Opinion | 07 Abr A pocos días de iniciarse la 49ª Semana de la Cerveza de Paysandú, la productora de espectáculos con base en México, Bcire Producciones, mediante comunicado enviado a EL TELEGRAFO, denunció de manera pública irregularidades que presuntamente fueron cometidas por el Comité Ejecutivo de la 48ª Semana. Se relacionan con la actuación del cantante argentino Ricardo Montaner en el Anfiteatro del Río Uruguay.
Por un lado, la solicitud de que la productora librara una factura por un monto inferior al real con la intención de poder evadir impuestos. La otra, que además involucra a la empresa Abitab, expresa que se habrían vendido entradas por 150.000 dólares (unas 10.000) sin informar la venta a la productora, que desde determinada cantidad de localidades comercializadas era coproductora del espectáculo.
Si a eso se suma que aun cuando falta una semana para el comienzo de la siguiente edición no se conoce el balance de la 48ª y que el presidente del comité del año pasado fue apartado de su cargo y despedido de la Intendencia, estamos ante una bomba a la que solamente le falta activar el detonador.
No obstante, cada cosa en su lugar: la denuncia pública realizada por la productora mexicana, deja cabos sueltos que al menos llaman la atención. Fue realizada pocos días antes de la 49ª Semana, una vez que fracasaran todas las negociaciones para que la misma vendiera (o coprodujera) la presencia de David Bisbal. Es lógico que la empresa haya querido proteger su posible rédito si concretaba la venta del artista español, pero ¿por qué negociar con un grupo que anteriormente cometió y pidió se cometieran irregularidades?
Las empresas serias no hacen ese tipo de negociaciones. Es cierto, Bcire sostiene que se enteró del presunto negociado con entradas vendidas a través de Abitab, pero la denunciada solicitud de presentar una factura por un monto menor, eso ocurrió durante la misma 48ª Semana, por lo cual pudo (y debió) denunciarse hace casi un año.
Y si bien el periodismo es un instrumento válido para exponer públicamente las presuntas acciones deshonestas de las autoridades, de ser ciertas no deben quedarse ahí, sino que deben ser llevadas a la Justicia. Una denuncia de estas características que no llega a la Justicia, pierde credibilidad.
Desde el otro rincón, la Intendencia Departamental de Paysandú reaccionó y de inmediato hizo la denuncia judicial contra la productora mexicana por difamación, injurias e intento de extorsión. Ni más ni menos lo correcto. Es, sin duda alguna, la Justicia la que debe determinar en este tipo de situaciones.
La prensa, sirve para “destapar la olla”, pero obviamente habrá que ver el contenido, quién puso cada ingrediente y qué resultó de eso.
Pero, más allá de estas cuestiones, queda en claro que la intendencia pudo (y debió, era lo que tenía que hacer) evitar todo este enredo (si como afirma la comuna “mentira, todo es mentira”, como expresa el tango de Ivo Pelay) con acciones simples vinculadas al gobierno abierto a la transparencia de gestión.
Como se sabe, un gobierno transparente fomenta y promueve la rendición de cuentas de la Administración ante la ciudadanía y proporciona información sobre lo que está realizando y sobre sus planes de actuación. El acceso a esta información pública debe ser facilitado de manera sencilla y clara, permitiendo de esta manera que los ciudadanos puedan realizar un control de la acción de gobierno, así como crear valor económico o social a partir de los datos públicos ofrecidos libremente por la Administración. Pero sobre todo, debe hacerse a tiempo, no un año –o más—tarde.
Es cierto, la anterior edición de la Semana presentó el inconveniente que una vez finalizada se supo de una deuda con la DGI, lo que ciertamente movió el resultado del balance. Pero nada mejor que la transparencia, especialmente en un caso así. Lo correcto, lo que se debió hacer, fue dar a conocer los números “sin DGI”, una aproximación sin el lápiz fino, que luego podría ser reformada, una vez conocido el pago total a Impositiva. Por lo demás, estos son tiempos de computadoras súper rápidas, Internet, fibra óptica y celulares inteligentes; demorar meses para dar los resultados de una fiesta local de una semana de duración no es aceptable ni en el último país de África.
Hacer mal las cosas no es lo peor. Lo peor es parecer que se hacen las cosas mal. En esta sociedad de la información, ningún nivel de gobierno puede darse el lujo de no informar en detalle. Es un error que tarde o temprano se pagará tan caro o más caro de lo necesario, dependiendo si se cometieron errores o se dio lugar a presumir que se cometieron errores.
Hay dolores de cabeza que no se curan con un analgésico sino actuando sobre lo que puede provocarlo. En este caso, aún lejos de esperar que la productora mexicana tomara la decisión de emitir un comunicado de prensa como el publicado por EL TELEGRAFO, la Intendencia debió hacer lo que decían los abuelos: curarse en salud.
Hoy, la Intendencia debe probar su inocencia. No porque hayan cambiado las leyes que determinan que se es inocente hasta que se pruebe lo contrario, sino porque en el imaginario colectivo, las acciones de las autoridades que no quedan rápidamente claras y transparentes, están sujetas a sospecha.
Este es un buen caso testigo, aunque jamás debió haber ocurrido. El no considerar debidamente las consecuencias del silencio, y el hecho de que este grita, llevó a la Intendencia a una evaluación incorrecta. Hoy el no haber expuesto con claridad los números de la Semana 48ª le juega en contra.
Que sirva de experiencia. Para ahora mismo. Que exponga transparencia en la 49ª, informando --por ejemplo-- de manera diaria el número de entradas vendidas. Que nada sea oculto en la Semana a punto de comenzarse. Porque no hay peor dolor que el que no deja una enseñanza.