Opinion | 03 Abr Cuando estamos a dos meses de las elecciones internas, y nos aproximamos a las elecciones nacionales de octubre, se ha instalado en el centro del debate de dirigentes políticos, entre otros temas, un aspecto particular que refiere a la tarea parlamentaria y más precisamente a la posibilidad de que el nuevo gobierno, del partido que sea, no reúna los votos suficientes para obtener mayorías parlamentarias.
Este aspecto es precisamente analizado desde diversos ángulos, pero sin dudas quien aspira a resultar triunfante en la contienda electoral obteniendo la Presidencia de la República naturalmente procurará contar con una mayoría de legisladores que permita respaldar su gestión para aprobar leyes y promover iniciativas que inevitablemente deben pasar por el Parlamento.
Este escenario se ha dado en las dos últimas elecciones, en las que el Frente Amplio además de ganar el balotaje, en las elecciones del último domingo de octubre logró exiguas mayorías parlamentarias, pero mayorías al fin, que le han permitido aprobar leyes por mayoría simple, muchas de ellas controvertidas por la forma expedita en que se hizo y sin aceptar eventuales modificaciones a través de planteos de legisladores de la oposición.
En contrapartida, los gobiernos de los partidos tradicionales que precedieron a las dos administraciones de izquierda no contaron con mayorías propias, y por lo tanto, debió apelarse a conformar mayorías coyunturales mediante negociación ley por ley, en casi todos los casos, y eventualmente incorporar modificaciones sustanciales a iniciativas que de otra forma no iban a ser respaldadas por el Parlamento, con esta composición de respaldo de coalición.
Debe tenerse presente que en nuestra democracia representativa de gobierno, el parlamento es un ámbito en el que el ciudadano está representado a través de sus legisladores electos, y que por lo tanto es natural que las leyes requieran negociación hasta acordar una redacción que contemple las partes y determinados conflictos de intereses que de otra forma no serían procesados con toda la riqueza de matices existente en la sociedad, en aras de preservar el interés general.
Pero a fuer de sinceros, por lógica cada partido que comparece en la contienda electoral quiere obtener un respaldo en votos que le permita contar con una mayoría parlamentaria lo más confortable posible, porque de esta forma cuenta con un instrumento fundamental a la hora de sustentar su gestión sobre una mejor base ejecutiva, y porque además tiene el irrefutable argumento de que los legisladores están en esos cargos por la voluntad popular afín al gobierno.
Y por supuesto, analizando objetivamente el escenario político nacional, y teniendo en cuenta además experiencias muy negativas en el pasado, es preferible que el partido que obtenga la Presidencia de la República también se haga de las mayorías parlamentarias requeridas en respaldo de su gestión. Y decimos objetivamente, porque este es un aspecto teórico que no puede ser rebatido en un análisis abstracto.
Pero en la realidad se puede traducir en situaciones que puntualmente determinen que se haga un uso abusivo o excluyente de estas mayorías, sin tomar en cuenta para nada la opinión de las minorías. De esta forma se configura un gobierno casi de partido único, en el cual la oposición tiene voz pero su voto no cuenta para nada en las decisiones, lo que en los hechos puede llevar a que debido al exceso de confianza de quienes están en el poder se realicen verdaderos disparates en cuestión de leyes, especialmente cuando el partido de gobierno tiene tendencia a regular todo lo que le viene en mente.
Lamentablemente este escenario se ha dado de una u otra forma con los dos gobiernos del Frente Amplio, porque en contraste con las trabajosas negociaciones parlamentarias de los gobiernos que los precedieron, tanto Tabaré Vázquez como José Mujica han contado con legisladores de “manos enyesadas”, capaces de votar leyes que hasta públicamente reconocen como negativas para los uruguayos. De esa forma han aprobado prácticamente sin escisiones polémicas leyes sin siquiera tener en cuenta las observaciones de los legisladores de otras tiendas, así como tampoco de reputados juristas que han advertido en tiempo y forma que éstas serían inconstitucionales.
A la vez, se ha prestado este régimen de mayorías contra viento y marea a maniobras de presión de grupos radicales, que han concretado verdaderos chantajes hacia legisladores de la misma izquierda, como ocurriera con la recientemente aprobada Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, pero también con la ley “interpretativa” de la Ley de Caducidad, abiertamente inconstitucional, como así también la que aprobó el ICIR, entre otras iniciativas que solo contaron con el voto de legisladores del gobierno.
Esta pretensión de partido “unitario” sin fisuras, se ha traducido en que una iniciativa solo respaldada por una minoría de nueve o diez legisladores oficialistas del “ala dura”, se imponga sobre el parecer de todos los otros representantes del pensamiento ciudadano, lo que es por cierto una forma de desvirtuar el sistema republicano democrático de gobierno, y por ende consolidar una especie de “dictadura” de grupos radicales, sindicales o de corporaciones, con alto poder de chantaje ante los “moderados” una fuerza de gobierno que es demasiado permeable a las críticas y presiones de sus “socios” que en su momento contribuyeron al esquema de acumulación de fuerzas para llegar al gobierno.
Asimismo, estas mayorías “enyesadas” se han cerrado a cal y canto contra toda transparencia, porque esta mayoría parlamenaria tan rígida se ha negado a conformar siquiera una sola comisión investigadora --las mismas que el Frente Amplio reclamaba cuando era oposición-- y así se descartó instalar una investigadora sobre el proceso de Pluna, por ejemplo, que ha tenido derivaciones por todos conocidas. Surge de este análisis, aún incompleto, respecto a mayorías sí o mayorías no, que el problema no está en el instrumento, sino en la forma en que se ha utilizado últimamente. Entonces, si es para seguir haciendo las cosas como hasta ahora, un período más con mayorías parlamentarias de brazos enyesados sin dudas podría ser nefasto para los uruguayos.