Opinion | 31 Mar Mientras todo indica que este año quedarán operativos los parques eólicos instalados en Florida, Lavalleja, Maldonado y Tacuarembó, lo que significa incorporar otros 200 megavatios de energía al sistema interconectado, en un proceso de cambio de la matriz energética nacional que sin dudas representa una evolución respecto a épocas incluso cercanas, UTE anunció --a través de su presidente Gonzalo Casaravilla-- que “se está por llegar a un guarismo sin precedentes en América Latina”, de 99,7 por ciento de hogares de Uruguay con acceso a la energía eléctrica.
En este sentido destacó que en acciones conjuntas llevadas adelante por la empresa estatal y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), se pudieron cablear 5.200 kilómetros en los últimos cinco años para llegar a 4.000 familias del interior profundo, las últimas de las cuales fueron Paso de los Novillos y La Hilera, en Tacuarembó, aunque resta todavía un 0,3 por ciento por electrificar que será el camino más duro de transitar y por ende implicará más planificación y por supuesto recursos.
A este aspecto realmente muy positivo se suma, por lo tanto, la fuerte incorporación de energías renovables, a lo que se agregará la disponibilidad de una nueva central térmica de ciclo combinado alimentada con gas natural a partir de la la regasificadora de gas natural licuado.
Según autoridades de UTE, estas innovaciones permitirán reducir los costos de generación y por lo tanto las tarifas de electricidad a los clientes de la energía eólica, aunque fuentes del organismo aclararon que el perfil de incorporación de energía eólica por los diversos emprendimientos en curso, ya sea privados, asociación de UTE con la brasileña Electrobras, la UTE a través de sus inversiones presupuestales, el leasing operativo, entre otros, depende de varios factores y de acuerdo con los mismos es el resultado que tendrá la empresa estatal para el costo de abastecimiento de la demanda.
Según lo anunciado por el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, Uruguay ya superó el 40 por ciento de energías renovables en su matriz energética, y desde la aprobación de la política energética en 2008 la mayor demanda energética deriva hoy del sector industrial. El secretario de Estado puntualizó que nuestro país comenzó a trabajar en la transformación de la matriz energética desde 2005, debido a la convicción de que el modelo vigente no es sustentable y de que nuestro país, aún siendo pequeño, puede contribuir en su modificación.
Kreimerman hizo hincapié en que en 2008 se formuló la política energética que fue ratificada por los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria en 2010, política que incluye la modificación de la normativa e inversiones de empresas públicas y privadas que alcanzan los 7.000 millones de dólares, con el objetivo de dotar a la matriz energética de una mayor diversificación, más energías limpias, mayor soberanía y eficiencia y menor variabilidad.
Entre los logros destacados por el jerarca figuran el mapa eólico y el solar, el fortalecimiento de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) y más beneficios fiscales para los emprendimientos. Figura además la próxima incorporación de la regasificadora en Montevideo y las miras puestas en alcanzar el 50 por ciento de las energías renovables en la matriz energética en 2016.
Pero como contrapartida a los elementos favorables expuestos, es decir casi un cien por ciento en electrificación del país y y un avance significativo de las energías renovables en la matriz energética si nos ubicamos en el escenario del país hasta hace pocos años, corresponde tener en cuenta un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Fondo Multilateral de Inversiones, que indica que los consumidores minoristas de Uruguay pagan la tarifa eléctrica más cara de América del Sur y la cuarta más elevada entre 28 países relevados en la región y el Caribe.
Según el estudio, el promedio es de 0,28 dólares por kilovatio hora, pero la cosa no es mucho mejor para los consumidores mayoristas, que pagan el segundo precio más elevado de la región, a un promedio de 208 dólares por megavatio.
Por lo tanto, a la vez de avanzarse auspiciosamente en el recambio de la matriz energética hacia energías renovables, la tarifa eléctrica cara implica un encarecimiento del costo país para los sectores que venden bienes y servicios, afectando fundamentalmente la competitividad para quienes exportan o compiten con productos de importación, y a la vez encarece el costo de vida en la economía doméstica.
Son dos caras de la misma moneda, porque mientras por un lado hay también un loable componente social en la extensión de la energía eléctrica a las áreas del país en que no resulta rentable, estamos ante un ente monopólico que naturalmente por falta de competencia se puede dar el lujo de aplicar sobrecostos a los consumidores, y a la vez no necesita ser eficiente, porque no tiene otra empresa testigo en cuanto a los precios que cobra. Es que es muy difícil atar estas moscas por el mismo rabo, y en los hechos toda la población subsidia estas políticas por facturas “infladas”. Lo que no es de cuestionar en sí, porque no hay otra forma de llegar a estos lugares, pero lo que sí rechina es que al mismo tiempo se estén cobrando ineficiencias por burocracia y un costo adicional de la falta de competencia, que es un déficit endémico en nuestro Estado, lamentablemente.