Rurales | 23 Mar El desalojo del predio que la familia del productor Alvaro Lordoguín ocupa desde el año 1954 en la fracción 122 de la Colonia Herrera, en las proximidades de San Javier, departamento de Río Negro, conmociona a cientos de productores, que no logran entender cómo la acción judicial --con policías de chalecos y armas largas-- se realizó días antes. Paralelamente, fuertes críticas se alzaron hacia la gestión de la gerente regional del Instituto Nacional de Colonización (INC) en Paysandú, ingeniera agrónoma Ana Fernández, al entender el presidente de la Mesa Nacional de Colonos, Diego Henderson, que “el problema radica en su accionar”. Incluso fue declarada persona no grata, junto a otros funcionarios del instituto.
“Hay muchas cosas inexplicables”, señaló Henderson a EL TELEGRAFO, “porque para algunos productores una carta de la Regional Paysandú a Montevideo demora 32 días, y a los desalojos se dan el lujo de adelantarlos, como lo sucedido este jueves. Pero lo más inexplicable es que no hay ningún responsable de la fracción, porque el INC no quiso contratar un ‘222’, pero a los dueños le permiten seguir en la fracción, y yo, que soy el presidente del gremio, no sé quiénes son los responsables”. En la mañana del viernes, productores y sus familias decidieron protestar en el camino que une Ruta 24 con San Javier. La acción coincidió con la visita de la ministra de Salud, Susana Muñiz, quien se dirigía a esa localidad. Sin embargo la secretaria de Estado se detuvo unos minutos y luego continuó la marcha. Contrario a la acción del intendente de Río Negro, Omar Lafluf, quien al ver lo sucedido, se detuvo, bajó del vehículo y conversó largamente con los productores. “Fue muy positivo lo del intendente, porque dejó la delegación y nos escuchó atentamente”, dijo Henderson. “Nos manifestó que va a contactarse con las autoridades del INC, porque entendió que estas cosas no pueden suceder”, acotó.
Minutos después llegó al lugar el integrante del directorio del Instituto Nacional de Colonización por la oposición (PN), Julio Cardozo, quien recibió diversas críticas sobre el accionar de la Regional y propuestas de soluciones a los diferentes casos de endeudamiento. Los productores en todo momento contaron con el apoyo del abogado de los colonos en el país, el doctor Juan Lamas, y su equipo, presentes en el lugar.
Uno de los hechos más llamativos fue la presentación de la denuncia del productor desalojado, siempre acompañado por su familia. Exhibió pruebas del estado del campo --el informe del técnico del INC fue negativo--, a través de un trabajo realizado por un ingeniero agrónomo (grado 5 de Facultad de Agronomía), quien “no podía creer la falsedad del informe del técnico de la Regional”, indicaron. Al tiempo que también presentaron a Cardozo un audio “en donde Ana Fernández reconoce que hay irregularidades”. Dicho audio fue entregado oportunamente ante escribano público.

NO GRATAS
Colonos de la Colonia San Javier, Ofir y Luis Alberto de Herrera reunidos en asamblea, resolvieron manifestar su apoyo a la familia Lordoguín, acompañándolos en los momentos difíciles que viven, “fruto de informes falsos y calumniosos”, sostiene el comunicado entregado a EL TELEGRAFO.
Por ser una familia de más de 60 años que trabajó y explotó directamente el predio --el colono nació en la fracción--, “no se defendieron legalmente a tiempo por el mal asesoramiento de la Regional que les hizo vencer los plazos, diciendo que presente ‘escritos’ sin ver abogados y manuscritos”. A los firmantes del comunicado les consta, por ser vecinos de la zona, “la explotación directa y familiar que realizan, honrando la Colonización y el espíritu de la misma”. Decidieron declarar “personas no gratas a los funcionarios de la Regional Paysandú, la ingeniera agrónoma Ana Fernández, al técnico agropecuario Américo Gil, y los funcionarios Mario Degregorio y Leonardo Vique.

PROCEDIMIENTOS
Para el dirigente, el gran problema que tiene San Javier “son los procedimientos, que no se cumplen. Además, los informes vienen viciados de nulidades”. Recordó que “vino un informe desde Montevideo y sacó foto de la casa, constituyendo una violación de domicilio, incluso entregaron las fotos a los dueños del predio. Pero además hicieron firmar a una persona de edad una acta en blanco y confesaron posteriormente que la habían llenado después, y eso es gravísimo”.
“Nos están empujando a abandonar los campos que nos dieron hace más de 60 años”, fueron algunas de las expresiones vertidas, al ser consultados los productores por EL TELEGRAFO, durante una movilización que nucleó a un buen número de colonos, algunos incluso de otros departamentos que llegaron sumamente molestos por las irregularidades constatadas. “Nos sentimos perseguidos y hasta hay familias que se han enfermado por la presión psicológica de recibir un cedulón tras otro”, afirmaron y aseguraron que están “falseando los informes elevados a Montevideo”, indicando que hay casas vacías y campos descuidados, cuando con simplemente llegar al lugar se aprecia que nada es así.

