Opinion | 21 Mar Como regla general, pero con marcado énfasis cuando se acerca el período electoral, como se da en este 2014, desde la mayoría parlamentaria, es decir la fuerza de gobierno, se impulsan proyectos de ley que se aprueban contra viento y marea, apoyados en la mayoría parlamentaria de brazo de yeso, que tuvo seguramente su más clara demostración en la reciente aprobación de la nefasta Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, rechazada públicamente por siete de los 16 senadores frenteamplistas aunque igual la votaron por “disciplina partidaria”. Y como la oposición ni siquiera estaba de acuerdo en hacer una ley, podemos concluir que ésta fue aprobada por la voluntad de una minoría de nueve sobre 31 senadores, sin negociar nada.
El punto es que estamos atravesando un período que vulgarmente podría catalogarse como de “diarrea legislativa”, en el que no importa la calidad, la eficacia o peor aún, la constitucionalidad de las leyes que se aprueben, sino que éstas responden al fin político de sectores radicales que las promueven, lo que a la vez tienen el poder de chantaje sobre los otros sectores de la coalición.
En el caso de esta norma, pese a que sectores como el Frente Líber Seregni se opusieron radicalmente a su aprobación por considerar que se está ante una ley inconstitucional y que además es nefasta porque deja expuestos a todos, tanto empresarios “grandes” como pequeños y hasta algunos mandos medios, ante un delito de “peligro objetivo” sin que haya dolo ni daño --y que además no precisa cuál es el “peligro”--, el Sunca junto con el Pit Cnt presionaron y amenazaron con “escrachar” a los senadores frenteamplistas que no la votaran. Y con el Partido Comunista como aliado --aunque solo cuenta con dos senadores-- torcieron el brazo de los demás frenteamplistas así sancionaron una norma que claramente va en contra del propio pueblo. Porque aunque no les guste reconocerlo, el “pueblo” no es sólo comunista o los afiliados al Sunca, que además son los menos.
Pero naturalmente, las cosas no terminan aquí, sino que de ser así, como han vaticinado varios constitucionalistas, el chantaje, las manifestaciones y hasta las asonadas, como se ha hecho, se dirigirán a la Suprema Corte de Justicia por “defender a los oligarcas”, en lugar de reconocer que han despreciado el ordenamiento institucional y legal por aprobar una ley marcadamente a contramano de las normas constitucionales por motivaciones ideológicas.
Se trata de un engendro legal que no resiste el menor análisis técnico, como se percibe aún sin rascar a fondo el contenido de la norma, pero que igualmente ha sido llevado adelante con tal de satisfacer al sindicato, al punto que se le está llamando “Ley Sunca”. El punto además es que traslada a todos los sectores de actividad el escenario particular del sector de la construcción, solo para no dar un paso atrás, y sin siquiera admitir la aclaración de incluir en el texto “omisión deliberada” en cuanto a las medidas de seguridad, lo que podría atenuar sus efectos en cuanto a ser merecedor de la declaración de inconstitucionalidad.
Esta forma de legislar sin el menor sentido común, a las apuradas y para sacar adelante normas que promueven los “compañeros”, aunque vayan a contramano del sentir general, suele redundar en contenidos delirantes, porque apuntan a controlar aspectos que rayan en lo ridículo, y que extrapolan realidades a partir de escenarios puramente montevideanos. Porque lo que mejor sabe hacer la izquierda es precisamente, “controlar todo”.
Otro ejemplo claro, aunque en este caso no están de por medio motivaciones ideológicas, es la reciente reglamentación de la ley de bienestar animal, que se supone es muy bien intencionada, pero que incorpora elementos absolutamente fuera de lugar y que revelan desconocimiento de la realidad, y que de aplicarse a rajatabla significaría ni más ni menos que la paralización de la producción agropecuaria, por ejemplo.
Así, uno de los artículos establece por ejemplo que a partir de los 25 grados de temperatura debe colocarse un “sombrero” al animal para evitar la insolación, pero dentro de la ridiculez por lo menos permite que éste pueda seguir trabajando. Pero ya cuando el termómetro marque los 32º centígrados, el noble bruto debe ser retirado inmediatamente del campo, porque ya encuadra en la figura de maltrato.
Por supuesto, en el verano uruguayo, al norte del Santa Lucía, las temperaturas de 32 grados pueden considerarse todavía como benignas, y sacar al animal con que se trabaja en el campo en cualquier tarea, e incluso para tiro, equivaldría a paralizar la actividad y la producción durante prácticamente dos meses. Por suerte sólo se acordaron de perros, gatos y equinos, porque si no habría que terminar con la ganadería en el Uruguay. Y ni qué hablar de los canes, que la ley los considera mejor que a los humanos.
Estos pocos elementos dan la pauta de lo que vendrá, porque como ya lo anunció el gobierno, la “diarrea” legislativa recién comienza, y ante una patología como esa, solo se puede esperar un resultado. Todavía faltan más leyes, por ejemplo la codiciada “Ley de medios” entre tantas prometidas. Mientras tanto, ¿habrá que ponerle sombrero al caballo de Artigas?