Opinion | 25 Mar Luego de cuatro años de aprobada, fue reglamentada la Ley de Tenencia Responsable de Animales, que castiga el maltrato animal y obliga a que todos los ciudadanos que se compruebe son dueños de un animal sean responsables por la calidad de vida del mismo, y también por los posibles daños o lesiones que cause.
En un contexto en el que, hasta el momento, los animales maltratados o abandonados, así como otros sueltos en la vía pública son moneda corriente sin que haya mayores obligaciones para sus dueños, esta reglamentación significará un cambio sustancial en caso que efectivamente sea aplicada.
La ley ahora reglamentada fija fuertes sanciones, de hasta 500 Unidades Reajustables ante maltrato o abandono, y obliga a darles un trato humanitario, como por ejemplo no dejar perros atados sin atención, permitirles hacer ejercicio, alimentarlos y hasta, en el caso de los caballos y proteger su cabeza cuando se registren más de 25 grados de temperatura.
La pregunta que surge ante la larga lista de responsabilidades para los propietarios de animales, es ¿quién se encargará de la fiscalización y contralor del cumplimiento de la normativa? La reglamentación establece que la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal (Conahoba), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, será la encargada de estas funciones. No obstante, este organismo no tiene aún una presencia fuerte en los distintos departamentos del país y, por otra parte, la mayoría de los casos de maltrato se producen en el ámbito doméstico.
En consecuencia, a primera vista parecería que en la práctica lo dispuesto en la Ley de Bienestar Animal y su reglamentación podría ser bastante difícil de cumplir en un país que, como todos sabemos, resulta casi imposible controlar cosas como la venta de alcohol a menores o el uso del casco.
Sin embargo, teniendo en cuenta la existencia de grupos organizados que trabajan honorariamente por el bienestar animal, es posible que en este tema se cuente con un alto nivel de control social.
El control social está funcionando eficientemente en otros ámbitos, como por ejemplo en relación a la prohibición de fumar en espacios cerrados con un alcance que la propia normativa vigente no tenía previsto, como es la disminución de las personas que fuman en el interior de sus casas u otras casas y sitios particulares que visitan, ámbito en el que la ley no legisló.
Con la movilización social que hay en torno al maltrato animal, el activismo en asociaciones de protección animal y similares, es altamente probable que sea la gente quien ejerza el control social y denuncie las irregularidades.