Opinion | 01 Abr La técnica de la fractura hidráulica o fracking podría ser utilizada en esta región del país si se encuentran yacimientos de hidrocarburos no convencionales en cantidad suficiente como para la explotación comercial. En los últimos días, los grupos Paysandú Libre de Fracking, Paysandú Nuestro y Gensa --que en el último tiempo han desarrollado interesantes propuestas desde el ejercicio del voluntariado, tales como la reforestación de parte de la zona costera con especies nativas así como conferencias de especialistas en temas ambientales--, solicitaron una audiencia al intendente Bertil Bentos para solicitarle la pronta inclusión de la prohibición de utilización del fracking en el Departamento establecida por la Junta Departamental, en las directrices de ordenamiento territorial.
Cabe recordar que en noviembre pasado, la Junta Departamental aprobó la declaración de “Departamento libre de métodos de exploración y explotación por fractura hidráulica”. En tanto, la Ley 18.308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable, toma a las ordenanzas municipales como instrumentos de ordenamiento territorial y en su artículo 14 se otorga competencia a “los gobiernos departamentales para categorizar el suelo, así como para establecer y aplicar regulaciones sobre usos y protección del suelo y policía territorial”. También hay facultades de protección o conservación ambiental conferidas por la Ley 17.283, texto general de Protección Ambiental, citándose también el artículo 47º de la Constitución que declara al tema de la protección medioambiental como de interés general de “cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves”.
La experiencia internacional indica que algunos países del hemisferio Norte lo han prohibido (como es el caso de Francia y Bulgaria), en tanto que se aguarda que en el correr de este año la Agencia de Protección Ambiental del Congreso de Estados Unidos emita un informe fijando posición sobre el fracking, sus riesgos y posibles efectos contaminantes.
Teniendo en cuenta este escenario nacional e internacional es que resulta lógica la solicitud realizada a la Intendencia en cuanto a incluir la declaración de la Junta en las directrices de ordenamiento territorial, así como la creación de una comisión asesora que estudie el tema y recomiende cómo hacerlo. Si para instalar una gran superficie comercial como un nuevo shopping en la ciudad es necesario conformar una comisión asesora que, entre otras cosas, evalúe los intereses y cuestiones relevantes en juego, es indudable que la solicitud presentada desde la sociedad civil es atendible en una cuestión tan importante como la protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales.