Opinion | 10 Jun Vencido hace unos diez días el denominado acuerdo de precios entre empresarios y el gobierno, que había sido acordado a mediados de marzo, las mismas partes llegaron hace pocos días a un nuevo acuerdo para extender esta “congelación” hasta fin de mes, en el marco de un nuevo intento del Poder Ejecutivo de controlar la inflación o por lo menos hacer que el Índice de Precios al Consumo (IPC) no se dispare por encima de las previsiones del equipo económico.
En este caso el plan antiinflación al que se encuentra abocado el gobierno incluye extender el acuerdo de precios con el sector privado pero a la vez contempla alternativas para atenuar las subas en el corto plazo, porque a esta altura del año, ya con el mes de julio a la vista, se considera difícil que los industriales, mayoristas y supermercados sostengan los precios ante una nueva suba de salarios.
Para cristalizar este acuerdo, el ministro de Economía y Finanzas, Mario Bergara, recibió en la sede de su ministerio a los presidentes de la Cámara de Industrias, Asociación de Supermercados, Asociación de Importadores y Mayoristas de Almacén, y del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), así como a otras jerarquías del ministerio.
Como saldo de este encuentro, los empresarios se comprometieron hasta el 30 de junio, a sostener en la medida de lo posible los precios de entre 1.000 y 1.500 productos, en tanto a principios de julio se hará una nueva reunión para evaluar los resultados.
En el primer pacto, cuyo plazo expiró a mediados de mes, según la óptica del gobierno --refrendada naturalmente por los índices de IPC medidos en el período-- se obtuvieron buenos resultados, y voceros del equipo económico sostuvieron que en los dos meses de vigencia se logró incidir en forma fundamental para que la inflación anualizada no alcanzara el 10 por ciento, es decir que pasara a los dos dígitos.
Así, el dato del IPC de mayo, conocido la semana anterior, indicó que el guarismo llegó al 9,18 por ciento en la variación interanual, pero ya previamente al nuevo acuerdo, el ministro Bergara había indicado que no iba a ser idéntico al anterior, y que cabía la posibilidad de que algunos productos aumentaran sus precios, lo que derivó en que se acordara mantener una “política de precios responsable”, a la vez que se analizara en cada momento si un artículo debería aumentar o no.
Pero todo indica que el nuevo acuerdo se levantará sobre una gran mayoría de precios ya aumentados en los últimos días e incluso antes, porque como bien saben los ciudadanos --y los sanduceros lo vemos todos los días, sin ir más lejos-- los precios estuvieron lejos de quedar congelados en las góndolas de supermercados, más allá de los anuncios de buenas intenciones, porque además cuando la inflación desborda las previsiones, “congelarse” significa quedar atrás en la evolución de costos, perder rentabilidad y no quedar en condiciones de reinvertir en mercadería, cuando no directamente perder dinero y entrar en números en rojo.
Debe tenerse presente además que si bien las negociaciones del Ministerio de Economía se han dirigido a un acuerdo con los “formadores” de precios y el comercio minorista, el Estado es también uno de los principales “formadores” de precios por los costos que aplica a los sectores reales de la economía, y por lo tanto mal se puede pedir sacrificio y aporte a los empresarios si a la vez desde los organismos del Estado no se está dispuesto a aflojar la cuerda en cuanto a la voracidad fiscal y contribuir a la causa.
Porque la inflación en sí es mucho más que responsabilizar en forma aislada al comerciante remarcando precios, sino que se trata de un conjunto de acciones, muchas de ellas incluso intangibles, que conllevan un alto grado de expectativas, que coinciden en impulsar al alza las variables de la economía. La congelación por acuerdo de precios --no ya una decisión gubernamental de carácter administrativo-- es un principio de contención, sobre todo en cuanto al reflejo estadístico de la inflación, pero es letra muerta en poco tiempo si al mismo tiempo los operadores no reciben señales de que el gobierno a su vez está actuando sobre las causas que estimulan la suba generalizada de precios.
Uno de ellos es el gasto del Estado, que lleva a éste a pretender recaudar más para financiar su funcionamiento, lo que no es poca cosa si tenemos en cuenta que se sigue gastando mal, con baja calidad y a la vez han seguido ingresando funcionarios a las plantillas de los organismos estatales, mientras a la vez se han aprobado reajustes salariales en el sector privado y en el ámbito estatal, que no está acompañado paralelamente de una mayor productividad.
Ello indica que los bienes y servicios se producen cada vez a mayor costo y que más tarde o más temprano --depende de cuánto se pueda perder-- deberán ajustarse nuevamente los precios para mantener la ecuación. Surge claramente por lo tanto que la cadena no se va a cortar solo con acuerdos transitorios de precios, sino que están pendientes las medidas contra la inflación estructural, porque nadie puede congelar precios si a la vez se siguen otorgando aumentos salariales.
Y mientras se deje intacto el gran gasto del Estado, su ineficiencia, la negativa a mejorar la productividad en la negociación salarial, el esquema tributario, seguiremos con los parches y solo con los “acuerdos” apostando a que la suerte acompañe y que por lo menos en el corto plazo las cosas no pasen de castaño oscuro.