Opinion | 12 May La tregua que ha dado el Indice de Precios al Consumo (IPC) en el mes de abril, con una pequeña deflación ante un guarismo que para los 12 meses anteriores superaba el 9,51 por ciento, ha alentado al equipo económico a procurar una extensión del acuerdo suscripto hace unos dos meses con los grandes supermercados para mantener “congelados” los precios, de forma de arremeter contra el reajuste continuo de valores en la economía, que ha sido determinante para que la inflación se acercara peligrosamente a los dos dígitos, que es una barrera sicológica a la que el gobierno por supuesto no quiere llegar.
Ocurre que como bien lo reconociera en su momento el ministro de Economía y Finanzas, Ec. Mario Bergara, por ahora el Poder Ejecutivo se ha volcado de lleno a atacar las consecuencias pero no las causas de la inflación, que es sobre todo hacer que el reajuste constante de precios no se refleje en el IPC, que no solo toma los de los productos de consumo diario en el hogar, sino otros valores complementarios que incluyen por ejemplo costos de los servicios y energía, entre otros.
En esta oportunidad el gobierno ha instruido a los directores de UTE para que rebajen el precio de las tarifas eléctricas en el orden del 8 por ciento, con el argumento de que la generación eólica permite ahorrar dinero al organismo, y en el mes anterior a su vez aumentó el subsidio a las cuotas de las mutualistas apuntando a que esta mayor disponibilidad de dinero en los hogares promedio se reflejara en el IPC.
Es decir que por acciones excepcionales el Estado ha cedido parte de recaudación o aumentado erogaciones para que se desacelere de alguna forma el proceso inflacionario, el que naturalmente es mucho más complejo que valores de servicios o el propio aporte del Estado, porque el abaratamiento parcial y temporal que éste hace por la vía de renuncia fiscal no tiene la contrapartida de aflojar la presión tributaria sobre los sectores reales de la economía, en los que sigue pesando la ecuación salarial, las cargas sociales e igualmente elevados valores de la energía y otros insumos, que tienen que ver además con el peso del Estado sobre la economía.
En esta pretensión de desacompasar el IPC estadístico de la inflación real todos sabemos que el resultado más temprano que tarde va a ser que ambos coincidan por la fuerza de la realidad, que es mucho más porfiada que las medidas temporales que se adopten para atemperar impactos, las más de las veces para ganar tiempo a la espera de que por la vía de estas señales las expectativas de los operadores se reduzcan y se logre enfriar la espiral inflacionaria.
Tampoco puede despreciarse --es más, es un factor a esta altura fundamental-- el componente de que estamos en año electoral, cuando el impacto inflacionario sin dudas se reflejará en el talante de los votantes en octubre y eventualmente en noviembre, por lo que ningún gobierno –tampoco el actual-- se anda con chiquitas a la hora de sacrificar recursos para hacer que se tienda a la estabilidad por lo menos durante unos meses, hasta que los recursos no den más, aunque sí superando el momento clave del compromiso electoral.
Estamos por lo tanto ante una carrera entre inflación real y tiempos políticos, con “toqueteos”en la economía que parten de la decisión del Poder Ejecutivo de contribuir, muchas veces con métodos que no son ortodoxos, a que el impuesto encubierto que es la inflación, sobre todo para los sectores de ingresos fijos, no impacte negativamente en la población.
Hasta ahora ello se ha logrado, sin dar soluciones definitivas ni mucho menos, por los factores que apuntamos, lo que indica que seguimos con una inflación estructural que rebrotará tan pronto se considere que no es más necesario o posible seguir volcando dinero o sacrificio fiscal para contener el IPC.
Ello indica que habrá un presente griego para el próximo gobierno, porque los correctivos que no se hagan ahora para alinear los valores se tendrán que hacer por quien asuma el 1º de marzo de 2015, salvo que con mayores problemas y dificultades por no haberse hecho las cosas en tiempo y forma. Los empresarios ya han manifestado que les resulta imposible mantener el acuerdo de precios más allá de mediados de junio próximo, pero la realidad indica que en muchos casos este acuerdo ya ha sido dejado de lado por imperio de las circunstancias, lo que muy bien hemos apreciado precisamente los sanduceros en las góndolas de los supermercados en productos que impactan directamente en los hogares, sobre todo los de menores recursos, donde la inflación es superior a la que reflejan las estadísticas porque se centra en los artículos de uso diario. Y no es porque sí que ello sucede, porque por más sacrificio fiscal que se haga para una contrapartida a esta presunta congelación, los salarios siguen reajustándose de acuerdo a los convenios en cada rama, la presión tributaria igualmente se mantiene porque no alcanza con bajar la cuota mutual en base a subsidios o también de alguna forma subsidiar la tarifa de UTE, cuando quien debe afrontar crecientes costos mes a mes debe tratar de evitar que los números se pasen a rojo.
Por lo tanto, el éxito del gobierno es de muy corto plazo en la contención del tramado de costos que se presentan en el menú del consumidor, mientras se siga atendiendo los síntomas y no la enfermedad. Es que la presión sindical no va a permitir que se desindexen los salarios de la economía, incluyendo los porcentajes de recuperación, porque por más buena voluntad que se tenga, y eslóganes que suenen muy bien al oído, alguien siempre va a tener que pagar la fiesta, más tarde o más temprano. Salvo que encontremos la fórmula mágica de multiplicar bienes y riquezas haciéndolos salir de la nada.