DE VUELTA A LAS CALLES

Locales | 18 May (Por Horacio R. Brum) Los estudiantes chilenos estaban contentos. Por primera vez en mucho tiempo, el jueves pasado, pudieron marchar frente al palacio de gobierno; las autoridades mantuvieron a la Policía a una distancia como para no causar irritación y los manifestantes se contaron por decenas de miles. Al final de la marcha hubo disturbios, que ya son un ritual de estas ocasiones, protagonizados por algunos jóvenes que se dicen anarquistas, pero que en realidad deberían llamarse desesperanzados, desilusionados con cualquier posibilidad de cambio de un sistema que cobra demasiado por los sueños y paga muy poco por los trabajos.
Un cambio real en la estructura de la educación fue el reclamo que matizó la alegría de tener libertad para expresarse en las calles, porque la consigna “Nuestro proyecto no es tu reforma”, pintada con letras gigantes sobre el pavimento de la Alameda, la avenida central de Santiago, y reproducida en decenas de pancartas, indicó que el proyecto de reforma educacional propuesto por la presidenta Michelle Bachelet no conforma a quienes deberían beneficiarse de él.
“No queremos una reforma entre cuatro paredes”, dijo a los medios la presidenta de la federación de estudiantes de la Universidad Católica, en tanto que su colega de la Universidad de Chile se manifestó contrariada porque el gobierno no ha dado garantías de comprometerse con el concepto de que la educación es un derecho social. Para los estudiantes secundarios, por su parte, el proyecto de Bachelet no consagra inequívocamente la gratuidad de la educación ni el fin del lucro con ella.

EDUCACIÓN EN CHILE
Más de la mitad de las escuelas y liceos de Chile está en manos privadas y bajo un sistema creado durante la dictadura de Pinochet; la mayor parte de esos establecimientos recibe un pago del Estado por cada alumno que asiste, del orden de los 110 dólares mensuales. Además, se les permite exigir un copago a los padres, de hasta 150 dólares, y los propietarios no deben rendir cuentas al Ministerio de Educación por el uso de todo ese dinero. La educación primaria y secundaria pública depende de las municipalidades, que también tienen subvenciones estatales por alumno, pero cuya disparidad de presupuestos hace que dentro de la misma capital, dividida en varias decenas de alcaldías, un estudiante municipal de una comuna “rica” se eduque con los estándares de calidad de un país desarrollado, mientras que a 30 o 40 cuadras de su colegio los niños y los jóvenes concurren a clases en establecimientos con todas las carencias propias de la pobreza. En las universidades, el esquema de aportes de dineros públicos a la actividad privada es más complejo todavía, y existe toda una red de sociedades y empresas, como las inmobiliarias que alquilan a las instituciones los edificios donde funcionan, que permite a los dueños burlar la prohibición de obtener ganancias. Además, la gratuidad no existe ni siquiera en las universidades públicas.
Desde 2006, cuando salieron a las calles los alumnos secundarios, los estudiantes vienen pidiendo que se corte por lo sano y se pongan límites estrictos al imperio del libre mercado en la educación. Han viajado a países de la región para ver cómo funciona el sistema educativo totalmente gratuito, predominante en América Latina y entre otras cosas, desean que se termine con la educación municipalizada, para que el Estado asegure la equidad en la distribución de los recursos. En el ámbito universitario, piden que haya más controles de calidad y una prohibición efectiva del lucro en las organizaciones privadas, así como la recuperación del papel central de las universidades estatales para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación profesional. Para el actual estado de cosas en Chile, regido por una Constitución que creó el gobierno militar y que da a la propiedad privada un carácter sacrosanto, cualquier cambio que afecte los negocios privados corre el riesgo de caer en la ilegalidad. Por ello es que la reforma educacional de Bachelet ni siquiera se acerca a la eliminación de las transferencias de dinero a la educación privada: como un medio de crear una apariencia de gratuidad, se aumentarán las subvenciones, para que los colegios no exijan copagos; en las universidades, habrá incrementos en las becas y créditos, pero se seguirá pasando dineros públicos a las privadas, y para los casos de crisis económica y administrativa de un establecimiento, se crea la figura de un interventor, con el fin de asegurar que esa universidad no cierre sin más, dejando a los estudiantes en la calle, como ha sucedido en varios casos. Las críticas a las funciones del interventor, provenientes del sector de las universidades privadas, están dando ya una buena medida de los límites hasta dónde puede llegar cualquier intento de cambio, en la educación o en otros ámbitos, que se pretenda hacer sin eliminar antes las estructuras constitucionales heredadas del régimen de Pinochet. Según Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales, una de las instituciones más prestigiosas de las que surgieron a partir de la apertura al mercado de la educación, en 1980, el proyecto de creación del interventor universitario es inconstitucional, porque puede alterar los contratos entre privados, “algo que está prohibido en todos los sistemas legales y, desde luego, en la Constitución”. Para Peña, otros aspectos de la intervención pueden ser impugnados por infringir el derecho de propiedad y configurar actos de expropiación, bajo las leyes vigentes. En su campaña electoral, Bachelet también habló de cambiar la Constitución; sin embargo, y ante una ofensiva desarrollada por numerosos grupos de interés e incluso apoyada discretamente por la Democracia Cristiana, uno de los partidos integrantes de la actual coalición de gobierno, el tema ha ido desapareciendo del discurso oficial. Cuando EL TELEGRAFO, en una reunión del ministro vocero del gobierno Álvaro Elizalde con los corresponsales extranjeros, preguntó al funcionario sobre las posibilidades reales de hacer reformas como la educativa, si la Constitución pinochetista puede bloquearlas, éste se limitó a decir que el gobierno tenía la esperanza de que todos en Chile comprendieran que el país estaba cambiando. La esperanza es lo último que se pierde, y los estudiantes chilenos la han mantenido durante mucho tiempo, pero de acuerdo con las declaraciones al periodismo de la presidenta de la federación estudiantil de la Universidad de Chile, no están dispuestos a ampliar los márgenes de maniobra para las autoridades y los políticos. En su opinión, deben seguir manteniendo la presión en las calles, porque en sus años anteriores de gobierno la alianza que volvió al poder con Michelle Bachelet “ante los estallidos sociales siempre ha respondido con mantener el sistema de mercado instalado desde la dictadura y no revirtiendo el sistema neoliberal, como lo prometió”.