la reunión de bancada del lunes se tomó la decisión de votar el proyecto sin cambios, tal cual se aprobó en Diputados, “por 9 a 7”. La intención de esos siete senadores era aprobar la ley con modificaciones y evitar que se declare su inconstitucionalidad. Los 16 senadores del gobierno estaban a favor de legislar para sancionar con penas de prisión a los empleadores que no garanticen los elementos de seguridad a sus trabajadores. Nueve pretendían que se votara el mismo proyecto que aprobaron los diputados del FA, y otros siete querían introducirle cambios. En tal sentido, el senador colorado Alfredo Solari destacó que “solo nueve senadores en 31” están de acuerdo con el proyecto tal cual salió de Diputados, mientras el resto no está de acuerdo con la redacción final del proyecto (siete restantes del FA) o directamente está en contra de la ley (blancos y colorados). Asimismo, Nin Novoa cuestionó que el proyecto puede penalizar con prisión “a cualquier persona o tipo de empleador”, advirtiendo que la seguridad en el ámbito laboral “le corresponde no solo al empleador”, sino también “al capataz” y “al trabajador”. Este proyecto de ley “supone un adelantamiento del castigo, porque no penaliza ya el accidente sino la omisión” del empleador “en el cumplimiento de las normas” de seguridad previstas, advirtió.
DOCE POLICÍAS PROCESADOS
Doce funcionarios policiales pertenecientes a la Jefatura de Rocha fueron procesados sin prisión, tras las actuaciones llevadas adelante en el límite departamental con Maldonado, frente a un grupo de ciudadanos colombianos (hinchas de Atlético Nacional de Medellín, que jugó anoche con el Club Nacional de Fútbol en el Parque Central) que habían sido expulsados de la fronteriza ciudad de Chuy. La decisión judicial determinó el procesamiento por abuso de funciones de un comisario que se desempeña en la Jefatura de Policía rochense, y a otros 11 funcionarios por un delito de lesiones personales.
Los hechos comenzaron el pasado jueves en el Chuy, cuando 10 colombianos habrían protagonizado incidentes del lado de Brasil e ingresado a nuestro país, donde fueron intervenidos por la Justicia local sin mayores consecuencias, según informó la Unidad de Comunicación (Unicom) del Ministerio del Interior. Agregó que los procesamientos de los policías fueron desencadenados a partir de un procedimiento irregular que comprometió a los policías involucrados, quienes trasladaron a los ciudadanos extranjeros hasta el peaje Garzón, sin autorización ni indicación judicial.
“Una vez allí, se originan incidentes entre los propios ciudadanos extranjeros que derivaron en la intervención de un agente de la Policía Caminera apostado en el peaje, quien no logra apaciguar los ánimos y solicita apoyo por radio. Los efectivos rochenses más próximos al lugar tras el irregular traslado, son los que acuden en primer lugar interviniendo con los resultados que dieron origen a los procesamientos”, explicó la Unicom. En tal sentido, los colombianos presentaron denuncia contra los funcionarios policiales de la Jefatura de Rocha.
OFRECEN MÉTODO ANTICONCEPTIVO
El responsable del Programa de Salud Integral de la Mujer, Rafael Aguirre, anunció que unas 3.000 mujeres podrán acceder a un nuevo método anticonceptivo subcutáneo para la prevención de embarazos no deseados. Está previsto extender el beneficio a usuarias de todo el sistema, informó el portal de Presidencia.
“Los implantes subdérmicos son la práctica anticonceptiva reversible más eficaz que existe”, aseguró Aguirre, quien destacó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) fomenta la planificación familiar de la población. “En estas líneas de trabajo el MSP ha tomado la decisión, con presupuesto propio, de comprar anticonceptivos de muy buena calidad y a precios internacionales, para brindarlos en forma gratuita”, subrayó.
Respecto al implante subdérmico, Aguirre señaló que existe hace muchos años y se considera una de las aplicaciones más eficaces, comparando su efectividad únicamente con la ligadura o la vasectomía, con la gran diferencia de ser absolutamente reversible. “Brinda a la mujer mucha seguridad, con una tasa de fallas de cinco casos cada 10.000 que lo usan, a lo largo de todo un año. Dura cinco años colocado, no precisa ninguna precaución adicional y se puede volver a aplicar”, explicó. En cuanto a la disponibilidad de los insumos, aclaró que “estarán disponibles para todas las mujeres que lo deseen, de todas las edades, incluso para quienes por sus condiciones de salud no pueden tomar pastillas. También están comprendidas las jóvenes menores de edad, quienes no necesitan ir acompañadas de un mayor para la colocación”.
La aplicación se realizará en los diferentes centros de salud públicos del Uruguay. Los primeros lugares serán Montevideo y el área metropolitana, Florida, Rivera y Colonia. “Según la cantidad de usuarias que prefieran utilizar los implantes, el ministerio tomará la decisión de comprarlos e incluirlos como una más de los medidas que se ofrecen”, concluyó Aguirre.
AMENAZA DE BOMBA EN COOPERATIVA BANCARIA
El Jefe de Relaciones Públicas de Bomberos, Leandro Palomeque, informó a Montevideo Portal que la Cooperativa Bancaria recibió en la tarde de ayer una amenaza de bomba. Por tal motivo, Bomberos y la Brigada de Explosivos del Ejército llegaron al lugar para analizar la situación y constatar si se trataba o no de una bomba.
Según el llamado que recibió la Cooperativa, un artefacto explosivo habría sido colocado dentro de un piano en el quinto piso del edificio, donde funciona un juzgado.
En tal sentido, por prevención, fueron evacuadas todas las personas que trabajaban en el edificio ubicado frente a la Plaza Zabala y en los predios linderos. Cuando los efectivos inspeccionaron el instrumento, no encontraron ningún artefacto explosivo. En tanto, la Policía investiga el caso para identificar a los responsables de la amenaza.
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