Opinion | 19 May Ante una realidad global de sistemático envejecimiento poblacional, sobre todo en los países desarrollados pero que también comprende a naciones como Uruguay, estamos ante un escenario que tiene sus aspectos positivos y negativos. Es indudable que el ser humano vive más tiempo y a la vez goza de mejor calidad de vida, pero eso conlleva plantear desafíos impostergables, entre los cuales el tener que afectar crecientes recursos a los organismos previsionales y asistenciales para atender requerimientos inherentes a la edad avanzada.
Hace un tiempo se dio a conocer el estudio "Más allá de las Pensiones Contributivas. Catorce experiencias en América Latina" del Banco Mundial (BM), en el que se destacó, al referirse a nuestro país, el conjunto de normas que mejoraron la cobertura de activos (o la formalidad), la reforma de la salud que estimuló la formalización y la mejora en los mecanismos de recaudación del Banco de Previsión Social (BPS) y del conjunto del sistema impositivo, los que a juicio del organismo han tenido “un fuerte impacto en mejorar la ecuación de equilibrio del sistema de jubilaciones y pensiones".
Por supuesto, el esquema previsional y su salud financiera no pueden desligarse de la realidad socioeconómica, como es el aumento de salarios, producto del crecimiento económico que generó (dados los mecanismos indexatorios del Uruguay) una mejora sustantiva de las jubilaciones y pensiones. “Adicionalmente, mecanismos como las primas por edad y las revaluaciones diferenciales que favorecían a los jubilados y pensionistas de más bajos ingresos mejoraron la suficiencia de jubilaciones y pensiones. El sistema mixto creado en 1995, si bien aún está lejos de entrar en el punto de maduración va a mejorar, según las proyecciones, el monto de las jubilaciones", indicó el documento.
Igualmente, más tarde o más temprano, asoman los problemas, y ello deriva de que no estamos ante una situación rígida, sino muy cambiante, porque en pocos años se plantean nuevas realidades y con ellas parámetros diferentes. El envejecimiento de la población sin dudas continúa siendo un desafío para la estabilidad financiera del sistema. Precisamente la tendencia indica que la relación de dependencia irá en aumento en los próximos años “y de no aumentar fuertemente la productividad habrá que apelar al menos a reformas paramétricas" --de acuerdo a este estudio--, lo que en buen romance significa modificar la edad de retiro y/o los años de trabajo exigidos para poder jubilarse, entre otros aspectos. Debe tenerse en cuenta a la vez que la reciente flexibilización del acceso a jubilaciones y pensiones que ha permitido desde el año 2007 aumentar los niveles de cobertura con una edad de retiro de 60 años y 30 años de actividad hacen dudar si la ecuación financiera será sostenible en el mediano y largo plazo sin volver a alterar algunos de los parámetros jubilatorios. Precisamente, la indexación (ajuste de pasividades según evolución del Índice Medio de Salarios) no puede ser modificada a no ser que se reforme la Constitución. "Los parámetros disponibles (para modificar) son la edad de retiro, los años de aporte y las tasas de reemplazo", acota el organismo.
A este escenario se ha referido en más de una oportunidad el presidente José Mujica, quien ha mencionado el “fardo” que se legará a las próximas generaciones para sostener este esquema, a no ser que se introduzcan reformas que por cierto no serán simpáticas, porque deberá atenderse una realidad que no puede soslayarse, salvo que meta la cabeza en un agujero, como el avestruz, como si de esta forma no se nos fuera a venir encima.
Y las salidas a que refiere el informe, como alternativas que podrían intentarse aisladamente o combinadas, no son positivas para los directamente afectados, y afectaría a las próximas generaciones, teniendo en cuenta además que como bien sostiene el organismo, el actual sistema, a pesar de ser mixto, "en su componente de reparto encubre muy fuertes transferencias de rentas generales ya sea vía impuestos afectados o transferencias para cubrir el déficit (las cuales combinadas representan el 40% del gasto)".
Y aunque se ha mejorado en los últimos años, producto del crecimiento y consecuente mayor recaudación, no estamos ante un sistema autosostenible ni mucho menos, y se seguirá tirando sin mayores sobresaltos mientras tengamos un escenario favorable por el aumento de la actividad interna ante la coyuntura internacional.
El punto es que esta dependencia directa entre recaudación y egresos, sin margen o colchón para atenuar imprevistos, plantea que este esquema demandará mucho más recursos si decae la actividad económica y fundamentalmente el empleo, lo que nunca es de descartar. Se infiere que este sistema provisional e infraestructura de apoyo a la tercera edad es muy dependiente de la coyuntura, y que requiere una actualización a esta altura impostergable para hacer las cosas con tiempo y contar con determinado margen de maniobra, lo que no ocurre cuando las cosas se nos vienen encima y hay que salir desesperadamente a apagar incendios.
Por lo tanto, hay que afrontar cuanto antes la realidad, en lo posible lejos de los tiempos electorales que condicionan todas las decisiones, con un análisis ajustado y crítico para elaborar un diagnóstico certero y desideologizado afinado, con una serie de posibles respuestas a considerar y que deben surgir del sistema político.
Una reforma estructural sería lo ideal, para no seguir de parche en parche detrás de hechos consumados, y atendiendo hechos puntuales del momento. A juicio del informe del Banco Mundial, entre otras posibilidades se debería ir hacia un básico mínimo financiado por rentas generales y un sistema complementario conformado por un componente de reparto y otro de capitalización individual para que las finanzas del sistema sean transparentes y se pudieran operar los sistemas de redistribución del gasto de acuerdo a parámetros de necesidad.
Pero no estamos solo ante soluciones de carácter técnico, sino también ante decisiones políticas que deben estar a la altura del desafío, para lo que es preciso contar con el compromiso de todo el espectro político, para diseñar una posible salida que esté por encima de los cortoplacismos y los réditos electorales, ante la magnitud del problema.