Opinion | 23 May Desde hace ya años, con suerte muy relativa, se han ensayado medidas tendientes a revertir o por lo menos detener el sostenido proceso de despoblación de los campos, que es un fenómeno que no solo sucede en Uruguay, sino prácticamente en todos los países del globo. Esta emigración surge a partir de épocas en que la población estaba dispersa en pequeñas comunidades rurales, que luego se agruparon formando las grandes urbes.
El problema puede aún ser de segunda importancia para países desarrollados, donde hay explotaciones de carácter intensivo, con moderna tecnología y servicios que le ofrecen al ciudadano del campo una calidad de vida comparable en buena medida a las de sus ciudades, todo lo cual se sustenta con fuertes subsidios estatales destinados a evitar un problema mayor, que sería el seguir concentrando gente en ciudades ya muy afectadas.
Pero en el caso de países como Uruguay, de neta base agropecuaria, el problema de la despoblación rural tiene mucha mayor incidencia, porque por regla general la deserción obedece a un cúmulo de razones, pero fundamentalmente porque la población joven no encuentra oportunidades laborales que sí entiende se dan en las ciudades, además del déficit en el acceso a la educación y formación profesional debido a la lejanía de los centros docentes. Además, hoy los jóvenes en general no están dispuestos a sacrificarse en un medio aislado del grueso de la sociedad, y prefieren quizás ganar menos o directamente arriesgarse a no tener trabajo en una ciudad, que pasarse la juventud viendo siempre las mismas --pocas--caras. Por otro lado, son menos los que quieren seguir en el campo desarrollando las mismas tareas que sus padres.
En este contexto, instalado un problema que no ha podido revertirse a lo largo de las décadas, debe tenerse presente que las respuestas deben provenir desde diferentes áreas, y que a la vez, no necesariamente los esfuerzos que se hagan van a bastar para contener esta migración, por cuanto en el mejor de los casos lo que se haga debe ser consecuencia de políticas consistentes que no pueden dar fruto de la noche a la mañana, suponiendo además que logren generar las condiciones que se buscan.
Sin dudas, pese a este proceso, la realidad indica que se ha avanzado respecto a otras épocas, sobre todo a partir de la creación de polos de desarrollo en el interior profundo, como es el caso de las explotaciones forestales, con instalación de aserraderos y otros emprendimientos en que se genera un incipiente valor agregado a la producción, a lo que se agregan plantaciones intensivas de frutas como cítricos y arándanos, entre otras áreas, además del renacer agrícola en áreas específicas que conllevan reciclaje de recursos por efectos de requerimientos en infraestructura de apoyo. Así y todo, siempre se está requiriendo más apoyo para pequeños y medianos emprendedores del interior, sobre todo para promover explotaciones de carácter familiar que son un factor preponderante a la hora de retener al poblador rural, porque es una fuente de sustento y de empleo que tiene carácter histórico y que se ha ido perdiendo por imperio de las circunstancias y en gran medida porque los tiempos han cambiado.
Este cuadro de situación, todavía muy incompleto, tiene relación con los alcances de la convocatoria que formula la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), con vistas a la presentación de propuestas para la producción familiar y sustentable, para lo que se destinará una inversión total de unos 14 millones de dólares, de forma de dar apoyo económico a productores familiares y pequeños y medianos productores no familiares.
A través de EL TELEGRAFO, la oficina local de esta dependencia, en la persona del ingeniero agrónomo Marcelo Buenahora, dio cuenta que esta iniciativa apunta a que “adopten nuevas herramientas a nivel tecnológico productivo y organizativo y apliquen medidas para disminuir su vulnerabilidad frente al cambio climático, mejorando su capacidad adaptativa y haciendo un uso productivo responsable de los recursos naturales”. Asimismo el objetivo central es “dar viabilidad al papel de la agricultura familiar como sector clave para los procesos de desarrollo y promover la generación de políticas activas que fortalezcan y potencien los aportes que la misma realiza en la construcción del desarrollo sostenido de los territorios rurales”.
Además de estos elementos, se incorporará la innovación organizativa dirigida a la formación y consolidación de grupos de productores y la articulación en la cadena productiva, incluyendo un plan de capacitación para los productores beneficiarios. Las propuestas integrales deberán ser grupales, con un mínimo de cinco productores elegibles y contemplar un 70 por ciento de productores familiares, con una máxima para cada productor de hasta 8.000 dólares por fuente de financiamiento.
Estamos ante una herramienta más, a disposición de determinados productores, y por supuesto, no va a tener por sí sola carácter revulsivo para el escenario de la actividad agropecuaria de carácter familiar, lo que dependerá de muchos otros factores, porque hay situaciones y situaciones, y además sería irracional pretender que las comunidades rurales vuelvan a ser lo que eran en otros tiempos. De lo que se trata sí es de generar apoyos para sustentar a los emprendedores, que los hay, y con proyectos viables para estos tiempos, que muchas veces quedan en el camino por la falta de aliento para superar las primeras etapas.