Nacionales | 25 May La Confederación de Funcionarios del Estado (COFE) mantiene su exigencia en que el Poder Ejecutivo cumpla con el 100% de las compensaciones salariales previstas en el convenio firmado por el Ministerio de Industria (MIEM) y está dispuesto a discutir la “forma” en que estas partidas lleguen a los funcionarios. El sindicato espera una respuesta mañana lunes y no descarta recurrir a un conflicto si el Gobierno no cumple. En tanto, el Gobierno niega que exista una crisis, pero Presidencia asumió directamente las negociaciones, en medio de disputas entre varios sectores del oficialismo sobre quién trancó el convenio.
COFE rechazó el viernes una segunda propuesta del Poder Ejecutivo relativa a la solución del diferendo con respecto a las compensaciones salariales a un grupo de trabajadores del Ministerio de Industria. Delegados sindicales se reunieron con el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, que les propuso pagarles el 75% de lo que prevé el convenio salarial entre el MIEM y sus trabajadores a fines de febrero pasado.
Este acuerdo está destinado a retener a los funcionarios ante los mayores salarios que pueden cobrar en la órbita privada, en una cartera que debe entender en varios temas importantes y con alta definición técnica. La mayoría de las compensaciones implican $5.000 por mes más para los funcionarios, pero en algunos casos llegan a $20.000. Esto implica aproximadamente $1,5 millones.
El ministro Roberto Kreimerman firmó este acuerdo, y desde el lunes pasado está en su casa en uso virtual de licencia luego de haber puesto sobre la mesa su renuncia, al confirmarse desde el Poder Ejecutivo que no se autorizarían partidas para otorgar estos aumentos. Para volver a su cargo, el ministro exige que el Gobierno le permita cumplir con la palabra que asumió ante los funcionarios. La interrogante permanece sobre quién no habilitó los recursos para cumplir con el documento. Inicialmente el foco apuntó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero varios sectores y organismos estatales comenzaron a cruzar responsabilidades. Desde el Frente Líber Seregni, sector al que pertenece el ministro Mario Bergara, se dijo a Espectador al Día que los recursos fueron objetados en realidad desde Presidencia, en particular la OPP.
Por su parte, desde el Partido Socialista, sector al que pertenece Kreimerman, se señaló que la decisión correspondió al MEF, específicamente a la Contaduría General de la Nación.
En el Gobierno no se quiere hablar de “crisis”, pero el presidente José Mujica decidió en las últimas horas que las negociaciones para llegar a una solución, pasen exclusivamente por su entorno más cercano. El secretario general de los estatales, Pablo Cabrera, consideró que existió un avance en este sentido, pero aún insuficiente y ratificó la exigencia de que se cumpla con el 100% de lo pactado.

ADICTOS SERÁN PASANTES
EN EL ESTADO
La Junta Nacional de la Droga (JND) comenzó a instrumentar un plan para que los adictos problemáticos puedan trabajar en el Estado en calidad de pasantes y UTE es el primer organismo que recibirá a diez en recuperación, cinco de los cuales cumplirán funciones en Montevideo y los restantes en Maldonado.
Los pasantes pasarán por un proceso de selección ya determinado y serán derivados a entrevistas con el equipo articulador de Inserción Social en el Centro Ciudadela.
Este convenio se enmarca en un acuerdo mayor firmado en junio de 2013 con varias organizaciones estatales --Antel, OSE, Banco de Seguros, Administración Nacional de Puertos, Ancap y Correo-- para establecer compromisos mutuos. De todos estos, hasta ahora solamente UTE ha concretado las medidas que se enfocan en la inserción social.
Algunos organismos ya ofrecían pasantías a jóvenes que se encontraran dentro de la órbita de la JND. OSE, por ejemplo, ofrece desde 2012 pasantías a 16 adictos para que trabajen en sus cuadrillas. Antel, por su parte, otorga tres cupos a consumidores problemáticos para trabajar en fibra óptica que en primera instancia fueron adjudicados al INJU y éste los destinó a la JND.

CITAN A OLIVERA POR MUERTE DE TRABAJADOR
El juez penal Carlos García y la fiscal Raquel González dieron curso a la denuncia presentada por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) y citará a varias personas, entre ellas, la intendenta Ana Olivera, en relación a la muerte de un trabajador, José Bustabad, en la Usina 3 el 25 de abril, informó El País.
La presidenta de Adeom, Elena Lequio, sostuvo en diálogo con El Observador que las “condiciones laborales no eran las adecuadas” en la Usina 3 y que el gremio de los municipales venía reclamando mejoras desde hacía tiempo.
La dirigente indicó que en 2012, ante una denuncia presentada por Adeom, una inspección del Ministerio de Trabajo visitó la Usina 3 y realizó 16 observaciones acerca del lugar. Adeom, entre otros, demandaba contar con elementos de seguridad. Según Lequio, el gobierno departamental desoyó estas observaciones, y otra inspección ministerial que concurrió nuevamente a la Usina 3 luego del fallecimiento del trabajador lo constató. “Vamos a esperar las pericias y la resolución del juez”, remató la dirigente.
La intendenta Ana Olivera había dicho que “no ameritaba” la presentación de la denuncia penal porque “no se trató de un accidente” laboral sino que Bustabad murió de un “síncope cardíaco”.
El trabajador perdió el equilibrio cuando estaba trepado a la parte trasera de un camión al que le estaba arreglando una luz superior. Cayó desde una altura aproximada de tres metros y permaneció 16 minutos sin asistencia.