Paysandú tiene ahora nueve funcionarios

Locales | 17 May El Fiscal de Corte de la Nación, Jorge Díaz, que fue Juez Penal en Paysandú y conoce bien este medio, destacó la importancia que tiene para su dependencia el contar con nueve fiscales en la oficina sanducera, lo que determinará un mayor protagonismo de los representantes del Ministerio Público, con mayor presencia efectiva en las audiencias penales y para que “tengan rostro y nombre” y no sean funcionarios detrás de un escritorio. También se refirió al nuevo papel que tendrán los fiscales en el trabajo judicial según el nuevo Código del Proceso Penal que está siendo tratado en el Parlamento.

RECORRIENDO EL ESPINEL
“Estoy recorriendo el espinel”, dijo jocosamente cuando fue consultado sobre su presencia en varios departamentos del Interior, recordando que “cada seis meses hago una recorrida por las fiscalías del país”. En cada lugar se reúne con los “fiscales, los directivos del Colegio de Abogados, los jefes de Policía” y además recibe “a la prensa”. Esas reuniones sirven para interiorizarse de “cómo está funcionando todo, si hay dificultades, si hay necesidades y cuáles son, tratando de conocer de primera mano cuales son los problemas y las necesidades. Es una manera de gestionar recursos humanos y materiales”.
Consultado sobre cuál ha sido la realidad que ha visto en Salto y Paysandú, dijo que “el Interior tiene características similares, otras que son regionales, como en el Litoral, y cada ciudad o departamento tiene sus peculiaridades”.
“En Paysandú uno de los problemas que tenemos y queremos resolver es el edilicio”, recordando que “el año pasado ingresaron al Ministerio Público 83 fiscales adcriptos, cuatro de los cuales ingresaron a Paysandú con lo que se incrementó sensiblemente el número de fiscales y eso genera problemas de edificios, muebles, equipamiento informático y otros”. Dijo que esas dificultades “están en vías de solución pero lleva su tiempo”, y que están trabajando para “informatizar todas las fiscalías del país estandarizando equipos, con un servidor propio con conectividad y un sistema de gestión” que aún no llegó a Paysandú.

CUMPLIR LAS EXPECTATIVAS
En cuanto al planteo del Colegio de Abogados, donde estuvo su presidente Pedro Dávila Collazo y las directivas Shirley Borges y Gabriela Beneventano, se analizó el ingreso de los nuevos fiscales que ingresaron por concurso de oposición y méritos, y se quiso “saber si la gente que entró a la fiscalía está cumpliendo con las expectativas generadas”, refiriéndose particulamente a “si asiste a las audiencias”.
Es que el planteo del Fiscal de Corte, es que los fiscales departamentales “dejen de ser el funcionario que está en su despacho y que nadie conoce y que el justiciable sepa que ese señor o esa señora que están ahí (en la sala del juzgado) es el fiscal, y se sepa qué piensa y qué dictamina en la causa. Queremos fiscales que tengan rostro, que tengan nombre y que tanto la víctima como el indagado o imputado tengan la posibilidad de ser escuchados. No queremos más fiscales de escritorio, queremos que estén en la primera línea”.

FISCALES INVESTIGAN
Consultado sobre el nuevo Código General del Proceso, por el cual los juicios penales pasarán a ser orales y públicos, Díaz dijo que “aún está en el Senado, y supe que el partido de gobierno piensa darle prioridad este año y como es un año especial veremos si el Parlamento decide darle sanción este año”, aunque de ser así, “tendrá una vigencia diferida porque será necesario dotar al Poder Judicial y particularmente a la Fiscalía, de recursos humanos y materiales para poder afrontar ese nuevo código, con una nueva infraestructura que no tenemos”.
El proyecto a estudio parlamentario determinará que “el proceso penal pasará a ser un proceso acusatorio, oral y público y el que investiga es el fiscal, que luego acusa, la defensa defiende y el juez se limita a su función natural de juzgar, y no como hoy que el juez investiga”. Aclaró que no necesariamente todos los juicios serán públicos, y que habrá casos reservados “para preservar la identidad de alguna víctima cuando se trate por ejemplo de delitos sexuales o menores de edad o cuando hay que proteger a las víctimas, pero la regla general sería un proceso oral y público”.

