Opinion | 25 May El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre, y las autoridades responsables de instrumentar y llevar adelante la trazabilidad bovina en el país, insisten permanentemente en la importancia de este sistema que nos permite diferenciar nuestras carnes de las del resto del mundo.
Pero ciertos hechos que vienen ocurriendo en nuestro departamento, desde el conocido procedimiento policial realizado en la zona de Cuchilla del Fuego en enero de 2013, con la incautación por la Brigada Especial de Prevención y Represión del Abigeato (Bepra) y las seccionales de la zona, de más de 345 caravanas que no correspondían al ganado inspeccionado, muestran que la herramienta está lejos de ser confiable.
Se suma en estos días la detección de varios embarques de ganado en el departamento, con guías de propiedad erróneamente llenadas por los responsables de embarcar el ganado y con animales cuya identificación de trazabilidad no correspondía con la categoría que se leía en el sistema. Es decir que ese ganado “trazado”, cuyo registro se supone que debe indicar toda la historia del animal desde la parición en el establecimiento --que consta en la base de datos-- así como todos los movimientos a los que fue sometida la res, hasta el destino final de la carne luego de procesada en el frigorífico, es todo falso, porque ni siquiera coincide en lo más básico, por ejemplo, cuando el registro indica que es un novillo y en realidad es una vaca.
Es así que a principios del presente mes, 56 vacas fueron intervenidas cuando eran transportadas a frigorífico a consignación de una firma conocida a nivel nacional, que fuera ya investigada el año pasado por una millonaria maniobra mediante manejo inadecuado de caravanas de trazabilidad. En aquella oportunidad el caso fue cerrado a nivel judicial porque ese tipo de manejos no es considerado un delito por la legislación actual. El primer error detectado por la policía fue que la guía indicaba que el ganado transportado lucía una marca similar a la letra “L”, pero al inspeccionarse se descubrieron varias marcas distintas, ante lo cual se condujo el camión a su destino a efectos de someter a los animales a un control más riguroso. Momentos después, arribó al frigorífico otro camión y se hallaron reses con marcas distintas a las consignadas en la Guía de Propiedad y Tránsito. Pero durante la inspección también se descubrió que a 13 vacas se les habían colocado recientemente caravanas de trazabilidad cuyos datos correspondían a terneros. Por tal motivo se presume que les fueron cambiadas lo que, ante la ausencia de legislación penal en el área, sería considerado una falta a la norma de trazabilidad y no un delito.
Días pasados, integrantes de la Bepra advirtieron en otro embarque que el ganado presentaba marcas distintas a las que figuraban en la Guía de Propiedad y Tránsito. Paralelamente, una vez que los policías actuantes leyeron la totalidad de caravanas de trazabilidad de los novillos, se constató que siete de los animales no correspondían a los datos consignados en las guías de propiedad.
Esta sucesión de hechos evidencia que todavía no se ha tomado la trazabilidad con la responsabilidad que amerita una herramienta tan importante para la economía del país, generando una serie de interrogantes que aún están lejos de ser respondidas.
Es que --como reza el refrán popular-- hecha la ley, hecha la trampa. Y en trazabilidad, es sabido que productores y consignatarios en algunas oportunidades buscan “zafar” de los problemas que se presentan cuando dos o tres novillos de una tropa pierden el dispositivo, y deben solicitar otras caravanas ante el MGAP para suplir la pérdida. Es que con los nuevos dispositivos --de color verde-- esos animales no pueden ser faenados para la exportación, por lo que los productores se arriesgan a colocar cualquier otra caravana para salvar el escollo. Está mal, claro. Pero es así.
Por otra parte, despierta incredulidad que solo se conozcan casos que suceden en Paysandú, a partir de inspecciones que realiza el equipo de la Bepra. ¿Es que no hay policía especializada en el resto del país? ¿O los controles a los embarques de ganado para la industria solo los fiscalizan en Paysandú?
Las autoridades del ministerio y el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) están al tanto de la situación, pero aún no han informado qué medidas se van a adoptar. Mientras tanto, es mucho lo que arriesga el país. Nuestros clientes en todo el mundo pagan por la carne uruguaya tres veces más de lo que la pagaban hace cinco o seis años, justamente porque la trazabilidad les da las garantías de que saben lo que compran, desde el nombre del productor donde se crió el animal, la raza y la edad que tenía cuando fue faenado, y en algún momento hasta podrán ver la foto del establecimiento de donde proviene. Pero todo eso podría perderse si “descubren” que tales certezas no lo son tanto.
Todos recordamos el impacto que en el año 2001 tuvo la fiebre aftosa en el Uruguay, cuando se nos cerraron los mercados y la carne uruguaya perdió valor drásticamente. Por todos los medios hay que evitar que con la trazabilidad pase lo mismo, porque buena parte de “lo bien que vamos” es gracias a los mercados y los precios que obtuvo la carne uruguaya por la confianza que los compradores depositan en esta herramienta.
La responsabilidad debe ser de todos. Desde el operador que lee las caravanas y el chip al ser colocadas en el animal, pasando por el veterinario que fiscaliza que previo al embarque esté todo en orden, el consignatario y el transportista que debe llevar en su camión el ganado que realmente corresponde a las guías; y la industria que, al leer lo que llega y constatar el error, debe adoptar medidas para que el ganado que llegue al consumidor en el exterior, posea los datos claros. Pero el Estado también debe velar porque todos cumplan con su parte, y el que no, debe ser sancionado con el peso de una ley.