Opinion | 12 May En un país con manías de legislar sobre lo legislado, de polemizar en torno a temas ya discutidos y reconsiderar asuntos que se creían laudados, ahora aparece en el horizonte político una ley que profundiza las medidas contra la publicidad del tabaco.
El argumento utilizado por el oficialismo para aprobar la nueva normativa se basa en la disminución del consumo de cigarrillos y en una profundización de las medidas que apunten a prohibir absolutamente la estimulación al consumo.
La oposición, por su parte, asegura que no hay “evidencia científica” al respecto y nuevamente apela a la inconstitucionalidad. Como sea, en el juego político van quedando aspectos relevantes que no pasan por el Poder Legislativo sino por los órganos ejecutivos. Mientras en el Parlamento se discute sobre la pertinencia de una norma que vendría a “tapar agujeros” que dejó la ley antitabaco votada anteriormente, ingresan al país por vías ilegales, millones de cajillas de cigarrillos que no pagan impuestos y, por lo tanto, se venden a menor precio. Sin dejar de mencionar que el tabaco utilizado en algunos casos es de bastante menor “calidad”, si es que se puede hablar de “calidad” ante un producto que sabemos de antemano resulta perjudicial para la salud.
En tanto se observa un exigente contralor en el cumplimiento de las obligaciones tributarias hacia el comercio legalmente establecido --al punto que se publican los aumentos sostenidos en las recaudaciones de impuestos-- sigue existiendo un núcleo duro de difícil acceso.
Sin embargo, es fácilmente constatable. Si una cajilla por la que se pagan los debidos impuestos cuesta unos $80 y otra se ofrece a $30, es que esta última ingresó al país por algún lugar donde no se realizaron controles específicos.
Y también es fácilmente constatable que aumentó el consumo de las cajillas a menor precio, que no tributa al país, ni genera empleo o moviliza la actividad de la industria nacional. Solo faltó ver la cara de perplejidad que debieron poner los legisladores oficialistas cuando el mes pasado el personal de Aduanas que concurrió al Senado --donde se estudian estas modificaciones a la ley-- reconoció que no aplica ningún control a los vendedores informales, que por otro lado, no están escondidos.
“No nos sirve correr detrás de un kiosquero que vende uno o dos cartones, porque eso insumiría muchísimos recursos que, por otra parte, no tenemos. Podríamos pasar días y días en las camionetas, vigilando, para juntar dos bolsas con cigarros” dijo durante la sesión, el gerente del Área Operativa de Aduanas, Andrés Méndez.
Más claro, imposible. Por eso, los operativos deberán enfocarse en las fronteras con mayores recursos humanos y técnicos, para no continuar obnubilados por discusiones bizantinas.