Opinion | 07 Jun Con una actividad económica nacional que de acuerdo a las estadísticas es impulsada en gran parte por las pequeñas y medianas empresas, no deja de ser significativo que por primera vez la Dirección General Impositiva (DGI), según indica El Observador, lanzó un operativo que pone el foco en fiscalizar a 3.000 micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país.
El director del organismo, Pablo Ferreri, adelantó que dentro del operativo se considerará a aquellas empresas que presentan “riesgos fiscales más elevados” dado que sus aportes impositivos no estarían dentro de los “parámetros normales”.
El matutino sostiene que la DGI está enviando misivas a esas micro, pequeñas y medianas empresas que fueron escogidas para alertarlas de que se las estará monitoreando y se les dará plazo hasta fin de año para evaluar su comportamiento fiscal. Asimismo, indica que si no se aprecia un cambio en su conducta, se ordenará una inspección que puede determinar el pago de reliquidaciones y multas que --en promedio-- pueden rondar el 33% del monto evadido.
Ferreri explicó a su vez que si del monitoreo a cada empresa surge que “mejoraron sus índices” de aportes, seguramente no sea objeto de una inspección y en consecuencia, de una factible reliquidación de impuestos y pago de multas. En un país en que gran parte de la actividad socioeconómica del Uruguay es generada a través del trabajo de las PYME, todo lo que tenga que ver con su problemática afecta el esquema socioeconómico, aunque naturalmente en este sector hay subsectores que determinan que los emprendimientos comprendan diversidad de situaciones, a partir de empresas unipersonales y otras que en cambio cuentan con decenas de empleados.
Por lo tanto, dentro de un sector que es columna vertebral de la economía nacional --hay muy pocas empresas realmente grandes en nuestro país-- hay micro y pequeños emprendimientos que si bien en su conjunto son un aporte sustancial como creadores de riqueza y fuentes de empleo --genera el 67 por ciento del empleo nacional--, se caracterizan por el común denominador de la precariedad del emprendimiento, el ser en buena parte prácticamente un acometimiento que bordea la ilegalidad o está parcialmente en negro, y muchas veces con una viabilidad muy condicionada ante los vaivenes del mercado.
Es decir, que hay sin dudas un fuerte informalismo en el sector de las PYME, que obedece a una serie de factores, entre los cuales naturalmente abaratar el costo del esquema productivo o de servicios, con la contrapartida de quedar al margen de la legalidad y por ende muchas veces del sistema de seguridad social por trabajadores e incluso del emprendedor unipersonal.
A la vez desde el Estado siguen ensayándose ocasionales instrumentos de apoyo, como el hecho de que hace unos meses la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme), del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), y la Universidad de la República (UdelaR) firmaran un convenio de cooperación para el impulso de proyectos que promuevan el desarrollo de las PYME.
El objetivo de este convenio es precisamente tratar de incorporar profesionales y técnicos para la promoción del desarrollo y el fortalecimiento del tejido empresarial que responde a estas características, en el marco de otras acciones y normas que han sido aprobadas en los últimos años en procura de apuntalar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas.
Pero debe tenerse presente que el mundo de las microempresas es muy complejo y que en su gran mayoría no se trata de emprendimientos que responden al espíritu emprendedor de quienes están al frente, sino que es producto de la necesidad en un país donde la oferta de empleo es muy escasa, pese a haber mejorado los niveles de desempleo, y que el que hay disponible es de mala calidad y mal remunerado, en la enorme mayoría de los casos.
Es que en gran medida aproximadamente el 75 por ciento de los emprendedores desarrolla sus microempresas como una forma de “subsistencia”, optando por un emprendimiento propio generalmente a partir del desempleo, y tienen ingresos iguales o inferiores a los de un asalariado, en tanto el 25 por ciento emplea al menos a cinco personas.
El punto es que más allá de la capacidad o el espíritu emprendedor, la mayoría de las unipersonales nacen de la necesidad, muchas veces como un recurso extremo y con más voluntad que capacidad, y las más de las veces sin capital, por lo que es difícil que en un lapso más o menos razonable, por los magros ingresos, puedan integrarse al circuito formal pagando el monotributo, por ejemplo para tener cobertura social.
En este esquema se enmarca el anuncio de que la DGI habrá de extremar medidas de control en cuanto a la tributación de micro, pequeñas y medianas empresas, lo que está bien, porque la evasión es una forma de competencia desleal y a la vez significa cargar sobre los que están en la legalidad un costo adicional para sostener el funcionamiento del Estado y las políticas en marcha.
Es decir, se otorga un plazo para corregir los eventuales desfasajes entre la cartera real y lo que se refleja en la tributación, de forma de evitar sanciones y actos punitivos, aunque ello signifique abatir rentabilidad y eventualmente poner en peligro fuentes laborales, llegado el caso, pero sin duda no sirve a nadie, en el mediano y largo plazo, seguir sosteniendo el funcionamiento irregular de empresas que deberían sincerarse de una vez por todas.
Pero a la vez es preciso seguir apoyando al sector por intermedio de varios instrumentos, algunos de los cuales ya están vigentes, detectar situaciones y eventualmente corregir y mejorar las herramientas, de forma de contribuir a la inclusión y a su desarrollo, en tanto paralelamente el Estado debe reducir y mejorar la calidad del gasto, para pesar lo menos posible sobre quienes crean la riqueza en base a su esfuerzo.