Opinion | 14 May En pleno año electoral ha estallado como una bomba el resultado del balance primario de Ancap para el año 2013, que presenta un déficit superior a los 150 millones de dólares y que arroja sombras, por decir lo menos, sobre la gestión de la empresa estatal durante la Administración Mujica.
Es que como en todo tema en el que entran en conflicto intereses político-electorales, las interpretaciones o reflexiones dan para todos los gustos. Obviamente, el gobierno relativizó el impacto de tal déficit, en tanto el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, consideró que se trata de una situación entendible.
La oposición, en tanto, no dudó en salir al cruce del gobierno al valorar como muy negativo el resultado de Ancap, y cuestionó la forma en la cual el Frente Amplio ha dirigido las empresas públicas en sus dos gobiernos, sin olvidar la perla mayor en cuanto a volumen de dinero involucrado, que es el caso Pluna, y la frustración sobre la anunciada reactivación de AFE, que es una de las principales banderas electorales de José Mujica.
“Durante los años de gobierno del Frente Amplio hemos asistido a un desarrollo virtual de las empresas públicas; lo que se ha intentado es transmitir la sensación y el concepto de que el gobierno ha trabajado por su fortalecimiento, pero en realidad en muy buena medida las ha debilitado”, dijo a El País el diputado Pablo Abdala, quien integra el sector Futuro Nacional, de Jorge Larrañaga.
Por su lado Larrañaga cuestionó días atrás que se proyecte gastar U$S 40 millones en el Antel Arena, preguntando cuántas escuelas se harían con ese dinero, y el precandidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, también hizo hincapié en el tema, recordando que hace un año que su sector viene advirtiendo sobre la situación de Ancap. Reafirmó en este sentido declaraciones formuladas a EL TELEGRAFO recientemente, durante su última visita a Paysandú, y señaló que Ancap pagó “un sobreprecio por biocombustibles a ALUR de 50 millones de dólares el año pasado; este año serán 80 y el que viene 150 millones”, a la vez de subrayar que el dinero de Ancap lo que hizo fue financiar las ineficiencias de ALUR a cualquier costo, teniendo en cuenta que le ofreció precios del 5, 10 y hasta 35 por ciento por sobre los costos totales que tuviera esta empresa, lo que hizo que pudiera elaborar biocombustibles al costo que fuera, sin riesgo de caer en números en rojo.
Alvaro Delgado, diputado nacionalista del sector de Luis Lacalle Pou, entiende que hay “un estado paralelo con las empresas que funcionan en el derecho privado pero son estatales”. Dijo que en esos casos no hay controles suficientes ni auditorías adecuadas y apuntó, al igual que Bordaberry, a la situación de ALUR, empresa que recordó que “estuvo durante muchos años atrasada más de un año con los balances”.
Señaló la necesidad de que “todo pase por el Tribunal de Cuentas”, además de recurrir a más auditorías. Planteó que las empresas estatales que funcionan bajo el derecho privado empiecen a usar, en parte, el mercado de capitales, para no depender “de la asistencia financiera permanente de organismos internacionales” y para generar más transparencia. El punto es que un déficit de esta naturaleza a esta altura de los acontecimientos es mentar la soga en la casa del ahorcado, teniendo en cuenta la cercanía en el tiempo del affaire Pluna, con desenlace todavía pendiente y en el que se esfumaron unos (“otros”) 300 millones de dólares que debemos pagar todos los uruguayos.
Pero en tiempos electorales, sobre todo, hay que saber separar la paja del trigo, lo que es sustancia y lo que es espuma, y por lo menos aguardar datos fehacientes en cuanto a los resultados finales del balance, aunque es notorio que aunque haya influido el valor del dólar y se hayan mantenido determinados precios en los combustibles para no acelerar la inflación, es evidente que hay de por medio ineficiencias de Ancap que incluyen el financiamiento de ALUR y subsidios encubiertos para su funcionamiento, sin olvidar escalas de sueldos que están muy por encima de la enorme mayoría del salario común y del país, entre otras distorsiones que “inflan” presupuestos.
En cuanto a la gestión, es indudable que la bonanza económica de la última década ha permitido disfrazar cualquier despilfarro tanto del gobierno como de las empresas estatales, porque los ingresos del Estado crecieron exponencialmente en ese lapso. Y como veníamos de una crisis también histórica, cualquier cosa que se hiciera parecía una buena inversión, cuando en realidad mucho de lo que se hizo fue quemar dinero en emprendimientos inviables, como el caso de ALUR, o gastar fortunas en obras faraónicas que paga todo el país para comprar votos en Montevideo, como es el caso del Antel Arena, la sala Adela Reta del Sodre o la Torre Ejecutiva frente a la Plaza Independencia de Montevideo, una obra inconclusa por 46 años que molestaba la vista de los montevideanos y que fue adquirido por el Poder Ejecutivo para destinarlo a la Presidencia de la República.
Mientras tanto, invertimos una quinta parte de lo necesario para mantener las rutas nacionales en aceptable estado, la caminería rural colapsa cada vez que caen cuatro gotas, no hay recursos para un IMAE cardiológico en el Litoral –hay que “morir en la capital”--, faltan escuelas y liceos, y la deuda externa sigue creciendo, de la misma forma que crece el déficit fiscal.
En todos los casos siempre estamos hablando de dineros públicos, de todos los ciudadanos, los que por ejemplo en el caso de Ancap no tienen donde elegir y el ente puede fijar tarifas a su antojo, sin la contrapartida de eficiencia que se requiere para no trasladar costos a los ciudadanos, como es también el caso de otras empresas monopólicas del Estado que lejos de ser de los uruguayos, han ido “privatizadas” para los funcionarios y operaciones de campaña política de jerarcas.