Locales | 28 May Para el precandidato presidencial del Partido Independiente, Pablo Mieres, el Frente Amplio sigue la línea de los partidos tradicionales en cuanto al mal manejo de las empresas públicas, abusando de su monopolio para sustentar ineficiencias y a la vez promover carreras políticas de sus jerarcas de turno.
Observó que “Ancap dedicó cuantiosos recursos a desarrollar una fuerte campaña publicitaria en 2013 destinada a no sabemos qué propósito, puesto que se trata de una empresa que opera en régimen de monopolio. En esa publicidad un hombre recorría paisajes de diferentes regiones y zonas del país diciendo un profundo discurso sobre los valores y lo que quería para el país. Ni una palabra sobre la gestión de Ancap, ningún anuncio sobre medidas ni referencias a la gestión, simplemente un discurso integrando un spot con una gran producción que culminaba con la frase: “Ancap, el país que queremos”.
Acotó que poco tiempo después Raúl Sendic, quien fuera presidente de Ancap durante el actual período de gobierno, “renunció a su cargo para lanzarse a una candidatura al Senado encabezando su propio sector político. Sus locales partidarios y su publicidad comenzaron a difundir su eslogan de campaña: ‘El país que queremos’”.
Mieres consideró que “justamente, ese es el país que no queremos. El país de los que hacen uso abusivo de un cargo público para promover su propia candidatura política. El país en los que algunos políticos juegan a ser empresarios con la plata ajena. El país de los que usan recursos públicos para promover una imagen que luego pretenden transferir a una candidatura electoral”.
Subrayó que “es el mismo país en el que en épocas de blancos y colorados también se utilizaba a las empresas públicas como plataforma de lanzamiento de candidaturas políticas”, y acotó que “las empresas públicas se siguen visualizando como un gran botín político desde el que se aprovechan los enormes recursos que poseen para utilizarlas con fines partidarios y electorales”.
Precisó que mientras tanto los resultados del balance indican que Ancap “nunca había perdido tanta plata como en el ejercicio 2013. La gran gestión del ex presidente de Ancap terminó con una pérdida de 150 millones de dólares. Sin contar lo que puede haber ocurrido con la gran cantidad de empresas colaterales (hijas, nietas y bisnietas) de Ancap que bajo la modalidad de sociedades anónimas evaden el control del Tribunal de Cuentas usando, sin embargo, recursos públicos que son de todos los uruguayos”.
Consideró que en Antel se da un caso similar, pues la empresa “monta un show mediático a tambor batiente para mostrar la implosión de una de las obras de ingeniería más asombrosas de nuestro país. El Cilindro Municipal cayó convertido en escombros, mientras la presidenta de Antel, que no tiene ninguna competencia sobre ese monumento, festejaba como si hubiera sido un gran logro”. Señaló que es “un abuso y una falta de sensibilidad” que el organismo habrá de construir un estadio deportivo nuevo, “con fondos de Antel destinados a la capital con plata de los usuarios de todo el país, violando toda la normativa constitucional y haciendo caso omiso a las observaciones del Tribunal de Cuentas”.
El líder del Partido Independiente entiende que es imprescindible llevar adelante una “profunda reforma de las empresas públicas que las ponga al servicio del país y que permita evitar los escandalosos abusos en los que muchos de los jerarcas incurren al creerse sus dueños”, en el marco de tendencias que se acentúan en períodos de bonanza como el actual, porque los ingresos obtenidos por éstas se multiplican “y excitan la ambición y la soberbia”.
A su juicio se debe prohibir la publicidad de las empresas públicas monopólicas, y debería extenderse a todo el período de cinco años las prohibiciones e inhibiciones de los directores para ser candidatos a efectos de que sepan que no podrán ser candidatos al finalizar su gestión al frente de esas empresas.
Asimismo, “hay que prohibir la multiplicación de sociedades anónimas de segunda y tercera generación subordinadas a las empresas públicas, permitiendo solo las de primera generación pero sometiéndolas al control del Tribunal de Cuentas y extendiendo las inhibiciones y prohibiciones de sus directores a las que existen para los directores de aquellas”.