AFIRMA ASESOR JURÍDICO

Locales | 07 Jun Los directores de las intendencias departamentales de todo el país no están comprendidos dentro de la ley 19.196, de Responsabilidad Penal Empresarial, de acuerdo al asesor jurídico del Congreso de Intendentes, Ricardo Gorosito, quien durante la 59ª sesión plenaria -realizada el jueves- hizo un análisis ante los intendentes o sus representantes de todo el país.
Por otra parte, Gorosito también analizó la ley 19.061, que fuera reglamentada en abril pasado, ante la duda de las intendencia de si debían fiscalizar el tránsito tomándola como base. Para Gorosito es responsabilidad de las intendencias, dentro de su territorio, hacer valer la ley.
En el caso de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, Gorosito expresó que “está claro que de la sola lectura del artículo 1, excluye a los poderes de gobierno y las intendencias departamentales”, que por tanto no podrían ser declarados culpables ante el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
El artículo 1 determina que “el empleador, o en su caso, quien ejerciendo efectivamente en su nombre el poder de dirección en la empresa”. Ante ésto, Gorosito dijo que “claramente se refiere al ámbito de una empresa y por más amplio que se le pueda dar al término ‘empresa’, queda fuera del orden del Estado, tanto a nivel nacional como departamental”.
“Puede ser entendido al Estado como empleador, pero jamás como una empresa. Así lo establece la lectura de la ley y asimismo algunas opiniones jurídicas que revisé, donde hay opiniones coincidentes en ese sentido. Creo que el ámbito público, lo máximo que puede ser considerado incluido dentro del alcance de la ley, son las empresas público-privadas. Pero las intendencias departamentales como tales no son empresas y en consecuencia están fuera de lo que establece la ley 19.196”.
“Este primer informe les permite estar tranquilos a los intendentes, porque está claro que dentro del ámbito de labor, difícilmente pudiera generarse algún caso en el marco de esa ley, y mucho menos que involucre a jerarcas públicos o municipales”, subrayó Gorosito.
No obstante, la Asociación de Empleados Municipales (Adeom) de Montevideo, presentó denuncia penal contra la intendenta capitalina Ana Olivera por la muerte de un trabajador municipal en un accidente de trabajo, en la Usina 3 de limpieza.
Sin embargo, tanto el Sunca como el Pit-Cnt coinciden con la óptica de Gorosito, que el caso no se puede incluir dentro de la nueva ley de responsabilidad penal empresarial.

INTENDENCIAS DEBEN FISCALIZAR SEGÚN
LEY DE TRÁNSITO
El otro tema por el cual Gorosito fue convocado por el Congreso de Intendentes para dar su asesoría jurídica estuvo relacionado con la ley 19.061, Tránsito y seguridad vial en el territorio nacional.
Para Gorosito no hay dudas que “las intendencias están mandatadas por esta ley para dentro de sus territorios hacerla cumplir, porque forma parte de un plan nacional de seguridad vial, porque está referido a los derechos fundamentales de las personas, que deben ser resguardadas por la autoridad competente que dentro de límites departamentales corresponde a las intendencias siempre”.
Además, dijo que “ésta es una ley complementaria de la ley 18.191 (Tránsito y seguridad vial en el territorio nacional), que creó un cuadro general, por lo que al ser complementaria mantiene la obligatoriedad para los gobiernos departamentales, que está primero sujeta a la Constitución de la República y luego a las leyes, tal como la 19.061”.
“La reglamentación está dentro de lo que la ley prevé y hay que subrayar que la presente ley constituye una base normativa mínima, porque los departamentos pueden ir más allá, poniendo normas más restrictivas. Lo que la ley establece es el mínimo”, dijo además, exponiendo un aspecto de la ley que era desconocido hasta para los propios intendentes.
La ley 19.061 tiene que ser “controlada por los gobiernos departamentales en el área de sus competencias. No tengo ninguna duda que toda ley de la Nación tiene que ser cumplida por los gobiernos departamentales”, concluyó Gorosito.