Opinion | 22 Mar No es un secreto para nadie que aunque desde el gobierno se ha querido minimizar la importancia del tema, diciendo que hay de por medio una “sensación térmica” y una “manija” de los medios para hacer que el tema salte a cada rato, la inseguridad es uno de los principales problemas que afectan a los uruguayos, en una amplia gama delictiva que va desde el hurto simple, pasando por arrebato o copamientos, al homicidio en el que muchas veces el salvajismo y la falta de móvil hacen que se considere el consumo de pasta base como el detonante de la irracionalidad en el uso de la violencia.
Lamentablemente, desde la fuerza de gobierno se mira para otro lado y se insiste en “pasar factura” a los gobiernos anteriores, centrando en el “neoliberalismo” la presunta causa de la oleada delictiva, y descarta por ejemplo que el exministro del Interior José Díaz haya liberado a cientos de presos de las cárceles, de los cuales una gran porcentaje reincidió, y que por lo tanto lo que se hizo fue soltar zorros en el gallinero, por “derechos humanos” de unos, supuestamente, en desmedro del ciudadano común.
Teniendo en cuenta la impunidad, además, de que gozan los delincuentes en gran medida debido a la benignidad de las leyes o en su aplicación por determinados jueces, y los menores a los que no se los retiene, rehabilita ni contiene, ha surgido un proyecto de reforma constitucional promovido por el senador Pedro Bordaberry que ya reunió las firmas y que será plebiscitado con las elecciones nacionales en octubre, por el que se establece llevar la edad de imputabilidad a los 16 años, en lugar de los 18.
Ocurre que en general la legislación penal ha ido evolucionando con el tiempo a penas más benignas para los delincuentes, y este aspecto ha llegado a extremos irracionales en el caso de la minoridad “infractora”.
Es a todas luces positivo que se haya instrumentado una respuesta popular a través del plebiscito de octubre, que sin dudas se convertirá en un mensaje contundente a los gobernantes, sobre todo los actuales, que han desestimado la posibilidad de modificar el actual estado de cosas para proteger al ciudadano común del azote de menores hasta de la más corta edad, convertidos en son consumados delincuentes. Y cabe remarcar la palabra “delincuentes”, porque es mentira que quienes impulsan la ley están estigmatizando a los jóvenes en general. Es bien sabido --y reconocido-- que los que delinquen a sabiendas de su “inimputabilidad” --que tampoco es total--, son una minoría entre la población adolescentes, y es solo a esos que se los señala y que se pretende juzgar con mayor severidad.
La gente está cansada de la inseguridad permanente, de las agresiones, de los arrebatos, de la reincidencia sistemática de los menores delincuentes en sus incursiones, sin que se los contenga ni rehabilite, en tanto desde el gobierno solo se escuchan eslóganes y el echarle la culpa a los gobiernos anteriores por la “deuda social”, cuando son incapaces de hacer nada para evitar que el flagelo siga aumentando. Y como el gobierno no da respuestas, buenos son los plebiscitos. Que la ciudadanía hable, pues.