CON GÓMEZ
Henderson mantuvo contactos con la directora del INC, ingeniera agrónoma Jacqueline Gómez: “Cuando le hice la denuncia de estas irregularidades, me pidió las pruebas porque me dijo que lo que denunciaba es muy grave. Al solicitarle día y hora para presentárselas, me indicó que me atendería el miércoles 19 de marzo, a las 10 horas. Dos días antes me indicó que no me puede atender en el mes de marzo porque está muy ocupada”.
Cuando se procedía al desalojo el jueves 20, llegó una solicitud desde el INC para que el juez dejara sin efecto el desalojo, lo cual fue desestimado por el juez de Fray Bentos, “aduciendo que llegó 12 minutos tarde e indicando que se continuara con el mismo”, indicó Henderson. “Me parece lamentable, porque estamos hablando de una familia que pierde todo”, dijo.
Agregó que el lunes próximo “se estaría realizando otro desalojo, pero estaría todo arreglado para que no sucediera, aunque todavía a nosotros ni al productor no nos llegó ninguna información oficial”. Hay “una lista de 11 productores con problemas que tenían previsto ir conmigo a Montevideo, pero lamentablemente no se nos recibió”, explicó.
Sobre el importante procedimiento policial que demandó la presencia de unos 12 efectivos “fuertemente armados y con chalecos antibalas”, manifestó que fue “lo mismo que le sucedió a Ney Thedy Pintos en Bella Unión, aunque a él fueron alrededor de 300 efectivos a sacarlo, algo que realmente no se entiende”. Apuntó que pretende aclarar que “esto no es un ataque desde la Mesa Nacional de Colonos a los funcionarios del INC”. Entiende que “en colonización como en toda actividad hay excelentes funcionarios y malos funcionarios, pero que nos nieguen la posibilidad de presentar la denuncia cuando estamos hablando de violación de domicilio y de falsificación de documentos, me parece que en un país de derecho es absolutamente grave”.

REGIONAL
Para el dirigente gremial el problema está en la gerente de la Regional Paysandú, ingeniera Ana Fernández. “Cuando estuvo en Bella Unión se registraron diversos problemas y la premiaron dándole ahora la Regional más grande del país. Ahora está Martín López en Bella Unión y existe un excelente relacionamiento, se terminaron los problemas y los colonos son los mismos”. Sumamente molesto con la situación, Henderson sostuvo que “lo que pasa ahora en San Javier con Fernández no es casualidad”.

SITUACIÓN
Dialogar con los productores, cara a cara, permite conocer una realidad que cuesta entender. “Pretendemos solucionar los problemas, porque más allá que a mi hermano lo desalojaron el jueves, hay colonos aquí en la zona que no deben nada e igualmente están en la misma situación”, dijo Juan Lordoguín, quien varias veces viajó a Montevideo buscando soluciones y retornó con la preocupación de ver los errores que se cometían en la capital.
La familia Lordoguín sufrió hace algunos años cuantiosas pérdidas por la muerte de las vacas de ordeñe como consecuencia del llamado “hongo de la pradera”. Eso determinó que el establecimiento se reduzca a pocos animales que debieron ser vendidos, generando deudas. Aun así, a principios de este año, pagaron U$S 10.000 sobre un total de U$S 35.000 a que llegaba la deuda, y se comprometieron a saldar el resto antes de fin de año.
Frente a la gerenta en Paysandú “hicimos una propuesta de pago, se pagó una importante suma y a los tres días el informe fue muy malo, recomendando que no se dé andamiento a la propuesta de pago”, dijo Juan Lordoguín.

MÁS CASOS
El de la familia Lodurguín no es el único caso en la zona. Por ejemplo, Leonel Vidart, otro de los colonos, dijo que recibió tantas presiones que entregó uno de los dos campos que tenía para lechería. Al poco tiempo se enteró que fue destinado a la siembra de soja.
Admitió que en su tierra también tiene una plantación de soja, 15 hectáreas para verdeo de invierno, además de vacunos, lanares y yeguarizos. “Vivo ahí y vivo de eso. Como seguían insistiendo, opté por entregarle uno de los dos campos. Tenía un atraso que saldé hace siete meses pagando todo al contado y ahora me siguen pidiendo el campo que me queda”, sostuvo indignado.
A la familia Pons Kasmenko el INC le solicita que entregue el campo, a pesar de no tener deudas. Raquel Kasmenko, esposa de Francisco Pons, quien desde hace 78 años vive en la fracción, manifestó: “Recibimos una notificación por una inspección ocular de un ingeniero que no es tal, pretendiendo obligarnos a cosas que no están dentro del reglamento”. Ese técnico redactó en el informe que su esposo padece una enfermedad. “Nosotros pedimos que certifique eso porque no es verdad”, añadió.