Opinion | 26 Abr La “desaparición” de la maquinaria de una empresa elaboradora de refrescos capitalina, con red de distribución que le permitía también llegar al Interior y eventualmente también exportar a Canadá, determinó una “cacería” o más bien un trabajo de inteligencia del sindicato de los trabajadores de la bebida FOEB, teniendo en cuenta que han quedado por el camino unos sesenta empleados de esta industria.
En este caso la empresa Mío, instalada en la zona de Sayago, había cerrado sus puertas por el feriado de Semana de Turismo --es notorio que Montevideo queda vacío en Turismo, donde son pocos los que siguen trabajando-- y cuando los empleados concurrieron el lunes siguiente a la fábrica, se encontraron con que no había empresa, y que el dueño había desaparecido con maquinaria y todo.
La pesquisa de la FOEB, con su máximo dirigente Richard Read a la cabeza, permitió ubicar al dueño de la empresa y su maquinaria en un galpón, por lo que se montó un “escrache”, con guardia gremial, hasta que apareciera el responsable ante la convocatoria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de procurar la reapertura o eventualmente el remate e indemnización a los empleados.
Por supuesto, nadie puede alegrarse por el cierre de una fuente de trabajo, sobre todo cuando se trata de una pequeña o mediana empresa que lucha por sobrevivir, pero el caso de este empresario, que ha sido dramático para decenas de familias, se inscribe en una problemática laboral y empresarial del Uruguay que es representativa de una trama muy compleja.
Más allá de la historia de algunos incumplimientos del empresario, y de que fue obligado a pagar el laudo del sector, que posiblemente ha sido el factor desencadenante de la inviabilidad de la empresa, debe tenerse en cuenta que este cierre intempestivo no encuadra en la normativa vigente, y que en todos los casos si la idea era cerrar o reinstalarse, debe hacerlo en base al ordenamiento legal vigente y respondiendo a sus obligaciones.
Pero debe tenerse presente que lo que le ocurre a esa empresa se inscribe en una situación similar a la de centenares de empresas, sobre todo en el Interior, que hacen malabares para subsistir, cuando por un lado les han subido los costos laborales y por otro el Estado no afloja en los costos que aplica en el caso de los servicios y obligaciones tributarias, lo que ha ido erosionando rentabilidad y entre otros aspectos, determinado que muchos empresarios, ante la encrucijada, trabajen total o parcialmente en negro, para no bajar la persiana.
Y más allá de este episodio en particular, esta realidad no debe ser ignorada por los gobernantes, porque se está coartando nada menos que el espíritu emprendedor y haciendo que cada vez más el sueño de muchos ciudadanos sea el de depender del Estado a través de un empleo público o acogerse a los planes asistenciales del Mides, en el otro extremo. Aunque obviamente, no parece que este sea el caso del propietario de Mío.