Opinion | 21 May El exministro de Economía y Finanzas durante la administración del expresidente Tabaré Vázquez, Cr. Danilo Astori --quien ejerce la vicepresidencia de la República-- reconoció en diálogo con EL TELEGRAFO que evidentemente puede interpretarse como una incongruencia o más aún, una contradicción, que mientras por un lado el Poder Ejecutivo --con el apoyo de su mayoría parlamentaria-- aprobó una ley luego declarada inconstitucional --caso del ICIR-- para obtener recursos del orden de los 60 millones de dólares de los productores para encarar obras de mejora de la caminería rural, por otro lado hay organismos que gastan decenas de millones de dólares en áreas que son ajenas a sus competencias específicas.
Ello equivale a decir que mientras por un lado el Estado reclama recursos que dice que no tiene para mejorar la infraestructura vial en las áreas productivas, es decir para invertir en sectores claves de la riqueza de base agropecuaria del país, por otro las empresas del propio Estado destinan excedentes o recaudaciones extra que obtienen mediante la aplicación de sobrefacturación a los usuarios, aprovechando su carácter monopólico, a obras como el estadio Antel Arena para la Intendencia Departamental de Montevideo, o un nuevo y suntuoso edificio para el Banco de la República, también en la capital.
El vicepresidente de la República, quien volvería a ocupar esta cartera en un eventual nuevo gobierno de Tabaré Vázquez, consideró que debería efectivamente establecerse lineamientos generales por el Ministerio de Economía para encauzar las inversiones también en las empresas públicas dentro de determinado marco de prioridades y objetivos.
Es que mientras por un lado el Antel Arena, a un costo --primario-- de más de 40 millones de dólares, viene a sustituir una inversión de carácter y uso netamente municipal, para la población capitalina, por otro lado, como reconoce Astori, “tenemos un gran desafío en materia de infraestructura, y hay que hacer un gran esfuerzo en inversión de algunos rubros, fundamentales para que Uruguay mantenga este tipo de crecimiento”, así como consideró que “tenemos que aumentar el potencial estructural del país”.
Lo que es muy cierto, porque el Estado ha gastado e invertido en base a un orden de prioridades que no solo no se compadece con lo que deberían ser objetivos determinados prioritarios para sustentar el crecimiento con infraestructura de apoyo, sino que tampoco se ha gastado criteriosamente ni con la eficiencia que debe reclamarse para el gasto público, que es administrar el dinero que dejamos todos los uruguayos en ventanillas del Estado para que este dinero no sea devuelto en obras y servicios, como aspecto central de la cosa inherente a todo buen administrador.
Y si bien como sostiene el economista, hay que tratar separadamente las inversiones de las empresas públicas --que además de ser entes autónomos tienen su programación económica-- con los recursos que vuelca el Estado como tal en una diversidad de áreas, no es menos cierto que en sucesivas oportunidades y gobiernos, incluidos los dos del Frente Amplio, los entes han volcado dinero a Rentas Generales cuando el gobierno central así lo ha creído menester.
Por lo tanto estamos no solo ante un tema de competencias y de ordenamiento del Estado, sino de decisiones políticas, y en el caso a que nos referíamos, como en otros, Rentas Generales o el gobierno central han creído del caso que es pertinente o aconsejable seguir detrayendo dinero de la producción antes que apelar a recursos provenientes de las ganancias de las empresas monopólicas, que a la vez se exceden notoriamente en sus atribuciones y encaran inversiones de la magnitud y destino del Antel Arena, solo para beneficio de Montevideo, pero con el dinero de los usuarios del ente de todo el país.
Es decir que tiene razón Astori cuando entiende que es preciso asegurar la mayor coherencia posible, y que en estos aspectos “es por supuesto una propuesta razonablemente aceptable y yo estoy de acuerdo con ella”, como indicó a nuestro medio periodístico, porque siempre hay objetivos, prioridades y decisiones políticas que reiteradamente se contradicen, como si hubiera más de un gobierno o éste estuviera formado por compartimientos estancos.
Las pérdidas de Ancap por más de 150 millones de dólares en el año anterior, más allá de la incidencia del tipo de cambio y otros factores, son demasiado gruesas como para atribuirlo solo a factores coyunturales y responden sin dudas a decisiones políticas de financiar sustentar las inversiones y funcionamiento de ALUR como empresa pública sujeta al derecho privado y por lo tanto sin control parlamentrario y de otros organismos del Estado, y en este caso estamos ante una decisión política del Poder Ejecutivo cuyo instrumento es precisamente el ente de los combustibles, también monopólico. Y no es ningún descubrimiento, sino que hace rato, que en este como en anteriores gobiernos, deberían ser parte indisoluble de la gestión gubernamental, y que como indica el economista oficialista, desde el gobierno se deben dar pautas y orientaciones generales respecto a la afectación de los recursos financieros, de forma que no se perjudique o contradiga el manejo de los recursos globales.