Opinion | 22 Abr Tras poner en marcha políticas populistas y voluntaristas que indudablemente le han dado réditos electorales, el gobierno de Cristina Fernández, que había seguido los pasos de la administración de Néstor Kirchner, ha iniciado un proceso de reversión de algunos instrumentos que ha utilizado profusamente, y que ha podido sostener durante algunos años “pateando la pelota para adelante”, pero que ya no resiste más parches de último momento, por lo que todo indica que hay convencimiento de que ha llegado de a poco la hora del sinceramiento.
Así, presionada por las caídas de las reservas del Banco Central, la economía debilitada y una inflación real que el año anterior orilló el 30 por ciento, Cristina Fernández optó por recortar en los últimos tres meses los multimillonarios subsidios al consumo de gas natural y ha aceptado una devaluación del peso cercana al 20 por ciento.
Asimismo, ante los fuertes cuestionamientos internos, pero sobre todo del propio Fondo Monetario Internacional, ha debido cambiar la metodología de medición de los índices inflacionarios de los últimos años, cuando se anunciaban guarismos del 10 por ciento para todo el año, y en realidad el incremento de precios había superado el 25 por ciento, de acuerdo a los indicadores privados, mucho más cercanos a la sensación térmica de los ciudadanos, desde hace tiempo escépticos sobre la veracidad de las estadísticas oficiales.
Incluso recientemente el gobierno argentino ha acordado compensar a la española Repson con 5.000 millones de dólares por la nacionalización de la estatal petrolera YPF en 2012, al mismo tiempo que el Banco Central ha aumentado las tasas de interés en moneda nacional para desalentar las compras masivas de dólares y la consecuente alza de la divisa en el mercado no oficial.
Es decir, se trata de medidas que en líneas generales responden a una ortodoxia en políticas económicas que lisa y llanamente significan atender la realidad y no seguir viviendo en castillos en el aire, aunque todavía hay mucho por recorrer, sobre todo para ponerse en onda con sus deberes ante los acreedores internacionales, debido a su necesidad de divisas y la falta de crédito externo tras el default.
Los cambios en la política económica tuvieron como consecuencia inmediata un alza del 19 por ciento en las acciones argentinas este año y dispararon un 9,5 por ciento los bonos locales, en una tendencia que los analistas esperan que se extienda en el tiempo, de forma de establecer un colchón para que el gobierno tenga algún margen mínimo de maniobra.
Pero, pese a las “correcciones”, el vecino país sigue padeciendo un impresionante gasto público que es preciso seguir financiando con detracciones a los sectores reales de la economía, primero, porque no se han desmantelado totalmente los subsidios, y por otro lado, sigue volcándose gran cantidad de recursos en políticas sociales que son sostén electoral, pero que no significan retorno en inclusión y en promoción del trabajo de los beneficiarios y por ende se mantiene abierta la tapa de un foso que se traga gran cantidad de dinero de los ciudadanos.
Una condicionante que comienza a pesar fuertemente, además, es la proximidad del compromiso electoral del año venidero, lo que conlleva un obstáculo para seguir instrumentando los cambios necesarios, teniendo en cuenta que la quita de subsidios que tiene como una consecuencia inmediata el alivio fiscal y consecuentemente de la presión tributaria, significa a la vez la pérdida de poder adquisitivo para sectores que son el sostén electoral del gobierno.
Es decir que por un lado si profundiza los cambios el gobierno podría poner la economía en mejor forma para que quien suceda a la mandataria a fines del próximo año en la primera magistratura pueda estar en mejor posición para más o menos enderezar el rumbo. En buen romance, cuanto más se recorten los enormes subsidios y se tolere una devaluación de la moneda, menos dolorosas serán las reformas que deberá aplicar el sucesor de la presidenta argentina, de acuerdo a los analistas.
Pero el problema es que un ajuste fiscal de estas dimensiones es altamente impopular, pese a que es un remedio inevitable, y el dilema se sitúa en cuándo hacerlo, porque pese a que es inevitable, desde el punto de vista de los costos políticos, se podría seguir estirando el momento crítico, porque quien gane las próximas elecciones tendrá que asir el hierro caliente de la economía argentina, y los consecuentes reclamos corporativos.
Por ejemplo, la analista de la consultora Management & Fit, Mariel Fornoni, evaluó que “lo que no está claro es si ella (Cristina Fernández) va a realizar un gran ajuste fiscal o solo el necesario para entregar el poder sin una crisis”, teniendo en cuenta además que la mandataria había prometido hasta los últimos meses de 2013 que no iba a devaluar el peso ni ajustar la política fiscal, con el argumento de que sería un camino hacia el caos. Por supuesto, lo único que se ha hecho con dilatar los correctivos es hacer que éstos deban ser más drásticos y traumáticos, generando males mayores que los que se pretendía evitar, y este antecedente obra como un indicativo de que posiblemente se continuará en la tesitura gradualista, positiva pero insuficiente, y que seguirá ejecutándose con un alto costo para el país ante los intereses electorales en juego.