Opinion | 09 May Con la implosión del derruido edificio del Cilindro Municipal de Montevideo --prevista para hoy pero postergada por razones climáticas--, luego que fuera devastado por un incendio, en pocos segundos se harán polvo más de 700.000 dólares, que es que cuesta este operativo de derrumbe y remoción de escombros.
Este elemento puede catalogarse como un aspecto meramente anecdótico, aunque en realidad un operativo de estas características exige un trabajo muy profesional en cuanto deben colocarse estratégicamente los explosivos, con cargas adecuadas para cumplir con el cometido de echar abajo la estructura pero sin a la vez registrar una fuerte afectación del entorno, entre otras especificaciones a tener en cuenta para derribar una construcción de estas dimensiones en medio de una ciudad, nada menos.
Pero sin dudas que estos 700.000 dólares convertidos en polvo en segundos, no son nada si los comparamos con los más de cuarenta millones de dólares que habrá de costar el Antel Arena, es decir el estadio que reemplazará este edificio de la Intendencia Departamental de Montevideo y que será asumido íntegramente por Antel, que justifica la “inversión” con rebuscados argumentos de que de una forma o de otra podrá utilizar esta infraestructura edilicia para su cometido de difusión de su operativa y enlace de telecomunicaciones.
Un argumento que seguramente ni el uruguayo menos advertido puede tomar en serio, y mucho menos si se trata de un ciudadano que reside en el Interior, quien deberá pagar la fiesta centralista sólo entendible en la razón de que el Frente Amplio está en la necesidad de salvar de alguna manera el desastre de la intendencia de Ana Olivera, incapaz de hacerse cargo de esta ni de ninguna obra más o menos importante para dejar a las próximas generaciones.
Recursos que seguramente tampoco tienen la enorme mayoría de las intendencias del Interior para acometer obras de una envergadura mucho menor pero que también son importantísimas, como es el caso en Paysandú de la recuperación y restauración del teatro Florencio Sánchez.
La diferencia radica en que en el Interior, no hay más remedio que poner manos a la obra y buscar por todos los medios posibles respuestas a necesidades y aspiraciones.
Y por ejemplo en el caso del Florencio Sánchez, la escasa receptividad del Ministerio de Educación y Cultura aduciendo falta de presupuesto a la hora de afectar recursos, determinó que se trabajara contra viento y marea por la Fundación Teatro Florencio Sánchez para obtener recursos --aportados fundamentalmente por la Intendencia-- para recuperar el histórico teatro sanducero.
Cruzada en la que lamentablemente el aporte que se recibe de los organismos nacionales es en el mejor de los casos con cuentagotas y muy lejos de los 40 millones de dólares que de un saque sí aparecieron a través de Antel para que la Intendencia capitalina cuente con un nuevo coliseo, en beneficio de la población montevideana.
Sin embargo en la metrópolis no hay mayor necesidad de convocar a fundaciones para emprendimientos de este tipo, porque siempre aparecen aportes nacionales, es decir con dinero de todos los uruguayos, para sacar de apuros a la Intendencia --desde hace 25 años en manos del Frente Amplio-- y otros actores urgidos de recursos, porque este “Uruguay” necesita del concurso de todos.
En este caso la excusa la puso Antel, pero también el Banco República pretende aportar su granito de arena al fantasioso éxito de la administración municipal montevideana, gastando otro tanto de millones de dólares en la construcción un nuevo e innecesario edificio en la Ciudad Vieja, cuyo proyecto de recuperación turístico cultural está en la cuerda floja.
Todo esto cuando el Estado ya no sabe qué impuesto inventar para obtener al menos 60 millones de dólares imprescindibles para comenzar a recuperar la caminería rural, destruida por el trabajo del campo que genera la riqueza que luego el propio Estado dilapida.
Al mismo tiempo, dedica solo una cuarta parte del dinero que se necesita para reparar las principales rutas nacionales, cuyo estado es deplorable debido a que el gasto tuvo otras prioridades, en lugar de invertir en infraestructura para asegurar el crecimiento económico.
Por supuesto, la plata que ganan los Entes es de las propias empresas, y esa es la forma que encontraron los montevideanos para hacerse de los recursos que necesitan sin tener que justificar la injusticia que se está cometiendo.
Lamentablemente este abuso no representa una ilegalidad, es solo inmoral, y los directores de las empresas públicas tampoco deberán de responder por las “inversiones”, que de ninguna manera son justificables porque nada aportan a la propia empresa.
Mientras tanto el Estado seguirá buscando la forma de exprimir un poco más “a los que más tienen”, cuando debería empezar por hincarle el diente a las empresas públicas que como vemos, tienen mucho más y les está sobrando dinero.