Opinion | 23 Mar Mientras el presidente José Mujica recorría la Expoactiva de Soriano, una madre increpó al mandatario por un incendio ocurrido en un contenedor que funciona como salón de clases en la escuela a la que concurre su hijo de cinco años.
Al verse sorprendido, Mujica respondió a la mujer que no lo enviara más al centro educativo, pero ante la insistencia y recriminación de la afectada, finalmente el presidente pidió que le diera los datos sobre lo sucedido. Posteriormente la mujer explicó que había reclamado una solución a Primaria y Bomberos, pero nadie respondió. Sin embargo, ante la trascendencia de la noticia y el estado público que tomó la situación, las autoridades educativas contestaron inmediatamente por los mismos medios.
Según indicaron, se trató de un cortocircuito ocurrido mientras los niños estaban en el recreo y que había sido reparado. El director de Primaria, Héctor Florit, dijo que comprendía el reclamo pero remarcó su preocupación por el tono utilizado y la falta de información de la mujer.
A veces no alcanza con comprender, porque el sentimiento de impotencia –generalmente-- se hace difícil de explicar y cuando una mujer es madre, probablemente muchas imágenes atraviesen su cabeza.
El año pasado fue pródigo en datos sobre la falta de habilitación de Bomberos en diversos organismos públicos, algunos de los cuales llevaban bastante tiempo tramitándolo.
Por ejemplo: en octubre, un incendio desatado en un sector del Hospital de Artigas dejó al desnudo que ese nosocomio no contaba con el mencionado documento, ni tampoco con extintores. En igual situación se encontraban en 2013 el centro de salud de Rivera, la Intendencia de Montevideo, el Teatro Solís, el Teatro de Verano, el Estadio Charrúa, el Velódromo, la sala Zitarrosa, el Teatro Florencio Sánchez de Montevideo, Auditorio Adela Reta, el Mercado de la Abundancia y la mayoría de los centros educativos del país en todos sus niveles.
Tampoco cuentan con la mencionada habilitación los establecimientos carcelarios y una mayoría de los edificios públicos e incluso en 2012, algunos legisladores denunciaron su faltante en el edificio central del Palacio Legislativo.
Como dato ilustrativo, se indicó que solo dos de un total de trescientas oficinas que cuenta el Poder Judicial tenían habilitación.
En este caso –como en otros-- no se cumple con la reglamentación. La ley 15.896 establece en su artículo 4 que “ninguna construcción, salvo las destinadas a vivienda de un núcleo familiar, podrá ser habilitada para su uso sin la previa autorización de la Dirección Nacional de Bomberos de acuerdo con la reglamentación”.
Y en este caso –como en otros-- se continuará exigiendo a los privados una serie de requisitos e inversiones al momento de instalar una empresa. A veces hay que esperar a que ocurra un hecho trágico para comenzar a actuar, o de lo contrario, optar por la sugerencia que le dio el presidente a la madre afligida. El problema es que nos quedaremos sin ir prácticamente a ninguna parte.