Nacionales | 20 Abr El Estado dará cobertura a unos 20.000 hijos de personas procesadas con prisión, al tiempo que el Ministerio del Interior contratará una consultora para realizar un relevamiento nacional de esos menores, cuyos padres están presos.
“Este proyecto tiene un foco preventivo y humanitario. Es algo muy importante para proteger a la infancia. Muchos de los hijos de padres presos sufren situaciones como inicio precoz en drogas y maltratos o comienzan su carrera delictiva con pequeños robos. Se trata de hechos comprobados”, dijo a El País la asesora del ministro Eduardo Bonomi en materia carcelaria, Gabriela Fulco.
Según Fulco, en este momento hay 9.600 personas alojadas en el sistema carcelario. “A un promedio de dos hijos por pareja, tenemos unos 20.000 niños atendidos por vecinos, el INAU o por personas desconocidas para ellos. Ningún gobierno atendió esta situación”, advirtió.
La asesora ministerial insistió en que el objetivo del programa busca subsanar “hechos graves” como la separación de hermanos, la institucionalidad de niños en hogares de amparo del INAU, cambios de escuelas e interrupciones de controles sanitarios.
En 2009, el Ministerio del Interior realizó un relevamiento primario sobre la situación de los hijos de delincuentes tras entrevistar a madres presas en la entonces Cárcel de Mujeres. El sondeo apuntó a los hijos de mujeres privadas de libertad que no estaban con ellas en la cárcel, por lo tanto, no relevó a los hijos de presas que vivían con sus madres en dicha cárcel.
El plan también otorgará contención y ayuda psicológica para que los niños puedan enfrentar el shock de visitar a sus padres en una cárcel y saber lidiar con los peligros y las conductas visualizadas en las visitas a los penales.
El programa del Ministerio del Interior se denomina “Apoyo a la Consolidación de la Reforma Penitenciaria con énfasis en las mujeres privadas de libertad y sus hijos”. Cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU Mujeres, entre otras agencias internacionales.

MURIÓ BANQUERO CLAVE DE CRISIS URUGUAYA
El exbanquero argentino y coautor del fraude al Banco Comercial en 2002, José Enrique “Puchi” Rohm, falleció el pasado martes en Buenos Aires, según consta en varios avisos fúnebres publicados en el diario argentino La Nación.
Rohm tenía 69 años y nunca fue detenido por el fraude y otros delitos --que junto a su hermano Carlos-- perpetró al Banco Comercial y al argentino Banco General de Negocios (BGN). De acuerdo al dictamen de José Balcaldi, juez que tomó la causa del Comercial, Carlos Rohm, ayudado por su hermano José, montó una verdadera “ingeniería financiera” por medio de contabilidades paralelas y falsificaciones que causaron un perjuicio al Estado y al sistema financiero uruguayo de U$S 600 millones.
Según el dictamen, las maniobras se comenzaron a ejecutar desde que los Rohm adquirieron el banco en 1990 y se siguieron realizando hasta que la institución fue intervenida por el BCU. También lo efectuaron a través de la Compañía General de Negocios una off-shore uruguaya.
Para la Justicia uruguaya, Carlos Rohm fue quien durante años impartió las instrucciones para “ocultar y desviar fondos” en sociedad indisoluble y complementaria de su hermano José Rohm, quien “cuando ya se hacía insostenible continuar ocultando el virtual vaciamiento del banco, viajó a poner en conocimiento a los accionistas extranjeros de los hechos y así lo hizo para darse a la fuga”.
Carlos estuvo preso desde 2002 hasta marzo de 2005 cuando fue liberado bajo fianza. La Justicia uruguaya pidió su extradición que fue negada por su par argentina al entender que ya estaba siendo juzgado en su país.
En cambio, José Enrique nunca fue detenido y se quedó en Estados Unidos hasta que logró la exención de prisión bajo fianza y retornó a Buenos Aires, donde falleció el martes. En Argentina estuvieron acusados de lavado de activos y asociación ilícita.

MUJICA SE REUNIÓ CON ZIMMER EN LA CÁRCEL
El presidente José Mujica y su esposa, Lucía Topolansky, visitaron al exintendente de Colonia, Walter Zimmer, en la prisión de Piedra de los Indios.
Según informa El País, el mandatario y el exjerarca se reunieron durante dos horas en el predio carcelario “por razones humanas”, dijo Mujica al retirarse. Asimismo, manifestó que siente un “hondo aprecio” por Zimmer y señaló que le había pedido “tranquilidad y paciencia”, manifestándole que conoce “lo que es estar ahí”.
“Vine porque es un momento difícil y habíamos tenido una relación amistosa todos estos años”, manifestó Mujica a Subrayado. “Yo no soy juez, pero sé mucho más que él, lo que es estar preso”, agregó.

COMENZÓ EL RETORNO DE TURISTAS
La operación retorno de los turistas que acudieron a distintos puntos del país, ha comenzado con un importante flujo de vehículos.
Según informó Rúben Fernández de Policía Caminera a El Observador, el único accidente en la vuelta de los visitantes se registró en el kilómetro 33 de la Ruta 5 a la altura de Progreso, departamento de Canelones, protagonizado por una moto, un auto y una camioneta, con dos heridos.
En tanto, en el transcurso de esta semana, nueve personas fallecieron en accidentes de tránsito, superando el registro comparado con el mismo período del año pasado.
Este domingo, Policía Caminera intensificará el operativo por todas las rutas que tengan como destino a Montevideo. Fernández explicó que trabajarán con apoyo de la Intendencia capitalina, que brindará equipos de rescate.
También la Fuerza Aérea cooperará con Caminera realizando un patrullaje aéreo de las rutas más transitadas, como la Interbalnearia y la Ruta 8. Otro operativo especial fue montado con motivo de la peregrinación hacia la Virgen del Verdún.
“Se trata de la gestión y mejor utilización de las rutas que llevan hacia el cerro”, explicó Fernández.

MÁS DE LA MITAD ESTÁ PROCESADO
De las 320 camas que tiene el Hospital Vilarderbó, 167 son ocupadas por personas derivadas por la Justicia, declarados inimputables o por patologías supervinientes.
El 53% de los pacientes internados fueron procesados por la Justicia. Son 167 personas declaradas inimputables o que provienen del sistema carcelario, según publica El País. En el primero de los casos, el delito fue cometido bajo la afectación de una enfermedad mental y por lo tanto, no hay responsabilidad por el acto. Tal es el caso del futbolista Jorge García, que estranguló a su padre, o de la madre que asesinó a su beba en Maldonado porque escuchó voces.
Por otro lado, están quienes fueron imputados por la comisión de un delito pero la enfermedad mental devino una vez que estaban alojados en un establecimiento penitenciario. El director de Salud Mental de ASSE, Horacio Porciúncula, dijo que algunos de los pacientes no deberían estar en el Vilardebó porque requieren otro tipo de tratamiento.