Paysandú no tiene ninguna habilitada

Locales | 03 Abr Tras un cambio de competencias, la fiscalización y habilitación de nuevas residencias de adultos mayores pasó del Ministerio de Salud Pública (MSP) al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en tanto se lleva adelante un diagnóstico y planificación de acciones que se desarrollarán en 2015.
El director departamental del Mides, Carlos Damico, informó que la competencia ministerial “es para aquellos hogares o residencias que tengan adultos mayores de 65 años y sin patologías psiquiátricas”, en tanto, definió que la problemática que aqueja a los ancianos institucionalizados “es histórico, estructural y económico”, con énfasis “a partir de los años 90’”.
Con referencia al aspecto económico, Damico señaló que “la mayor parte de las personas que residen son quienes no hicieron aportes jubilatorios, son pensionistas a la vejez, o tienen pensiones por discapacidad o jubilaciones muy bajas que impiden desde el punto de vista comercial estar en lugares que cuenten con una atención adecuada, lo que hace muy difícil su abordaje”. Para el referente local, “algunas familias han dejado de cumplir un rol con el abandono afectivo, fundamentalmente cuando hay otras patologías, pero se deben comenzar a reconstruir los lazos afectivos intergeneracionales”, remarcó. Paralelamente, según Damico se ha detectado que en la mayoría de los residenciales “se encuentran menores de 65 años junto a mayores de esa edad y enfermos psiquiátricos, lo cual torna aún más compleja esa problemática, mientras se discuten las líneas de abordaje”.
Ese abordaje interinstitucional comprende “a la Intendencia, a través de la Dirección de Higiene y Bromatología, por la habilitación comercial, el Ministerio de Vivienda que tiene competencia para la habilitación edilicia, el MSP en el aspecto sanitario y el Mides que aporta las políticas sociales, entre otros”, señaló.
Para el director departamental del Mides, “siempre existieron reglamentaciones coercitivas, pero nunca hubo una política hacia la vejez y envejecimiento --que se vienen discutiendo desde 2010-- bajo distintas líneas de trabajo que apunten a políticas contracíclicas para afrontar este problema y tampoco se ha tenido un presupuesto que aborde una solución interinstitucionalmente”.
Damico auguró que la complejidad social de los adultos institucionalizados, “se comenzaría a revertir en un futuro, a partir del poder adquisitivo de los salarios, sumado a la posibilidad de acceder a jubilaciones por la reforma de la seguridad social a mediano y largo plazo. Es así que un cambio en sus ingresos se traducirá en mejores cuidados”, consignó.
En este aspecto, “al mejorar los indicadores de salud, a través del Sistema Nacional Integrado, con una mayor capacidad de prevención de las enfermedades y mejores ingresos durante su actividad, obtendrán una mejor calidad de vida al llegar a la adultez”. Damico apuntó que “la población envejecida pertenece a una generación sedentaria, que contó con pocas posibilidades de desarrollar actividades físicas, pero eso ha cambiado radicalmente”.
Al momento de aportar cifras, Damico se limitó a informar que en Uruguay “el 1% de la población adulta mayor vive en residenciales”, en tanto, en Paysandú hay “cero habilitados, pero varios con trámites avanzados”.
Equipos técnicos conformados entre el Mides y el MSP realizan recorridas diariamente para elaborar diagnósticos que contengan las evaluaciones de los hogares. Además procesan las denuncias recibidas e inspeccionan el proceso de habilitación que se desarrollará este año y continuará en 2015.
“En base a ese diagnóstico, se elevará una solicitud presupuestal para comenzar a abordar el tema, que es multifacético y multicausal”, concluyó.