Opinion | 13 May Sin dudas que un año electoral no es el mejor momento para debatir sobre iniciativas, proyectos o propuestas de mediano y largo plazo para un país, cuando los representantes de los partidos, el sistema político en general y hasta los grupos de presión deberían levantar la mirada para llegar a una postura libre de prejuicios y de inmediatismos de tono electoral, como es precisamente el caso de la actual coyuntura.
La explotación del yacimiento de hierro de Valentines, para el que se ha aprobado una ley de megaminería que la oposición no votó y que considera lleva el nombre propio de la minera Aratirí, que es la interesada en explotar este metal, ha dado lugar a posiciones en pro y en contra de la iniciativa, tanto en lo que refiere a este proyecto en particular como en el tema en general de cara al futuro, sobre todo teniendo en cuenta que hay quienes sostienen que una explotación de estas características, a cielo abierto, generaría degradación ambiental y afectaría a rubros agropecuarios que han sido tradicional sostén de la economía de Uruguay.
No es un tema menor, teniendo en cuenta los intereses en juego y menos aún el momento preelectoral, en el que suelen pasarse facturas entre partidos penando en el corto plazo y no en el interés general, por cierto, cuando además no hay definidas políticas de Estado en la materia que permitan que la problemática quede por encima del escenario electoral.
La explotación minera de Valentines, y el de la megaminería en general, fue tema de un foro organizado por la Federación Rural en el marco de su congreso anual, desde que los productores agropecuarios de la zona involucrada siguen oponiéndose a este proyecto en particular, más que nada por aquel viejo concepto de que todo puede ser válido y servir al interés general, salvo cuando lo tenemos en la esquina y de una u otra forma podría crearnos inconvenientes, abonando la idea de que se instale en “otra parte”. Esta actividad contó con la participación del intendente de San José, José Luis Falero, la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Geología, Adriana Mezzano, el catedrático Juan Andrés Ramírez y el economista peruano Hugo Cableses, quien planteó la experiencia de su país en el tema, entre otros participantes.
Uno de los que llevó la batuta en la oposición contra el megaemprendimiento fue el jefe comunal maragato, quien consideró que “hay que defender al agro cuando está en riesgo”, y evaluó que no está en contra de la megaminería, sino que ello debe ser evaluado además en base al ordenamiento territorial. En cambio, para la Sociedad Uruguaya de Geología, este tipo de explotaciones mineras puede convivir perfectamente con la ganadería e incluso con la agricultura, y uno de los representantes de la sociedad, Claudio Vaucher, subrayó que “el 100 por ciento de los uruguayos somos usuarios de la minería, aunque parezca que no” e incluso aunque la critiquen, la tosca de una carretera sale de la minería. En los teléfonos, en el auto o en la cosechadora que manejamos todos los días está presente”, y dijo que en países como Estados Unidos cada habitante consume al año unas 17 toneladas de minerales y que en países en desarrollo como Uruguay se consume mucho más.
Mencionó que se producen anualmente unas siete millones de toneladas de balastro para carreteras y caminos vecinales por donde se sacan las producciones del campo, a la vez que se importan más de 300 millones de dólares al año de fertilizantes, cuando en nuestro país existen indicios de rocas fosfóricas, por lo que podría elaborarse fertilizantes con la ayuda de la megaminería, con costos inferiores a la importación y por ende beneficiando a los productores, lo que da la pauta además de que ordenadamente y bien planificado, la ganadería, granos y minería pueden convivir en la misma región”.
Lo que es muy cierto, más allá de las posturas en blanco y negro, lo que no quiere decir pronunciarse sobre aspectos legales y políticos que involucran este proyecto de Aratirí en particular, sobre el que el catedrático Juan Andrés Ramírez evaluó en sus expresiones en este foro que tal como está planteado “es inconstitucional” porque el gobierno no convocó a una licitación para aprobar el proyecto, sino que se lo otorgó a la empresa mencionada, que internacionalmente “es de media tabla para abajo”.
Consideró además que Uruguay se privó de conocer otras empresas, abrirlas a la competencia y obtener más rédito en este proceso, y definió la riqueza de los recursos minerales como “el segundo bien de mayor valor” del país después del puerto de Montevideo. En este escenario, hay componentes técnicos y políticos, además de los tiempos electorales, que podrían afectar una evaluación objetiva del tema, aunque el sentido común indica que Uruguay no puede privarse de explotar yacimientos mineros de gran valor, del mineral o elemento que sea, porque afecte a alguien, desde que no hay explotación o actividad humana que se realice que de una u otra forma no afecte al entorno.
Lo que sí corresponde, es evaluar los pro y los contra de cada iniciativa de estas características, en el marco de la normativa vigente, y ajustar los proyectos a este esquema, ponderando el aspecto ambiental sin perder de vista la ecuación costo-beneficio, el ordenamiento territorial y el interés general, como valores fundamentales a defender. Pero sin oponerse a todo lo que se pretenda hacer por fundamentalismos o intereses particulares que generalmente se pretende disimular como si se estuviera defendiendo el interés general.