Locales | 26 Abr Montes del Queguay está “muy próximo” a incorporarse al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), en tanto que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvitma) “ultima los detalles administrativos” en ese proceso, según informó el coordinador general del proyecto SNAP, Guillermo Scarlato.
Las áreas protegidas contribuyen a la conservación del patrimonio natural y cultural y ayudan a reducir las presiones causadas por las actividades humanas sobre estos ambientes. Entre 2008 y 2014 se incorporaron diez zonas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El conjunto abarca 125.000 hectáreas (0,4%) del territorio continental y marino del país. Además de Montes del Queguay (Paysandú) y Laguna de Garzón (Rocha y Maldonado), los Humedales de Santa Lucía (San José, Canelones y Montevideo), Laureles-Cañas (Tacuarembó y Rivera) e Isla de Flores (bahía de Montevideo) también avanzaron en el proceso tendiente a su incorporación al SNAP. “Durante el año 2013 se avanzó en los procesos de ingreso de dos nuevas áreas al SNAP: Montes del Queguay (Paysandú) y Laguna de Garzón (Rocha y Maldonado)”, informó Scarlato en la edición número 10 del Boletín SNAP. En el caso de Montes del Queguay, la consulta pública fue realizada en diciembre de 2012, alcanzándose buenos niveles de acuerdo entre distintos actores, públicos, privados y de la sociedad civil vinculados a esas áreas.
En cuanto a la categoría propuesta para integrar a Montes del Queguay al SNAP, es la de “área protegida con recursos manejados”. Esto plantea la existencia de criterios generales de manejo y condiciones de uso que establecen, por ejemplo, que serán permitidas las actividades productivas que se realizan actualmente dentro del área, estimulando actividades y modalidades productivas amigables con el medio ambiente.
En la referida audiencia pública se informó que serán impulsados procesos de revisión de las prácticas productivas que se realizan en el área para identificar las correctas, se promoverá la aplicación de buenas prácticas turísticas, agrícolas, ganaderas y forestales y se buscarán mecanismos e incentivos que faciliten su aplicación. La propuesta plantea también la búsqueda de acuerdos entre todos los actores, de forma de dar garantías del compromiso de todos con una gestión coordinada del área y la compatibilización del interés particular con el general. Las actividades de tala de monte nativo, pesca y caza deberán ser autorizadas por las autoridades competentes y el administrador del área protegida.

PROCESO COMPLEJO
“El nuestro es un sistema muy joven que ha avanzado muy rápido en su construcción en los últimos seis años aunque comprende a un porcentaje muy pequeño del territorio nacional todavía”, destacó. Adelantó que “la proyección es seguir incorporando nuevas áreas que representen elementos de valor diferentes en el territorio”.
“En el proceso de incorporación de nuevas áreas somos cuidadosos en conformar un sistema que represente la diversidad biológica del país”, señaló el jerarca. “Debemos avanzar gradualmente en tener representados en las áreas los distintos tipos de paisajes típicos y ecosistemas de Uruguay y las diferentes especies identificadas como prioritarias para la conservación”, sostuvo.
A modo de ejemplo, afirmó que “es muy distinto Lunarejo (ecosistemas de quebrada, campos de basalto superficial y valles de arenisca) de la Laguna de Rocha (laguna costera con una dinámica de intercambio entre el océano y la laguna, con un sector marino y uno lacunar). “El conjunto de las áreas tienen que representar la riqueza de la biodiversidad, y también en valores de patrimonio cultural”, agregó.
Respecto a la lentitud del proceso de incorporación de un área protegida, dijo que “es necesario comprender que los procesos de ingreso de las áreas al sistema son relativamente complejos”. “Por un lado, requieren un análisis y una definición desde el punto de vista técnico que justifique que una determinada área sea parte del sistema. Después, añadió, hay otro proceso por el cual se deben lograr niveles de acuerdo social suficientes para que, una vez que el Poder Ejecutivo decreta la incorporación de un área, su implementación sea razonablemente viable”.
Para ilustrar la complejidad del proceso de incorporación de un área al SNAP, Scarlato sostuvo que, a diferencia de otros países de la región, en Uruguay se instala y desarrolla sobre tierras que en alta proporción son privadas y están incorporadas a sistemas productivos o a distintos usos. Esto hace que “debamos trabajar en conservación de territorios bajo uso humano”, observó.