Opinion | 25 Mar Uruguay no escapa a una realidad global que refiere al sistemático envejecimiento poblacional, que no puede despegar el aspecto positivo de que la población vive más tiempo y tiene mejor calidad de vida, de los desafíos impostergables de afectar crecientes recursos a los organismos previsionales y asistenciales para atender requerimientos inherentes de las personas de edad avanzada. Nuestro país forma parte del estudio “Más allá de las Pensiones Contributivas. Catorce experiencias en América Latina” del Banco Mundial (BM), en el que se destacó “el conjunto de normas que mejoraron la cobertura de activos (o la formalidad), la reforma de la salud que estimuló la formalización y la mejora en los mecanismos de recaudación del Banco de Previsión Social (BPS) y del conjunto del sistema impositivo, que han tenido un fuerte impacto en mejorar la ecuación de equilibrio del sistema de jubilaciones y pensiones”.
A su vez, “en este contexto el aumento de los salarios, producto del crecimiento económico generó (dados los mecanismos indexatorios del Uruguay) una mejora sustantiva de las jubilaciones y pensiones. Adicionalmente, mecanismos como las primas por edad y las revaluaciones diferenciales que favorecían a los jubilados y pensionistas de más bajos ingresos mejoraron la suficiencia de jubilaciones y pensiones. El sistema mixto creado en 1995, si bien aún está lejos de entrar en el punto de maduración va a mejorar, según las proyecciones, el monto de las jubilaciones”, indicó el documento.
Pero el organismo advirtió que el envejecimiento de la población “continúa siendo un desafío para la estabilidad financiera del sistema. Debe recordarse que la relación de dependencia irá en aumento en los próximos años y de no aumentar fuertemente la productividad habrá que apelar al menos a reformas paramétricas”. Esto es, modificar la edad de retiro y/o los años de trabajo exigidos para poder jubilarse, entre otros aspectos.
Señala asimismo la reciente flexibilización del acceso a jubilaciones y pensiones que ha permitido desde el año 2007 aumentar los niveles de cobertura con una edad de retiro de 60 años y 30 años de actividad hacen dudar si la ecuación financiera será sostenible en el mediano y largo plazo sin volver a alterar algunos de los parámetros jubilatorios. Precisamente, como la indexación (ajuste de pasividades según evolución del Índice Medio de Salarios) no puede ser modificada a no ser que se reforme la Constitución “los parámetros disponibles (para modificar) son la edad de retiro, los años de aporte y las tasas de reemplazo”, según evalúa el organismo.
Lo que es muy cierto, salvo que ninguna de estas salidas, o dos o tres combinadas, son positivas para los directamente afectados, y afectaría a las próximas generaciones, teniendo en cuenta además que como bien sostiene el organismo, el actual sistema, a pesar de ser mixto, “en su componente de reparto encubre muy fuertes transferencias de rentas generales ya sea vía impuestos afectados o transferencias para cubrir el déficit (las cuales combinadas representan el 40% del gasto)”.
Es decir que no es cierto que ahora el sistema se autosustenta: de hecho 9 puntos del IVA –que actualmente es del 22%, uno de los más altos el mundo, y que pagan todos los consumidores finales cada vez que realizan una compra, sea del producto que sea—son para mantener el sistema “solidario” del BPS. Y eso ocurre ahora, cuando todavía se da un escenario excepcionalmente favorable por el aumento de la actividad interna ante la coyuntura internacional que nos beneficia, pero sin dudas que este esquema demandará mucho más recursos si decae la actividad económica y fundamentalmente el empleo, lo que ya se anuncia sucederá a partir de mediados de este año, por la desaceleración en el crecimiento de los países de la región y el encarecimiento excesivo del Uruguay.
Por lo tanto estamos muy lejos de poder quedar tranquilos con este sistema previsional e infraestructura de apoyo a la tercera edad, y se requiere desde ya un análisis desapasionado y crítico de esta realidad para contar con un diagnóstico afinado y una consecuente gama de posibles respuestas. Sin dudas, una reforma estructural sería la alternativa más compleja pero más sincera, para no seguir de parche en parche detrás de hechos consumados, y por cierto que el Banco Mundial considera que entre otras posibilidades se debería ir hacia un básico mínimo financiado por rentas generales y un sistema complementario conformado por un componente de reparto y otro de capitalización individual para que las finanzas del sistema fueran transparentes y se pudieran operar los sistemas de redistribución del gasto de acuerdo a parámetros de necesidad. Y ante la magnitud del desafío, sería pertinente analizar esta como otras posibilidades desde ya, y sobre todo, contar con el compromiso de todo el espectro político para que ningún cálculo electoral y de costo político melle una posible salida que esté por encima de los cortoplacismos y los réditos políticos, porque la gravedad del problema es demasiado trascendente como para meter en la bolsa temas de política menor que para nada ayudarán a las soluciones reales en una problemática muy compleja.