Opinion | 08 Jun El Ministro de Economía, Mario Bergara, reconoció la existencia de unas 15.000 maquinitas tragamonedas que operan ilegalmente en Uruguay, un número ilimitado en cada local donde “quizás” juegan menores y la inexistencia de una regulación del techo de ganancia por cada máquina. “O sea que hay abuso por todos lados y se fomenta el vicio social, sin regulación”, además de consignar que los jueces no cuentan con mecanismos para tomar decisiones, por lo tanto devuelven las máquinas y la situación continúa incambiada.
Según dijo al portal de Presidencia, “estamos en el peor de los mundos” y agregó que se deberá avanzar hacia “algún tipo de regulación”.
La investigación realizada por los periodistas Pablo Alfano y Fabián Werner para CAinfo, denominada “Los dueños del juego, el lucrativo negocio de las apuestas en Uruguay” calcula que estas máquinas reportan una ganancia anual de unos U$S 250 millones para un número no determinado de operadores.
En un país con mayorías parlamentarias donde los legisladores, además de integrantes del Poder Ejecutivo, reconocen que esta problemática es “una piedra en el zapato” resultan inexplicables las razones por las cuales se está tornando difícil una normativa adecuada. ¿O tal vez no sean tan inexplicables?
En la interna del partido de gobierno se mantienen diferentes posturas, por tanto no contaría con los votos necesarios para aprobar una iniciativa que desde un primer momento fue marcada como “no prioritaria” porque se debía aprobar la Ley de Inclusión Financiera. Ahora que ésta salió del Poder Legislativo, se deberá considerar que 2014 es año electoral y que una “regulación” incomodaría al candidato Tabaré Vázquez, que quiere su prohibición total. De hecho, durante su presidencia se redactó un proyecto de ley con estas características, que no prosperó.
Por eso resulta paradójico que en un período parlamentario con amplias regulaciones, esa mayoría no logre acuerdos para frenar un negocio que crece exponencialmente y ante el cual han reconocido su incapacidad de control desde el propio Poder Ejecutivo. Parece ser que es más fácil sacar los saleros de las mesas de los bares que las máquinas tragamonedas.
Claro que de nada serviría una regulación sin seguimiento de los tragamonedas ilegales y aunque la situación se defina como “compleja” en algún momento se deberá comenzar a discutir.