Opinion | 13 Jun Al comparecer hace pocos días ante el Parlasur (Parlamento del Mercosur) el presidente José Mujica abogó por la construcción del puerto de aguas profundas que proyecta nuestro país en Rocha, y reclamó apoyo de países vecinos para una obra concebida por el gobierno como de carácter “regional” y no solo instrumento logístico para Uruguay, habida cuenta de la ubicación geográfica de la terminal de grandes barcos para una gran parte del subcontinente sudamericano.
A juicio de Mujica, un puerto en ese lugar sería funcional a las necesidades de la región ante un escenario internacional que a su entender no podrá ser enfrentado en forma aislada por las naciones del área, sobre todo teniendo en cuenta que la organización mundial apunta a la formación y negociación entre grandes bloques, mucho más que entre países. Consideró que deben dejarse de lado las visiones nacionales y cortoplacistas para elevar las miras al futuro y tener una “inteligencia continental” para abordar los problemas.
Debe tenerse presente que el presidente José Mujica envió ya hace dos años al Parlamento el proyecto para la habilitación de un puerto de aguas profundas en Rocha, con cuyo objetivo se expropiarán 458 terrenos sobre el océano Atlántico, pero además la idea es complementar la iniciativa con una terminal para el transporte de minerales.
Las obras para el puerto de aguas profundas demandarían una inversión de entre 800 y mil millones de dólares, pero en realidad el gobierno ha definido que se hará un solo puerto de aguas profundas dado los impactos económicos y en el medio ambiente, y es así que si bien se tenía previsto inicialmente promover una terminal especialmente para la explotación minera Aratirí, se estima que este emprendimiento deberá utilizar los servicios de esta terminal portuaria.
La idea del Poder Ejecutivo es incorporar un puerto multipropósito, en una primera etapa referida al transporte de mercadería a granel, pero con la posibilidad de desarrollarse con sólidos y líquidos, combustibles y contenedores.
Sin dudas que más allá del momento y la coyuntura, el puerto de aguas profundas es un viejo reclamo descentralizador y de desarrollo, desde que hasta ahora todas las medidas se habían adoptado en función de promover el puerto de Montevideo, pese a sus limitaciones de calado, al requerir grandes inversiones en dragado e infraestructura y ser el embudo para la salida de la producción.
Un puerto de aguas profundas en la costa atlántica ha sido un sueño desde hace muchas décadas para nuestro país, a efectos de estar en condiciones de competir con los grandes puertos de la región y vender servicios en condiciones ventajosas, pero hasta ahora el tema no había sido prioritario precisamente por atender los intereses de Montevideo.
Igualmente este emprendimiento no involucra solo un instrumento regional, sobre todo en lo que refiere a la coordinación logística para atender situaciones de mediterraneidad de países como Bolivia y Paraguay, sino que también hay implicancias, sobre todo desde el punto de vista medioambiental y del turismo. Un emprendimiento de estas características requiere tener especial cuidado y analizar en profundidad serie de elementos que hasta hace varias décadas no figuraban en la agenda, teniendo en cuenta que el turismo de la zona esteña representa uno de los sectores de mayor ingreso de divisas para el país, y no es cosa fácil incorporar la infraestructura de un gran puerto a una zona eminentemente turística. Por otra parte, La Paloma es para Rocha lo que Punta del Este es para Maldonado, con la diferencia que a ningún político montevideano se le ocurriría plantear un puerto de aguas profundas en el balneario de la élite nacional y porteña por excelencia; pero sí están dispuestos a sacrificar la sagundona rochense, con riesgo de condenar el turismo atlántico de la misma forma que el tristemente conocido “Canal Andreoni” destruyó los sueños de progreso de La Coronilla en ese mismo departamento, en pleno gobierno militar.
Para elaborar el proyecto portuario, el Poder Ejecutivo creó en noviembre de 2011 con el propósito de analizar su viabilidad y diversas opciones para su instalación, en tanto el gobierno aprobó las recomendaciones que la comisión incluyó en el informe remitido al presidente de la República, en base al análisis de aspectos técnicos, ambientales, económicos y legales.
Estamos ante una iniciativa largamente esperada por cierto --aunque siempre se manejó la idea de concretarlo en La Coronilla, que ya no es un destino turístico importante, y no en La Paloma--, que por supuesto, de acuerdo a los tiempos tradicionales del Estado, no va a ser ni siquiera empezada durante la administración del presidente José Mujica, pero por lo menos es un pie de apoyo para buscar los operadores y los financiamientos internacionales imprescindibles para llevarla a cabo.
Ocurre que Mujica ha creído del caso lograr apoyo en Brasil, además de Bolivia y Paraguay, ante la magnitud de la inversión que se va a requerir en Rocha, que posiblemente sea mucho más que los mil millones de dólares iniciales, porque más allá de los enunciados sobre integración que se repiten sistemáticamente en los foros internacionales de la región, alinear a Brasil y eventualmente Argentina --mucho más difícil-- detrás de un emprendimiento en aguas uruguayas, que ya es tomado como directa competencia de puertos brasileños y del intento argentino de repotenciar sus puertos, aparece como un intento a contramano de la realidad que vemos a diario.
Otra cosa es la situación de Paraguay y Bolivia, que requieren de un servicio de estas características debido a su ubicación geográfica, que estarían dispuestos a intervenir en el proyecto, solo que con la limitante --que no es poca cosa-- de que sus producciones deben bajar por el río Paraná, con una Argentina. Quizás la idea de participar a Brasil en el proyecto apunte a saltear este escollo, porque es bien sabido que si Argentina toca los intereses del gigante norteño, siempre terminan perdiendo ante el “apriete” de Itamaraty.