Opinion | 11 May El último informe “Situación de calle desde una perspectiva de género y el trabajo de atención directa” que el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, presentó junto a la directora de Inmujeres, Beatriz Ramírez, presenta un aumento de los casos de mujeres que concurren a los refugios con sus hijos.
El 80% de las personas atendidas son hombres y el 80% de las mujeres en situación de calle sufre de alguna patología pisquiátrica. Además, el 25% de las mujeres tiene menos de 15 años y se constata una tendencia creciente a encontrar jóvenes en situación de calle a más temprana edad.
El secretario de Estado reconoció este último dato y explicó que “hay muchos jóvenes con consumo problemático de sustancias” o mujeres abusadas, lo que definió como “emergente” y en aumento. En 2010 había 400 personas en los refugios, en el 2011 aumentó a 600 y en la actualidad hay 1700. El presupuesto destinado al programa aumentó de $ 34 millones en 2010 a $ 250 millones en 2013.
El consumo de sustancia, que –según surge de los datos oficiales-- tiene una tendencia creciente, genera otros problemas que serán de difícil resolución en el marco de programas oficiales y que responde a una raíz humana, como es el caso de las rupturas familiares asociadas a esta problemática. Si por un lado se ha logrado aumentar la capacidad de atención a una población vulnerable y bajo serios problemas de violencia intrafamiliar, no se ha logrado superar el escollo de recuperación de quienes presentan un consumo abusivo de alcohol o drogas.
Si –tal como lo dice Olesker-- la sociedad veía como un problema “masculinizado” a la situación de calle cuya tendencia lamentable va revirtiéndose poco a poco hasta volverse más mujer y aún más adolescente, existirá entonces un aspecto relevante que actuará como la causa y consecuencia de lo analizado en el informe.
Con el aumento de la violencia y el abuso de sustancias, aumenta la población vulnerada en sus derechos que no tiene otra salida y que además no está identificada de forma clara, aunque han mejorado los registros.
Por otro lado, se encienden algunas alertas ante la constatación de un ascenso en los guarismos de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso y que también forman parte de los últimos dos informes presentados.
A pesar de la divulgación de una mejora en los indicadores sociales y económicos, hay una población que se incrementa a la inversa y no se incluye en esas cifras oficiales.
Las víctimas reciben atención, pero el problema de fondo seguirá existiendo hasta que no se encuentre una solución estructural a una problemática de coyuntura, tal como le gusta definir a los técnicos.