Opinion | 23 Mar El Congreso de Intendentes fue establecido como institución formal y reconocido por el Estado nacional por el artículo 262 de la Constitución de la República. Es el organismo que reúne a los Ejecutivos de los gobiernos departamentales y permite la coordinación de convenios con el Poder Ejecutivo, empresas públicas y entidades internacionales.
Las primeras reuniones comenzaron a realizarse en 1943 a impulsos del entonces intendente de Montevideo, Germán Barbato. Los encuentros se tornaron periódicos pero sus resoluciones no tenían peso jurídico alguno. En 1959, durante el Consejo de Gobierno de Montevideo, presidido por el intendente Daniel Fernández Crespo, se formó la Secretaría General, dándole un funcionamiento orgánico, pero aun sin amparo jurídico. Para eso hubo que esperar a la reforma constitucional de 1966, cuando obtuvo rango constitucional y carácter de organismo público y estatal.
Actualmente, los intendentes (o sus representantes) de todo el país se reúnen una vez al mes en un plenario ordinario. Cuando se hace necesario se realizan plenarios extraordinarios y la Mesa, integrada por el presidente y dos vicepresidentes, es la que ejecuta las resoluciones del ente, que tiene su sede en el segundo piso del Palacio Municipal, en Montevideo.
No quedan dudas de la importancia del organismo en todos estos años, pero especialmente en los últimos donde ha logrado, en acuerdo con el Ejecutivo Nacional, notables avances.
Tras años y años de lucha puso fin a la denominada “guerra de patentes” que dividió severamente al cuerpo, entre aquellas intendencias que bajando el costo del tributo anual obtenían muchas más patentes que vehículos rodaban en el departamento y el resto que sufrían las consecuencias. Los casos de Flores y Colonia como receptivos de empadronamientos de vehículos cuyos propietarios no residían en los mismos, fueron durante años severamente criticados.
También es cierto que en la última década las intendencias le dieron mayor importancia al Congreso y llevaron a su seno mayores preocupaciones y también más planes y proyectos.
Actualmente, el Congreso tiene una fuerza basada en lo que los propios intendentes no se cansan de resaltar, esto es la capacidad de llegar a acuerdos por la vía del consenso, lo que se ha logrado en los últimos años, más allá de los partidos políticos a los que representante.
A diferencia del gobierno nacional, liderado por el Frente Amplio, el Congreso es dominado por el Partido Nacional, aunque ese dominio no se verifica de manera directa, sino a través de las acciones pactadas por los intendentes de esa colectividad política en sus reuniones de bancada, previas a cada plenario.
Más allá que en cada oportunidad que tienen los intendentes dejan en claro la unidad de todos los pares en el Congreso y que todo se resuelve por consenso, la realidad parece indicar otra cosa.
Porque si el consenso fuera tal, no parece tener lógica cómo en los últimos tiempos, pero muy especialmente en la actual presidencia del intendente de Flores, Armando Castaingdebat, tantos temas se consideran en sesión secreta. Esto implica, ni más ni menos, que únicamente los intendentes pueden estar presentes. Ni siquiera el personal de confianza del Congreso y menos los funcionarios encargados del registro de la sesión.
En el reciente plenario de Mercedes, dos temas sin carácter secreto serán tratados en lo que el Congreso denomina “comisión general”, esto es, sesión secreta. Por un lado el valor que se le otorgará a la licencia única de conducir y por otro la manera en que se repartirán los 15 millones de dólares adicionales del Poder Ejecutivo para recuperar la caminería vial.
Y cada vez que algún tema puede traer discusión, se usa ese mecanismo. Y todo el mundo afuera. El intendente Omar Lafluf, de Río Negro, reveló en el plenario de Mercedes que en una de esas últimas sesiones secretas tuvo un cruce fuerte con el intendente de Rocha, Artigas Barrios.
La unidad parece no ser tal si los intendentes tienen que recurrir de manera tan frecuente al instrumento de sesión secreta. Esto, ni más ni menos, le quita credibilidad al organismo. Ocurriría lo mismo si las sesiones del Poder Legislativo fueran privadas. Si los legisladores solamente discutieran entre ellos.
Flaco favor le hacen a la unidad, pero especialmente a la transparencia a la cual están obligados los intendentes, cuando tantos temas (la mayoría que bien pueden ser considerados en plenario, de manera pública, con presencia de la prensa desde que no es de estilo abrirlas al público, tal como ocurre en el Parlamento y en las Juntas Departamentales), se tornan secretos.
No está bien, ciertamente no está bien, porque como autoridades electas por voto popular --que en estos días precisamente piden con miras a las elecciones internas-- no pueden hacer de su actividad un secreto. La ciudadanía tiene todo el derecho a conocer todo lo que ocurre dentro de los plenarios.
Pero el problema incluso va más allá de la prensa. Porque en las sesiones secretas no queda registro de lo expresado, los funcionarios de jerarquía no se enteran, y no hay por tanto acta posterior.
La sesión secreta se presta para el contubernio y los acuerdos poco luminosos. Es una herramienta que raras veces debería usar el Congreso. No obstante, la usa prácticamente cada dos plenarios. ¿Dónde está la proclamada unidad si tienen que resolver tantas cosas a puertas cerradas?