JUICIOS MÁS RÁPIDOS
Esto determinaría que los juicios penales tuvieran una resolución más rápida, y dijo que considera que “el proceso acusatorio oral y público es más eficiente, más rápido y da más garantías”, y que eso “está avalado por los códigos de todo el mundo y en particular de esta región, porque somos el único país del mundo que tiene un proceso inquisitivo, escrito, reservado y discontinuo; tenemos esa lamentable cocarda de ser los últimos en América Latina en hacer esa reforma”, dijo en alusión a los premios que se dan en las ferias ganaderas.
De todas maneras, la aprobación de un nuevo Código General del Proceso no determina que ya entre en funciones, porque “en este año electoral no se pueden aprobar nuevos gastos ni ingreso de personal y los recursos para que el proyecto funcione deberá aprobarse en el presupuesto nacional de 2015 con el nuevo gobierno, y estaríamos en condiciones de ejecutar desde el 1º de enero de 2016”.
Aún así, la Fiscalía está trabajando “en la elaboración de los programas y las necesidades que tendríamos de recursos humanos y materiales. Pero hay un montón de decisiones que si el código se aprueba, más allá de no aumentar los gastos, podemos comenzar a tomar ahora en la interna de la institución para estar preparados, como por ejemplo las licitaciones públicas, los concursos de ingreso”.

EL VIEJO CÓDIGO PENAL
Sobre si al haber más fiscales participando directamente en las audiencias, puede esperarse que tenga un papel más protagónico en las investigaciones para hacer la acusación, dijo que “ahora podrá participar más y pedirle al juez determinadas medidas. Pero es un proceso que ya se inició y queremos que se vaya profundizando”.
Recordó que “el Código General del Proceso se aprobó en Uruguay en 1980, en plena dictadura militar, y es una copia moderna del viejo Código de Instrucción Criminal del siglo XIX que a su vez es una mala copia de las leyes de partidas españolas, para que se vea por donde andamos. El Código no cambió, pero hasta bien entrada la década de los 90 los jueces procesaban de oficio (aún sin sugerencia fiscal) y hoy no sucede eso, si el fiscal no se lo pide, el juez no procesa. Eso es un cambio cultural más que jurídico, un pequeño paso. La ley sigue siendo la misma pero la forma de trabajar cambió. Y ahora queremos cambiar la ley para profundizar esta línea y hacer un proceso acusatorio, que haya una parte que acusa, una parte que es el imputado que se defiende y otra que es el juez que cumple el rol natural que es el de juzgar”.
Aclaró que además “está previsto en el nuevo Código que la Policía sea auxiliar del fiscal además de serlo del Poder Judicial. Pero va a dar cuenta directamente al fiscal”.

DELITOS DE MENORES
Con respecto a la propuesta de baja de la edad de imputabilidad en los casos penales, Díaz dijo que “tengo una posición académica y técnica que he expresado antes que comenzara el debate político”.
“Pero entiendo que como está planteado el tema en el campo político, y teniendo la ciudadanía el poder de decisión (en el plebiscito de octubre) no me corresponde a mí como funcionario técnico pronunciarme ahora ni hacer campaña en este sentido”. Amplió este concepto en cuanto “llegué a Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación designado por el Poder Ejecutivo pero con la venia del Senado de la República por unanimidad, por lo que tengo y quiero ser un Fiscal de Corte del Estado y no un Fiscal de Corte del gobierno, por lo que prefiero no incursionar en esos temas”.
Preguntado sobre cuántos menores están involucrados en los delitos, dijo que “lo que puedo decir son los asuntos iniciados judicialmente, los que llegan al juzgado”.
“Y lo que llega al juzgado es un porcentaje notoriamente inferior”, y puso como ejemplo que “en Montevideo hay 15 fiscalías penales y tres de adolescentes infractores. Y el volumen de dictámenes que tiene una fiscalía penal es de unos 2.800 a 3.000 por año (unos 45.000 en total), y en una fiscalía de adolescentes es de entre 1.500 y 1.800 (unos 5.400 en total). Esos son datos estadísticos y públicos”.