En el lanzamiento de “uruguay sin barreras”

Nacionales | 30 May En el lanzamiento del proyecto “Uruguay sin Barreras”, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, y el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, junto con la ministra coordinadora de Desarrollo Social de ese país, Cecilia Vaca, y otras autoridades firmaron el Convenio Interinstitucional que pretende atender a personas que padecen discapacidad. Este acuerdo involucra al Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y a la Secretaría Técnica de Discapacidades de la Vicepresidencia de Ecuador, informó el portal de Presidencia.
Olesker enfatizó que la política de atención a personas con discapacidad es una prioridad del Gobierno uruguayo desde 2005, cuando asumió el Frente Amplio.
“Para llevar adelante esa estrategia se apuntalaron cinco aspectos centrales del país”, apuntó. Primero fue necesario acompañar el crecimiento económico con una redistribución de la riqueza con igualdad, según las necesidades personales, en una decisión política clara y objetiva. Destacó que se dispuso que esa política pública tuviera un presupuesto acorde y una metodología de trabajo, que la preocupación estatal fuera solidaria y ética, que se fortaleciera el rol del Pronadis como se hizo en 2011 y que se elaboraran programas sociales concretos. Agregó que en el país se generó un contexto adecuado.
“En Uruguay convergieron todas las condiciones, acompañadas por una decisión política de que las estrategias sociales fueran el centro de la asignación presupuestal y de nuestro trabajo”, aseveró Olesker y precisó que la pobreza en nuestro país pasó de afectar a 1,3 millones de personas en 2004 a 400.000 en la actualidad, el desempleo se ubica hoy al nivel histórico de 7% de la población económicamente activa y el salario mínimo llegó a 9.000 pesos y desde el 1º de enero será de 10.000 pesos.
Por su parte, la directora del Pronadis, María José Bagnato, indicó que los estudios con datos hasta 2011 mostraban que en Uruguay había unas 365.000 personas con algún tipo de discapacidad, 128.000 con variedad moderada, 23.000 con problemas severos y 3.000 que se encontraban en situación de dependencia total cotidiana. En tanto, el vicepresidente Glas reflexionó sobre la importancia de que las personas con discapacidad dispongan de una política pública y de que el Estado asuma la responsabilidad de resolver sus problemas “para devolverle la dignidad personal”.
También explicó el modo en que su país implementó programas sociales y cómo se capacitan las personas que integran las misiones al exterior, de manera que sean exitosas.
El programa “Uruguay sin Barreras” se implementa en el marco del acuerdo firmado, cuyo objeto es establecer a través de relaciones binacionales programas y proyectos conjuntos en el ámbito de discapacidades que estimulen la cooperación y la asistencia técnica entre países mediante el intercambio de experiencias, asesoría, capacitación y donación de insumos. Los equipos técnicos procederán a valorar en domicilio a las personas identificadas a través de la aplicación de un formulario en el que se incluyen los instrumentos de medición de la discapacidad y la dependencia. Además se relevará información relacionada con aspectos sociales y sanitarios para determinar las causas de la discapacidad, así como la situación socio-familiar.

