Rurales | 25 Mar Productores que habitualmente transitan por Ruta 26 en nuestro departamento, se mostraron sorprendidos porque fue pintada la señalización en ésta, incluso sobre los pozos --que dicen son muchos--, antes de taparlos.
“Esto es realmente lamentable”, manifestó a EL TELEGRAFO un productor que dice haber visto “cosas sorprendentes” en sus más de 40 años utilizando esta ruta, pero “pintar sobre los pozos es totalmente ridículo y habla claramente de la ineficiencia de quienes están al frente del tema”.
Agregó que no solamente los pozos son un problema, aunque aclaró que “ya estamos acostumbrados y quienes habitualmente utilizamos la 26 ya prácticamente sabemos en dónde están los más grandes y complicados para el vehículo, sino que también la banquina es un desastre”.
“Si a esto le sumamos que muchas veces vienen camiones con mucho peso --madera, ganado o granos--, que pretenden no morder la banquina y buscan tirarse más al medio de la ruta, determinan que la ruta sea un verdadero riesgo para quienes la circulan”, explicó.
Presidenciables
Los candidatos a las elecciones internas participaron el sábado de la Expoactiva realizada en Soriano, explicando sobre el estado y las políticas que tienen en cuanto a la infraestructura vial. Jorge Larrañaga comenzó reflexionando que las causas de la situación se explican principalmente por demasiado gasto no vinculado a la producción.
“A nivel de infraestructura y conectividad hemos dilapidado diez años de crecimiento económico. Luego de diez años de crecimiento, el resultado es que tenemos una peor infraestructura vial”, indicó. Por otra parte, enfatizó en que esto no forma parte de una apreciación política, “es un ancla y un riesgo por siniestralidad”.
Según Larrañaga --establece Informe Tardáguila--, se debería invertir U$S 787 millones entre 2015 y 2020 para recuperar la red vial.
“El mundo financia sus inversiones viales, es decir que debemos recurrir a financiamiento externo para corregir ese déficit con urgencia”, señaló.
En cuanto al origen de los recursos, dijo enfáticamente que el país no soporta más impuestos y que apuntará a una reducción del gasto público. También insistió que lo que se aporta para caminería rural irá para ese fin en un posible gobierno del Partido Nacional, “porque acá se aplica que el que rompe paga, pero no se aplica que el que cobra hace”.
Por su parte, Sergio Abreu se refirió a la necesidad de priorizar la inversión en aquellos ramales que favorecen la transversalidad del país. Posteriormente se refirió a las redes férreas vinculadas a los puertos y también a la necesidad de desarrollar un sistema de hidrovía.
Luis Lacalle Pou destacó que el retraso en la inversión en la red vial significa deterioro, tanto a nivel nacional como departamental. “Montevideo ya no es el centro del país, hoy podemos predecir hacia dónde se está avanzando y eso debería mirarse”, explicó. Luego detalló que la meta de su sector es trabajar sobre rutas clave como la 4, 30, 31, 26, 14 y la 6, después de Sarandí del Yí. Por otra parte, insistió que no se precisan más rutas sino mejorar las actuales. En cuanto a la forma de conseguir recursos para abordar este tema, dijo que cree que la participación público-privada no va a funcionar en Uruguay “porque no se da la confianza necesaria”.
En tanto que Pedro Bordaberry prefirió centrar su presentación sobre la red vial en el entendido que “es el drama más grande que tenemos”. El objetivo de su sector es mantener la red vial, no es prioritario aumentarla.
Enfatizó que su mantenimiento requiere U$S 353 millones por año y sin embargo la inversión de acuerdo a la canasta vial no alcanza 230 millones en los últimos diez años salvo 2008.
En ese sentido dijo que se requiere 38 millones adicionales priorizando obras en rutas y accesos con mayor carga, por lo que el presupuesto anual ascendería a U$S 400 millones. Por otra parte, expresó que U$S 57 millones se recaudan de peajes en un sistema que tiene un costo de 20 millones, por lo que quedarían no más de 37 millones disponibles.
La clave estaría en el manejo de los restantes impuestos relativos al transporte e ingresos viales que no ha sido eficiente. También destacó que U$S 225 millones son los que pierde la producción por ineficiencia de fletes, ya que el mal estado de las rutas aumenta 20% los costos de transporte.
Mientras que José Amorin Batlle expresó estar “de acuerdo en que la situación de las carreteras es casi calamitosa”. Entiende que “es natural que la mayor utilización perjudique el estado de las rutas, pero eso era predecible pues no sucedió de un día para otro”. “No creo que los impuestos que se ponen con un destino fijo sea la mejor opción, si produce bien y gana bien, que pague más”, agregó.
Al referirse a las fuentes de recursos para abordar este problema, destacó que el gobierno actual y el anterior aumentaron en 40.000 los funcionarios públicos.
“Esto son U$S 800 millones de gasto o inversión en caso que fueran necesarios”, expresó. Finalmente se refirió a que no solo es urgente invertir en carreteras sino también en dragados y puertos para que la producción salga lo mejor posible.
Pablo Mieres dijo en su presentación que uno de los grandes problemas de la competitividad es el atraso en infraestructura. “La moratoria de la infraestructura vial es de U$S 1.300 millones en los últimos diez años”, detalló. Luego insistió: “El gobierno dice que pague el que rompe, pero con la captura de impuestos vinculados ya se ha pagado lo que se rompió; entonces se ha invertido el orden causal de esta expresión”.
Mieres también se refirió a que cuesta U$S 350 millones mantener la caminería por año, pero dijo que ahora se va a necesitar U$S 800 millones anuales debido a que hay que recuperar lo que no se pagó. En cuanto al origen de los recursos para enfrentar esta situación, insistió en que no se debería tomar desde la carga tributaria e hizo referencia a varios mecanismos.
Todos los candidatos contaron con 20 minutos para analizar el estado de situación de los servicios del sector agropecuario vinculados al transporte de la producción y sus propuestas. Solo faltaron los candidatos del Frente Amplio, quienes no concurrieron ante la convocatoria.