Locales | 21 Abr La ONG Welly, Luz y Vida, que se ubica en la localidad de Toledo, Canelones, realizó una jornada de recolección de firmas junto a la ONG Amigos de los Animales Paysandú en adhesión a la Ley de Protección Animal, para que el maltrato animal sea llevado al Código Penal como delito y que los animales dejen de ser considerados objetos semovientes, para pasar a ser sujetos de tutela jurídica.
La integrante del grupo visitante, Lilián Ruiz, informó que recorre el país promoviendo jornadas de concientización y a nivel local se llevó adelante en la zona del Obelisco, durante el desarrollo de la Semana de la Cerveza.
Ruiz, que es abogada y escribana, aclaró que esta iniciativa mantiene “otro encare a la Ley de Tenencia Responsable, que es ‘bienestarista’ y apunta al hombre, en tanto, la de Protección se dedica cien por ciento al animal, a tal punto que establece que los animales destinados a consumo tengan una muerte digna. La Ley 18.471 los considera cosas y en esta son sujetos de tutela jurídica de protección legal, como en la ley argentina que los considera seres sintientes”, puntualizó.
La referente de Welly, Luz y Vida explicó que “hablamos de un código --como el que consideraba cosas a los esclavos-- y con este proyecto se cambia ese concepto. Si son cosas, quienes nos hacemos cargo, entonces somos depósitos de cosas”, añadió.
El refugio que Ruiz lleva adelante con el veterinario Gustavo Dittrich cumplió 20 años, cuenta con 200 perros, unos 30 gatos, un caballo y debe abastecerse con “1.500 kilos de ración por mes para adultos, 500 kilos para cachorros y 500 para gatos” y agregó que se hace cargo de las respectivas vacunas, medicamentos e insumos de castración. “Soy doctora en Derecho y escribana y me jubilé para criarlos”, consignó. Junto al vicepresidente de Welly, Pablo Alexandre, son coautores del proyecto que “nació del corazón del refugio y de las necesidades que vivimos a diario, por eso hablamos con propiedad”, dijo Ruiz.
A través del proyecto “pedimos ayuda estatal para los refugios de todo el país y que las castraciones sean obligatorias bajo pena de multas. La regla es la castración porque hay población dispersa”, al tiempo que rechazó a la perrera como una solución posible.
Ruiz reclamó la necesidad de “policías, abogados y jueces especializados, como existen en Brasil y hospitales públicos para animales en todo el país, con tres comisarías en Montevideo y una en cada departamento”, explicó.
En la iniciativa, se rigen las domas y que sean practicadas “sin sufrimiento ni elementos que lastimen, establece la prohibición de animales en los circos, el cierre de los zoológicos y el posterior traslado de los animales a su habitat natural, como el Parque Lecocq o la Reserva Tálice”. Incluso declara a la zoofilia como delito, promueve la creación de un registro de nacimiento y otro de defunciones, “con la obligación de informar cuando se trate de una muerte violenta”, explicó.
En el anteproyecto, “pedimos que haya una materia de derecho animal en Primaria, Secundaria y a nivel terciario en Veterinaria y Derecho, además de prohibir el sacrificio en las religiones y la experimentación, tal como ocurre en Europa. Esta ley es para un inocente que no puede defenderse”, afirmó.
Según Ruiz, “los asesinatos comienzan con animales considerados peligrosos para sociedades que tienen homicidas en potencia. Por lo tanto, se debe actuar de igual forma que con el delito de asociación para delinquir o por provocar sufrimiento innecesario en su víctima hasta ocasionar la muerte y que se considere un agravante no presentar arrepentimiento”, detalló.
Hasta el momento se han recogido más de 3.000 firmas a nivel nacional, desde la presentación de la iniciativa el 6 de noviembre de 2013. La gira se extenderá hasta octubre, buscando “voluntad cívica porque no hay voluntad política”, afirmó.
Ruiz anunció que el próximo 30 de mayo se llevará adelante una movilización de 14 a 18 horas, frente al Palacio Legislativo, con la convocatoria de un representante por el Interior. La ONG Amigos de los Animales Paysandú cuenta con papeletas para recepcionar voluntades que lleven adelante la mencionada ley.