GUÍAS PARA PREVENIR SINIESTROS
El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, y el director del área técnica del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Pablo Brugnoni, presentaron en la Torre Ejecutiva la “Guía Familiar para la Reducción de Riesgos”, que contiene nociones y procedimientos que ayudarán a tomar las decisiones más adecuadas ante situaciones de riesgo masivo de cualquier origen. El material elaborado por el Sinae con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se distribuirá en todo el país a través de los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales, informó el portal de Presidencia. Cánepa destacó que desde su creación en 2009, el sistema que funciona bajo la órbita de Presidencia de la República desarrolla iniciativas para promover una cultura de reducción de riesgos en Uruguay. “Para ello se han capacitado diferentes actores, como comunicadores, funcionarios públicos y referentes institucionales, incorporando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a través del entorno virtual de aprendizaje del Sinae”, señaló. También se elaboraron mapas de riesgo en distintos lugares del país y se realizaron campañas de prevención frente a amenazas prioritarias, como los incendios forestales en temporada estival.
El jerarca subrayó que los avances en el trabajo del Sinae han permitido una mejora “enorme” en la capacidad de respuesta del Estado frente a desastres climáticos y emergencias. En ese contexto, señaló que se elaboraron planes de gestión de riesgo por departamento, en los que los gobiernos departamentales junto a las fuerzas vivas y el Gobierno nacional identificaron posibles riesgos y soluciones a emergencias a nivel local. “Todo esto está estudiado, previsto, trabajado y se generan protocolos de actuación que se aplican en distintos tipos de respuestas de acuerdo a las necesidades”, indicó Cánepa, quien adelantó que además del medio millón de guías que serán distribuidas a través de los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales, en dos meses se distribuirá otro medio millón de publicaciones, o quizás un poco más con la factura de los entes públicos.
La Guía Familiar para la Reducción de Riesgos llegará a todos los hogares del país con el objetivo de difundir consejos sobre cómo actuar en una emergencia, precauciones a tener en cuenta en situaciones específicas de riesgo, como lluvias, vientos fuertes, inundaciones, incendios, olas de frío, olas de calor, interrupción del servicio eléctrico o concentración masiva de personas.

INSTALARÁN UNA FÁBRICA DE SUERO
Tras los inconvenientes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que pusieron en riesgo la inversión, la fábrica de suero que inversores argentinos y uruguayos pretenden instalar en el parque industrial de M’Bopicuá, en Río Negro, depende exclusivamente de la aprobación de la Dinama. Este emprendimiento es una iniciativa en conjunto de la empresa argentina La Sibila, y las firmas uruguayas Claldy e Indulacsa, y tiene como objetivo que la producción sea destinada 100% a la exportación, principalmente al mercado chino para alimento de bebé, informó El Espectador. El proyecto requería la aprobación en la CARU porque en un primer momento estaba previsto que sus efluentes se dirigieran al río Uruguay. Sin embargo, luego de varias trabas del lado argentino se reconsideró el proyecto y finalmente se verterán en el arroyo M´Bopicuá si la Dinama otorga la autorización que ya no requeriría de consentimiento del país vecino.
Por su parte, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, explicó las complicaciones que se plantearon con Argentina en este proyecto de inversión y cuál fue el camino alternativo que finalmente parece haberse encontrado. Relató lo que implicaron para él estas complicaciones, porque estuvo en juego la inversión y lo comparó con lo que pasó con UPM. Estos cambios en el vertido de los efluentes le implicará una inversión mayor a la empresa de la que tenía previsto inicialmente, indicó el jefe comunal.

CONTINÚA LA INVESTIGACIÓN
POR EL AVIÓN
La jueza Alexandra Facal ordenó la búsqueda de un testigo del accidente aéreo de Carmelo, que presenció la caída del avión en el que fallecieron cinco personas y otras cuatro resultaron heridas.
Desde el Poder Judicial informaron a Montevideo Portal que la magistrada tomó declaración a otro testigo e interrogó nuevamente a un primo del piloto, residente en Carmelo. Además espera por la declaración de la madre del conductor del avión para que aporte más datos sobre las posibles razones del siniestro. La comparecencia de la mujer ya estaba prevista pero el trámite del traslado del cuerpo del fallecido impidió que la madre prestara su testimonio, aunque se estima que declare la próxima semana. El cuerpo del piloto había sido entregado en la noche del miércoles a sus familiares, luego de que se le practicaran las pericias ordenadas por la jueza, quien sin embargo ordenó detener el traslado del cuerpo cuando éste ya se encontraba en Colonia, listo para partir hacia Argentina por una advertencia del Instituto Técnico Forense (ITS) de Montevideo, que notificó que, si bien las muestras obtenidas del cuerpo estaban en buenas condiciones, su cantidad “no era suficiente” para poder repetir el estudio en caso de que fuera necesario. Esta alerta provocó que la jueza ordenara la retención del cuerpo por unas horas más, para que un médico extrajera más muestras. Además, se buscó el compromiso de los familiares de no cremar el cuerpo hasta tanto no se establezcan las causas del accidente. En tanto, la demora en la entrega del cuerpo del piloto fallecido provocó malestar en la familia, que criticó la actuación de la jueza.