Opinion | 06 Abr El último informe que presentó la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) indicó que en los primeros tres meses del año fallecieron 146 personas y 7.284 resultaron lesionadas en siniestros de tránsito. Es así que cada quince horas muere una víctima, de las cuales el 80% son hombres, más de la mitad tenían entre 15 y 39 años y circulaban en moto.
El alcohol aparece en el 70% de los siniestrados mayores de 30 años y registra un fuerte incremento durante los fines de semana. Los controles sobre el uso del casco son dispares y así como hay departamentos que han cumplido con la normativa vigente, hay otros que reconocen su escasa aplicación. Ahora con la reglamentación de la ley de tránsito se complicará aún más y se comenzará a transitar por un panorama incierto.
Es que la norma establece que los niños que no alcancen los posapiés no están habilitados a viajar en moto y deberán usar un casco acorde a su tamaño. Además, los ómnibus de mediana y larga distancia deberán contar con cinturón de seguridad en sus asientos y los autos, airbag frontales, frenos ABS y un maletín de primeros auxilios bajo un detallado contenido, entre otros aspectos.
Como sea, las intendencias no han contratado al personal suficiente para que ejerzan los controles que requiere la ley de tránsito que permanece vigente en Uruguay desde noviembre de 2007. Incluso hay jefes comunales que han reconocido que la falta de inspección responde a “una promesa electoral”.
En las últimas horas, se sumó la opinión del presidente del Congreso Nacional de jefes comunales, Armando Castaingdebat, al reconocer que “éramos totalmente ineficientes, y ahora nos agregan cosas”, reclamando incluso la instrumentación de una Policía Nacional de Seguridad Vial, que necesita de la aprobación parlamentaria.
En una sociedad marcadamente discutidora y con baja tolerancia a la frustración, la instrumentación de una ley de estas características ampliará el rechazo y la oposición, tornándose imposible el aterrizaje en cada territorio. Incluso algunos referentes políticos aportan su cuota de resistencia, hasta transformarse en un marco de referencia para un aspecto cultural no resuelto.
El precandidato a la intendencia de Soriano por el Partido Nacional, Gustavo Lapaz, dijo que retirará la obligatoriedad del uso del casco e interpondrá un recurso de inconstitucionalidad. Según el dirigente, “la ley de tránsito puede mandar en las rutas nacionales”, en tanto en “cada departamento debe mandar la intendencia y las juntas departamentales”, ante la autonomía establecida en la Constitución, según su interpretación.
Por otro lado, asoció el uso del casco con la inseguridad ciudadana. “¿Cuántos entran con el casco colocado a robar y matan gente? Por culpa del casco en los robos matan gente, por culpa del casco también se puede salvar gente. Habría que comparar las situaciones y lo que se está originando de un lado y del otro”, dijo Lapaz.
La discrecionalidad y apatía hacia esta ley es francamente ilimitada y se ha vuelto un guiño al ciudadano, pero sus consecuencias se constatan con números fríos que no tienen preferencias electorales.