Opinion | 04 Jun El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “celebró” en las últimas horas el acuerdo que alcanzó con el Club de París el ministro de Economía del vecino país. Axel Kicillof, a efectos de instrumentar pagos de la deuda por default y que había dejado a la Argentina prácticamente como un paria internacional por falta de financiación.
Sin embargo se trata de una victoria --como han manifestado miembros del gobierno-- que debe tomarse con pinzas por los condicionamientos que entraña, los mismos que el kirchnerismo siempre rechazó porque se negaba a “sacrificar” al pueblo argentino para pagar la deuda, y prefirió pagar las consecuencias durante años.
Es que hasta hace pocos días, incluso la última misión encabezada por el propio Kicillof no había dado resultados, cuando desde Buenos Aires se decía que estaba todo bien encaminado, y encima sigue sin disiparse la amenaza de que la Corte Suprema de Estados Unidos dé la razón a los “fondos buitre”, lo que desde el punto de vista legal determinaría que la Argentina volvería a caer en default.
El acuerdo alcanzado por Argentina con el Club de París involucra una suma de 9.700 millones de dólares, y su gobierno considera como una victoria diplomática que el Fondo Monetario Internacional (FMI) permanezca ajeno a la negociación, aunque el acuerdo saldrá más caro. Pero igualmente el gobierno ha festejado el hecho de que el amigarse con los mercados le permitiría volver a tomar crédito, en una abierta contradicción con los postulados reivindicados por el kirchnerismo.
Desde el gobierno de Cristina Fernández se dice que lejos de lo que entiende había ocurrido hasta ahora, el crédito que se toma será “bueno”, porque será para infraestructura, desarrollo y tecnología, y no como los que se había generado hasta el arribo del kirchnerismo, porque aquellos eran “malos”.
Sin embargo, los cuestionamientos se suman, y por ejemplo el extitular del Banco Central, Javier González Praga, subrayó que “han caído en la estupidez del desendeudamiento, al punto que la deuda pública actual bajó a unos 10 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), cuando lo que se considera lógico a nivel internacional es del 30 por ciento. Si hubieran hecho eso, hoy tendrían 100.000 millones de dólares de reservas. Ahora tratan de corregir el error, y es por eso que buscan acuerdos internacionales”.
Pero sobre todo, como suele ocurrir en gobiernos voluntaristas que gastan más de lo que tienen en políticas asistencialistas sin retorno, lo que ha hecho el gobierno de Buenos Aires es comprar tiempo, aunque el precio a pagar ha sido mucho mayor que el que debió afrontar haciendo las cosas que debió hacer en tiempo y forma, solo para mantener la imagen de que no acordaba con los “usureros” del capitalismo internacional.
El gigantesco default que proviene como arrastre desde 2002, cuando el monto impago ascendía a 1.900 millones de dólares, y cuyo pago ha sido ahora acordado con el Club de París por Kicillof, en realidad constituye un pase por elevación al próximo gobierno, a un costo que pudo ser menor y con mayor plazo. Es así que la deuda se quintuplicó en dólares en una década y poco, algo que sin embargo Cristina Fernández consideró un excelente negocio.
Asimismo, los términos acordados por Kicillof incluyen unos dos mil millones de dólares en intereses punitorios que se pudieron haber evitado cerrando antes la negociación, y encima traspasará a quien le suceda en la Casa Rosada los 5.000 millones de dólares que deberán abonarse a la empresa española Repsol por concepto de indemnización por la nacionalización de su parte de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner debió aceptar después de haberse golpeado el pecho en más de una oportunidad proclamando que no había nada que pagar a la empresa española.
Estos compromisos se agregan además, como señalábamos, a la amenaza de una resolución contraria a sus intereses por los reclamos judiciales en Estados Unidos de los llamados “fondos buitre”, de los acreedores que se rehusaron a aceptar el canje de la deuda en default con una quita nada menos que del 75 por ciento.
Se espera que el 12 de este mes, precisamente, la Corte Suprema de Estados Unidos decida sobre la apelación de Argentina, pero si el órgano judicial estadounidense no hace lugar al reclamo, Buenos Aires puede quedar al borde de otra cesación de pagos y expuesta al embargo de sus activos en el exterior. El punto es que más temprano que tarde, no hay quien escape al pago de las deudas con la comunidad financiera internacional, como han pretendido hacer los gobiernos kirchneristas, que en lugar de honrar los compromisos internacionales optaron por utilizar ese dinero en maquillar su economía para ver qué pasaba, por no pagar costos políticos ante sus votantes, lo que en buen romance significa que solo se ha estado haciendo trampas al solitario y traspasar para más adelante, incluso a un gobierno que eventualmente podría ser de su propio signo, el cargar con responsabilidades que hace rato se debía haber asumido.