Opinion | 03 May Es cierto que el estilo de las campañas electorales en nuestro país, y sobre todo las ideas que se largan muchas veces desde una tribuna dejan mucho que desear en cuanto a coherencia y asidero si se tiene en cuenta la argumentación de la propuesta, ante un público generalmente incondicional que asiste a estas convocatorias.
El tema de la seguridad pública, es motivo de muchas de estas salidas de tono y cruce de acusaciones y diferencias entre los candidatos, sobre todo porque sin dudas la fuerza de gobierno ha apostado a que en poco tiempo dieran resultado las políticas sociales que ha desarrollado como un factor decisivo para abatir los índices de criminalidad, y sobre todo en lo que refiere a los delitos cometidos por la minoridad infractora.
Como todo uruguayo sabe --y lo sufre en carne propia-- lejos de reducirse la ola de inseguridad, se suceden hechos que ponen de relieve que estamos muy lejos de la solución.
El razonamiento simplista del actual gobierno sostiene además que la inseguridad es una “sensación térmica”, como se ha tratado de hacer entender a la ciudadanía desde la Administración del expresidente Tabaré Vázquez y sobre todo de su exministro del Interior José Díaz, quien en aplicación de la ley de humanización carcelaria dejó en libertad a centenares de presos, y en esa postura han recaído los dos precandidatos de la coalición de izquierdas, Dr. Tabaré Vázquez y senadora Constanza Moreira.
Vázquez ha sostenido que si se aprueba el plebiscito de bajar la imputabilidad a los 16 años, los menores van a ir a las cárceles de adultos donde “los van a violar”. Es raro que el expresidente sostenga tal posición, cuando sabe muy bien que la propuesta de la oposición se basa en la creación de un instituto de rehabilitación específico para menores, con las garantías del caso. Podría argumentarse con mayor peso que algo así es como funciona actualmente y que por lo tanto no habría necesidad de cambiar la Constitución, pero está claro que en el INAU no se rehabilita a nadie y en cambio se suceden las fugas de los “infractores”, muchos de los cuales son consumados delincuentes, incluso crueles homicidas.
A su vez, Moreira lanzó la “propuesta” que se cambien las penas y que los rapiñeros no estén amenazados de ser remitidos por cuatro años, por perpetrar rapiñas o arrebatos, porque es “cruel” y fuera de lugar.
Nos tememos que la senadora no debe estar enterada de que esas pequeñas “infracciones” muchas veces terminan con una persona de edad lisiada o con graves heridas que la invalidan de por vida, cuando no con un trauma muy difícil de sobrellevar, y que si el delincuente es un menor de 18 años, además saldrá en poco tiempo a la calle a cometer nuevamente delitos contra el prójimo.