Opinion | 09 Abr De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2036 la cantidad de adultos mayores en Uruguay superará a la de niños de 0 a 15 años, acentuando la tendencia que se ha venido dando ya en los últimos años de un crecimiento porcentual cada vez mayor de los adultos mayores respecto a la población en general.
En Uruguay hay 606.987 pasivos, de los cuales el 37,53% son hombres y 62,47% mujeres. De esos pasivos, 406.492 son jubilados, donde 9.776 pertenecen al régimen mixto (BPS y AFAP). La mayoría de los jubilados son mujeres, 55,23%, frente a un 44,77% de hombres. En promedio un jubilado gana $10.043,16 por mes, de acuerdo a datos dados a conocer por El País.
El envejecimiento poblacional responde por un lado a bajos valores de natalidad y por otro a una mejora en la atención de salud de los adultos mayores, mayor en la calidad de vida de la población, vida más saludable, avances en la medicina, etcétera.
Ello indica que la población seguirá envejeciendo y esto tendrá consecuencias en una diversidad de áreas, como es por ejemplo el sistema de seguridad social. En este sentido el expresidente del Banco de Previsión Social (BPS), Rodolfo Saldain, dijo que esto impacta ya fuertemente en el sistema jubilatorio y en el sistema nacional de salud, en la medida en que el costo de la asistencia de los adultos mayores es el más caro.
A su juicio, el envejecimiento de la población tiene un mayor impacto en el sistema jubilatorio cuanto más dependa de las finanzas públicas, y menor cuanto más dependa del ahorro previo, por lo que a su juicio “la alternativa es incrementar los espacios para el ahorro durante la vida activa potenciando los esquemas de ahorro individual”.
En el mismo sentido, la directora en representación del sector empresarial en el BPS, Elvira Domínguez, advierte que los primeros problemas van a empezar a manifestarse en el año 2030, por lo que considera que “se deben tomar medidas ya”.
En el último diálogo nacional de seguridad social “planteamos la necesidad de aumentar la edad jubilatoria en forma paulatina, de 3 a 4 meses por año”, dijo Domínguez, habida cuenta de que el BPS depende de los aportes de las personas activas pero también de lo que le remite Rentas Generales --en mayor medida a través de nueve puntos del Impuesto al Valor Agregado, que van para el BPS-- para compensar las dificultades financieras por la carga de pagos en el sistema.
Las opciones con que se cuenta para hacer frente a esta situación no son muchas: o se logran más recursos de algún lado, o se trata de ir estirando la edad de jubilación para que el condicionamiento sea menor en el tiempo, porque además seguirá en aumento la expectativa de vida de la población, con sus aspectos favorables y negativos, según el ángulo desde el que se mire.
Domínguez consideró que acumular 35 años de trabajo o jubilarse a los 65 años de edad son algunas alternativas que propone para una situación “muy compleja que debe ser estudiada por expertos”, ya que los activos tendrán que cargar con un “peso muy fuerte” de las pasividades. Las medidas que se tomen deben evitar que las cargas “tan altas” lleven a la informalidad, con lo que se estaría ingresando ya en otro problema.
Sobre el mismo tema, el representante de los jubilados y pensionistas en el BPS, Sixto Amaro, dijo a El País que “el actual sistema colapsa en muy pocos años. La sociedad recorre una época del envejecimiento del envejecimiento. Esto, naturalmente, es uno de los elementos que está indicando que en el próximo diálogo de seguridad social, el tema demográfico es insoslayable porque afecta no solamente a la financiación del BPS sino la visión del país productivo. Las estructuras del actual sistema mixto de seguridad social obviamente no están en condiciones de dar respuesta a este proceso demográfico”.
“Tenemos que vivir más años con dignidad, y por eso se trata modificar el actual sistema de seguridad social, que dentro de muy pocos años no va a poder dar respuesta a esta situación demográfica”, advirtió, y considera que aumentar la edad de jubilación es una alternativa pero no la única, teniendo en cuna que a su juicio si no se desviaran los fondos del sistema, por ejemplo transferencias a las AFAP, éste tendría menos problemas.
Otras posibilidades refieren a combinar vida activa y jubilaciones, como propone el sociólogo Fernando Filgueira, y por otro lado podría otorgarse una prestación básica a todos los adultos mayores y ajustar las tasas de reemplazo, que implica “cuánto me dan en relación a mi salario” y que “se puede modificar para darle sostenibilidad al sistema”.
Para Filgueira, la forma más importante de hacerlo es aumentar la utilización de la población activa como factor activo, que incluye la incorporación de la mujer al mercado laboral. Y requiere una fuerte inversión en infancia, adolescencia y juventud para que sean más productivos.
El punto es que el tema tiene que dejar de ser tabú y debe considerarse un problema que afrontarán las próximas generaciones, por cuanto refiere ya a dificultades del presente que irán incrementándose, y de poco y nada servirá que se siga pateando la pelota para adelante, dejando que traten de resolverlo los que vengan.
Es lógico, cualquiera sea la naturaleza de la salida o combinaciones de alternativas, quien vaya introduciendo estas reformas debe adoptar medidas que no serán simpáticas y que implicarán costos políticos, por lo que es impensable transferir esta responsabilidad a un solo partido o gobierno. Los representantes de todo el sistema político, de organizaciones sociales, expertos en seguridad social, jubilados y trabajadores, deberán buscar desde ya la generación de un gran diálogo para evaluar el escenario y las opciones que se presentan, para adoptar en este sentido políticas que trasciendan una sola administración de gobierno, buscando el mayor consenso posible pero siempre dejando la decisión y las medidas en manos del sistema político, que es el que representa a todos los ciudadanos y al interés general, por encima de los intereses sectoriales y de corporaciones.